Redacción Animal Político · 25 de octubre de 2023
Parte de la normalidad anormal mexicana incluye la cesión de territorio al crimen organizado y el repliegue del Estado. Una fiscalía deja de operar por los altos niveles de violencia, una alcaldesa atemorizada se muda a un cuartel militar y cada tanto escuelas por todo el país cancelan actividades por razones de seguridad.
Cualquiera de estos casos debería ser suficiente para exigir un cambio en el modelo de seguridad y justicia. Sin embargo, la respuesta es la misma. Ante violencia creciente, más militares, más retórica, menos justicia y menos Estado.
El Estado se difumina. Por un lado, el crimen organizado controla, con la complicidad de actores políticos, cada vez más territorio. Por otro, el gobierno se empecina en dinamitar instituciones de Estado como son los órganos autónomos y el poder judicial. El Congreso, la Fiscalía General de la República y las fuerzas armadas se han convertido en órganos de gobierno. La autodenominada transformación ha dejado clara su visión de país. Concentrar poder en el gobierno federal al tiempo que debilita al Estado.
En cuanto al territorio y la seguridad el presidente ha reiterado que allí donde predomina una banda criminal hay menos violencia. La estrategia de abrazos no balazos esconde una sesión territorial calculando que, como ocurrió hace casi un siglo, sean los poderes fácticos-criminales locales quienes se encarguen de “pacificar” al país a cambio de entregarles control territorial, participación política y manga ancha para la explotación de mercados lícitos e ilícitos. Muy perverso.
La posible contención al abandono de la seguridad y la justicia podría haberse dado desde las movilizaciones sociales. Es por ello que el presidente ha decidido atrincherarse ante el movimiento feminista e indígena, al igual que su negativa a reunirse con colectivos de víctimas y familiares de desaparecidos. Ante cualquier crítica proveniente de órgano internacional o de la prensa, el presidente responde con su tradicional ataque. Nadie debe cuestionarlo.
La agenda de derechos humanos ha sido vista en clave de imagen política y de allí el nombramiento del subsecretario Alejandro Encinas quien en cinco años administró el horror y entregó poco y nada en cuanto a una política integral de derechos humanos. Lo mismo ocurrió con el nombramiento de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el más reciente en la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). En ese periodo la lista de renuncias es larga: titulares de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la CNB y el Instituto Nacional de Migración (INM). Al inicio del sexenio renunciaron 5 consejeros de la CNDH y ahora lo hacen 6. Del caso Ayotzinapa renunció el GIEI y el fiscal especial. De la comisión de guerra sucia también dejaron su cargo el pleno del mecanismo de justicia y una comisionada de la verdad. Todas estas renuncias se dieron con una serie de denuncias de irregularidades y preocupaciones serias.
No es tan complejo mirarlo, allí están los hechos. El Estado se difumina para que el presidente acapare todo el poder posible mientras entrega el territorio a grupos criminales y se arropa con el ejército. Al proyecto presidencial le estorba el Estado y pretende unificar Movimiento-Partido-Gobierno con tonos verde olivo. Vaya transformación.