La Estrategia Nacional de Partería: reconocimiento y agudización de las desigualdades

Por Yaredh Marín Vázquez*

La crisis de la atención sexual y reproductiva en México ha sido denunciada durante décadas por mujeres, colectivas feministas, organizaciones civiles y personal de salud. Las experiencias de maltrato, negligencia y violencia obstétrica no son hechos aislados, sino parte de problemas estructurales dentro de los servicios de salud de todo el mundo.

México es uno de los pocos países que ha intentado medir esta violencia a escala nacional. Así sabemos que tres de cada diez mujeres reportaron haber vivido maltrato físico, verbal o psicológico durante la atención obstétrica, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2021).

Diversos estudios han mostrado que la partería puede ampliar el acceso a la salud sexual y reproductiva y mejorar la experiencia de atención de mujeres y personas gestantes. Frente a este panorama, organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud han recomendado desde hace años incorporar parteras profesionales a los sistemas públicos de salud. 

Sin embargo, incorporar parteras al sistema de salud en México no es una tarea sencilla. La relación entre las instituciones sanitarias y las parteras ha estado marcada históricamente por una tensión constante, pues mientras sus conocimientos son reconocidos como importantes para la atención materna, neonatal y comunitaria, contradictoriamente muchas parteras trabajan bajo condiciones de precarización, hostigamiento institucional y desprotección laboral.

Parteras reconocidas y parteras toleradas

Hablar de “la partería” en México como si fuera una sola práctica borra una realidad compleja. En el país conviven distintos tipos de parteras: indígenas, tradicionales, formadas en la tradición, autónomas y profesionales, y estas últimas son las únicas que tienen un reconocimiento oficial.

Buena parte de la partería profesional contemporánea se ha construido a partir de conocimientos y prácticas desarrolladas históricamente por parteras tradicionales y autónomas que durante décadas han sido perseguidas o relegadas a la informalidad.

Es decir, todas estas formas de ser y ejercer la partería no ocupan el mismo lugar frente al Estado. Aunque las parteras tradicionales y autónomas continúan siendo fundamentales para muchas mujeres —tanto en comunidades rurales como en ciudades— son las parteras profesionales quienes concentran hoy el mayor reconocimiento institucional. 

Investigadoras como Paola Sesia y Lina Berrio del CIESAS-Pacífico documentaron en 2023 que las parteras indígenas que sostienen una parte fundamental de la atención materna y neonatal en las zonas más marginadas del país lo hacen bajo condiciones de precarización, abandono institucional y desprotección social.

La promesa del reconocimiento

La actual Estrategia Nacional de Partería se presenta como una respuesta a la crisis de atención materna y a las múltiples denuncias de violencia obstétrica en México. Su principal sustento normativo es la NOM-020-SSA-2025, para establecimientos de salud y el reconocimiento de la partería, en la atención integral materna y neonatal, que incorpora a la partería al discurso oficial de salud pública mediante un lenguaje asociado con derechos reproductivos, perspectiva de género, interculturalidad y atención respetuosa.

En un país marcado por denuncias persistentes de violencia ginecoobstétrica, este reconocimiento no es menor. Sin embargo, el reconocimiento institucional no ha estado exento de conflicto. Desde la publicación de la NOM-020, distintas parteras y organizaciones han denunciado falta de transparencia en el proceso de elaboración de la norma, así como mecanismos de exclusión y silenciamiento de posturas críticas. Hasta han llegado a promover amparos y denunciado públicamente que la regulación podría empujar ciertas formas de partería autónoma hacia mayores condiciones de vigilancia, clandestinidad o criminalización.

Así, mientras la práctica de la partería profesional ha logrado un mayor reconocimiento oficial, desafortunadamente otras parteras permanecen en condiciones ambiguas: toleradas, supervisadas o permanentemente expuestas a mecanismos de hipervigilancia administrativa y sanitaria. 

Incluso algunas parteras profesionales se han manifestado contra la implementación de la estrategia, denunciando el uso no autorizado de sus imágenes para promover la Estrategia Nacional de Partería pese a haber expresado públicamente su oposición a la NOM-020. Más allá del caso específico, estas disputas muestran que la discusión sobre la partería en México no es únicamente técnica o sanitaria: también es una disputa política sobre autonomía, legitimidad y control del cuidado reproductivo.

Reconocimiento sin redistribución

Uno de los principales problemas de la Estrategia Nacional de Partería es que el reconocimiento institucional no ha venido acompañado de una transformación profunda de las condiciones laborales y materiales en las que trabajan muchas parteras en México. Es decir, imponer estándares sin conocer y acompañar los procesos de formación, ejercicio y práctica cotidiana de la partería. 

La NOM-020 reconoce la importancia de la partería dentro del sistema de salud, pero no garantiza salarios, seguridad social, estabilidad laboral, jubilación, protección frente al desgaste físico o acceso efectivo a servicios de salud para quienes sostienen este trabajo de cuidado. La contradicción es evidente: quienes cuidan la vida muchas veces no tienen garantizada su propia atención médica.

En “Datos para cuidar”, una investigación sobre cansancio y condiciones laborales entre parteras realizada junto con la demógrafa Johana Navarrete y financiada por el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México, encontramos que seis de cada diez parteras no cuentan con seguro médico. Entre quienes sí tienen acceso, muchas lo hacen como beneficiarias familiares y no como trabajadoras reconocidas por el sistema de salud. 

Muchas de quienes sostienen el cuidado reproductivo en México no tienen garantizada su propia atención en salud. Al mismo tiempo, gran parte de las parteras sostienen jornadas extensas de disponibilidad permanente, traslados nocturnos, acompañamientos emocionales y responsabilidades clínicas bajo esquemas laborales marcados por la incertidumbre económica.

A esto se suma otro problema: el reconocimiento institucional también puede traducirse en nuevas cargas administrativas y formas de supervisión. Mientras algunas parteras profesionales logran incorporarse a hospitales o unidades de salud, muchas otras —particularmente autónomas y tradicionales— enfrentan las exigencias de un hospital para procesos documentales, de acreditación y responsabilidades legales. Es decir, se pide a individuos que funcionen como instituciones —con decenas de personas dedicadas a lo administrativo— sin garantizar que existan mecanismos equivalentes de protección laboral o redistribución de recursos.

La precarización tampoco puede separarse de las experiencias de violencia institucional. En “Datos para cuidar” encontramos que seis de cada diez parteras han vivido hostigamiento, amenazas, difamación o conflictos derivados de su práctica. Estas violencias no solo afectan su bienestar emocional, sino también su permanencia dentro de la partería y su capacidad de sostener formas autónomas de cuidado.

El Estado reconoce el valor de las parteras porque las necesita para enfrentar la crisis de atención materna y reproductiva, pero sin modificar plenamente las estructuras que históricamente han precarizado su trabajo. Esta tensión resulta particularmente visible en un país donde gran parte del trabajo de cuidados continúa descansando sobre mujeres que sostienen servicios esenciales bajo condiciones de sobrecarga, desgaste físico y desprotección social.

¿Qué tipo de sistema de cuidados quiere construir México?

La discusión de fondo no es únicamente cómo incorporar parteras al sistema de salud. La pregunta más importante es qué tipo de sistema de cuidados sexuales y reproductivos quiere construir México y sobre qué cuerpos seguirá descansando esa responsabilidad.

La Estrategia Nacional de Partería y la NOM-020 representan un reconocimiento institucional que durante décadas parecía impensable. Pero ese reconocimiento ocurre en medio de profundas desigualdades laborales, económicas y políticas que continúan atravesando la vida cotidiana de muchas parteras.

Si estas desigualdades no son atendidas desde la legislación y las políticas públicas, el reconocimiento institucional puede terminar produciendo nuevas formas de violencia contra las propias parteras. Particularmente para las parteras tradicionales y autónomas, el aumento de requisitos administrativos, mecanismos de supervisión y responsabilidades legales ocurre sin acceso equivalente a protección jurídica, recursos institucionales o garantías laborales.

El riesgo no es abstracto. En un contexto de profundas desigualdades sociales y raciales, la expansión de mecanismos burocráticos y sanitarios puede traducirse en nuevas formas de persecución, sanción o criminalización para quienes históricamente han ejercido la partería fuera de las estructuras biomédicas formales.

El país corre el riesgo de que, en los próximos años, las parteras tradicionales y autónomas enfrenten procesos administrativos, sanciones o consecuencias penales por faltas burocráticas que no corresponden a las formas históricas en las que su práctica ha sido sostenida comunitariamente.

El verdadero desafío es regular estas prácticas teniendo en el corazón de la política pública a la diversidad de parteras. Para que la normativa y reconocimiento no termine profundizando las mismas condiciones de precarización de las parteras que históricamente han sido claves en el cuidado reproductivo en México. ♦

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*Yaredh Marín Vázquez es doctora en Antropología Social, especialista en la investigación de la salud sexual y reproductiva, partería y violencia en contextos urbanos. Es profesora de asignatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en la UNAM, investigadora asociada al Laboratorio Interdisciplinario de Etnografía en El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores. Redes: @yaredh.marin

El Seminario sobre Violencia y Paz de El Colegio de México es un centro de investigación sobre temas de violencia y paz que fue creado en 2014 para generar conocimiento aplicado sobre la naturaleza de un fenómeno con raíces domésticas e internacionales. Redes: @sviolenciaypaz