blogeditor · 25 de agosto de 2022
Después de tres años en prisión preventiva justificada, Rosario Robles, extitular de la antes Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) y de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), fue puesta en libertad para continuar su proceso judicial desde su domicilio, luego de que en 2019 fuera vinculada a proceso por los delitos de ejercicio indebido del servicio público y delincuencia organizada, por el conocido caso de la Estafa Maestra. 1
El esquema de corrupción muestra que 11 instituciones públicas, entre las que se encuentra la SEDESOL, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS) y Petróleos Mexicanos (PEMEX), establecieron convenios con ocho universidades estatales para la contratación de diversos servicios, pero como las universidades no podían realizar dichos servicios a su vez contrataron a 186 empresas, de las cuales 150 resultaron ser fantasma y no realizaron los servicios. El desvío de recursos públicos fue por más de 7 mil millones de pesos del erario. Con la salida de Rosario Robles de la prisión preventiva, ¿cuáles son los pendientes para el combate a la corrupción en la Estafa Maestra?
Falta de vinculación a otros servidores públicos implicados
La investigación del esquema de corrupción develada por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción arrojó que se encuentran involucrados al menos 110 personas servidoras públicas de las cuales 11 se trataban de titulares de secretarías de gobierno, entre ellos Rosario Robles; 10 oficiales mayores (responsables de administrar y vigilar los recursos públicos de las dependencias); 81 funcionarios con otros cargos que firmaron los convenios y 8 rectores de universidades públicas. 2 Sin embargo, a la fecha no se sabe de investigaciones administrativas o penales de otros funcionarios implicados en el caso ni ha habido sanciones a más de cinco años de haberse divulgado el escándalo de corrupción. La principal responsable y visible mediáticamente siempre ha sido Rosario Robles, a quien sólo se le ha vinculado por no informar sobre los desvíos de recursos más que por el mismo esquema de corrupción. Por ello es necesario que se continúe con la investigación y se deslinde o sancione a las y los servidores públicos responsables, además de agilizar el proceso de Rosario Robles.
El uso excesivo de prisión preventiva
Aunque en el caso de Rosario Robles se determinó prisión preventiva justificada, existe una tendencia de abusar de esta figura. La prisión preventiva es una medida de última instancia, que debe de ser utilizada de manera excepcional, ya que –en sí misma– genera afectaciones graves a derechos, como la libertad personal, la seguridad personal y la integridad física, y sólo debe usarse cuanto existan riesgos de fuga de la persona probable responsable de un delito durante un proceso penal, o para garantizar la protección de las víctimas o testigos siempre que existan suficiente evidencia de que están en riesgo.
La Estafa Maestra pone en discusión el uso que se ha dado en México a la prisión preventiva. En este caso fue aplicada a Rosario Robles bajo argumentos que podrían cuestionarse y porque dicha medida sólo es posible aplicarse por dos años y se prolongó a tres. Dicha prolongación genera dudas respecto a si tuvo un uso político o fue por deficiencias en el sistema de justicia penal acusatorio. Además, se mantiene la prisión preventiva oficiosa en al menos dos delitos considerados como de corrupción, cuando esta figura ha sido calificada por organismos internacionales como regresiva e irreconciliable con los derechos humanos y con la esencia del sistema penal acusatorio.
Transformaciones estructurales en materia de contrataciones
El caso también evidencia que el combate efectivo de la corrupción requiere transformaciones estructurales en el tema de las adquisiciones y servicios que contrata el gobierno. Uno de los elementos centrales por los que se pudo llevar a cabo este esquema de corrupción es porque la Ley de Adquisiciones –en el párrafo 5to del artículo 1°– mantiene una excepción en los esquemas de contrataciones: cuando dos instituciones de gobierno o de estado celebran contratos entre ellas no tiene que haber un proceso abierto de contratación ya sea por concurso o por invitación restringida, sino que la asignación puede adjudicarse de manera directa. Esta disposición no genera candados para evitar que el esquema de la Estafa Maestra se repita. Por ello es necesario que se revisen los mecanismos de subcontratación y que se limite su uso a instituciones públicas.
Transparencia de investigaciones por actos de corrupción
Lo que conocemos sobre el caso de la Estafa Maestra se debe a la información que Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción han develado. A la fecha, las instituciones públicas que investigan el caso no han publicado ampliamente qué han hecho para investigar y resolver estos hechos o sus avances. Y ejerciendo el derecho de acceso a la información la situación no es distinta. La ciudadanía se enfrenta a múltiples obstáculos por la reserva de información. Por ejemplo, la Fiscalía General de la Republica tiende a clasificar, como reservada y confidencial la información sobre los avances de los casos de corrupción bajo argumentos de que su divulgación podría poner en riesgo la conducción de las investigaciones; cuando el Instituto Nacional de Transparencia instruye a su entrega, la FGR implementa otros candados para evitar su divulgación, como la utilización de amparos o controversias constitucionales. 3 Con el mismo argumento la Secretaría de Desarrollo Social intentó reservar información sobre los convenios que realizó con universidades públicas.
Si las escaleras se barren de arriba hacia abajo, los casos emblemáticos de corrupción tendrían que ser los primeros en ser investigados y resueltos de manera expedita, y con estricto apego a los derechos humanos, a fin de que sirvan como referencia para llegar hasta los escalones más bajos y así resolver otros casos, pero también para enviar un mensaje social de cero tolerancias a la corrupción y de combate a la impunidad. Para que eso suceda debe omitirse el mal uso de figuras que pueden ser violatorias de derechos humanos bajo los estándares internacionales, como la prisión preventiva. De igual manera, investigar a profundidad, pero también agilizar la resolución de casos y transparentar la mayor información posible, no sólo para exigir rendición de cuentas sino para conocer cómo se administra la justicia. México está ávido de ejemplos exitosos de sanciones de corrupción y también de elementos preventivos funcionales que logren reducirla.
* Matilde Pérez es investigadora en el programa de Rendición de Cuentas y Combate a la Corrupción de @FundarMexico.
1 Información divulgada en el portal Animal Político, en conjunto con la organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad.
2 Manu Ureste y Nayeli Roldán, 19 de septiembre de 2018, La Estafa Maestra: hay 11 sancionados por desvíos, pero altos mandos implicados conservan cargos, Animal Político.
3 Anaid García Tobón. El costo de saber sobre corrupción en México, disponible aquí. Revisar “Derecho a Saber. El caso Odebrecht en México. Disponible aquí.