Redacción Animal Político · 6 de diciembre de 2023
El 16 de noviembre 2023, la Corte Internacional de Justicia (ICJ) en La Haya ordenó a Siria prevenir los actos de tortura. La decisión es el resultado de una demanda que Holanda y Canadá sometieron a la corte el 8 de junio de 2023. El 10 de octubre de 2023 tuvo lugar la primera etapa de este juicio histórico, donde Siria no se presentó y dejó vacío los asientos de su delegación. Durante el juicio, Holanda y Canadá acusaron a Siria de cometer una práctica “sistemática” de la tortura.
La Corte que opone estrictamente a Estados conforme a violaciones de derecho internacional, no se debe de confundir con la Corte Penal Internacional, focalizada en la responsabilidad penal de individuos, también por graves violaciones de derechos humanos. El litigio que oponen los tres países representa la primera etapa de un largo proceso que solo empieza; es la primera vez que Siria se encuentra opuesta directamente a acusaciones frente a una corte internacional.
En un contexto de normalización regional, muchos sirios esperan que la iniciativa vuelva a poner a Siria en el centro de la atención, y que el Gobierno de Bachar al Assad se siga viendo como un estado ilegítimo por la violencia que ejerce sobre su pueblo.
La Comisión de Investigación sobre Siria (COI) estableció que casi todas las personas entrevistadas que han estado en prisión en centros gubernamentales han declarado haber sido sometidas a la tortura.
La encarcelación en masa que se produjo desde las manifestaciones de 2011 tuvieron lugar en centros de detención y prisiones que no responden a una interpretación común de lo que es una prisión, y tampoco desde el punto de vista jurídico. Estos centros de detención y prisiones deben entonces diferenciarse de las prisiones ordinarias, que también existen en Siria, donde las personas juzgadas por delitos y crímenes ordinarios – y sin fundamento político – se encuentran detenidas.
Desde 2011, el Gobierno sirio ha utilizado una red de servicios militares y ramas de sus servicios de inteligencia para acelerar la encarcelación, así como los juicios masivos de personas. Aunque en un principio las personas víctimas eran en mayoría personas vistas como opuestas al gobierno de Bachar al Assad, rápidamente muchísimas otras se encontraron perseguidas. Empezó entonces un encarcelamiento masivo y de forma arbitraria de miles de personas, según criterios muy heterogéneos, como los son creer que las personas han participado a una manifestación contra el gobierno, el hecho para una persona de encontrarse o vivir en un barrio o una ciudad en particular, razones relativas a la pertenencia de una familia en particular, pero también cualquier persona por sus etnias o diferencias religiosas, entre otros criterios. Por esta razón, y de forma extraordinaria, la mayoría de los centros de detención y prisiones en la República Árabe Siria perpetran graves violaciones de derechos humanos y funcionan al margen de la ley.
Es en este contexto que las autoridades sirias han utilizado la tortura de forma generalizada y sistemática. La mayoría de los casos de tortura y de muertes durante la detención se han documentado en lugares controlados por los servicios de inteligencia sirios, que engloban a las fuerzas de policía militar y civil, así como a servicios de inteligencia dirigidos por la Oficina de Seguridad Nacional del Partido Baaz (la Dirección de Inteligencia Militar, la Dirección de Inteligencia de las Fuerzas Aéreas, la Dirección General de Inteligencia y la Dirección de Seguridad Política). Cada uno de estos organismos tiene su cuartel general en Damasco, compuesto por varias delegaciones centrales, y administra delegaciones en todo el país, manteniendo bajo su custodia a miles de detenidos.
Todos los centros de detención controlados por las ramas militares no tienen nombres atribuidos, como lo es la famosa prision de Sednaya. No obstante, Human Rights Watch ha podido informar previamente que la mayoría de los centros de detención están identificados con número o apelaciones, y hoy en día una gran parte de ellas están hasta geolocalizados. Los ejemplos más notables son las ramas “215”, “ 227”, y “ 291”.
Las condiciones de detención en estos centros y prisiones no respetan ninguna norma penitenciaria; incluso en el contexto de un conflicto armado, el derecho consuetudinario sobre prisioneros de guerra, por ejemplo, establece que todos los prisioneros deben ser tratados con dignidad, en ausencia de tortura, tener acceso a alimentos, agua, ropa y servicios sanitarios adecuados, entre otras cosas.
En todos los centros y prisiones mencionados se perpetúan graves violaciones de derechos humanos. Las violaciones incluyen tortura, ausencia de saneamiento o saneamiento inadecuado, falta de privacidad y dignidad, y ausencia de alimentos. Pero también todo este sistema de represión, está facilitado por una máquina judicial semi-militarizada que aprovecha de la detención arbitraria y de la desaparición forzada, también para cometer ejecuciones extrajudiciales.
Todos estos actos constituyen graves crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como demuestran las investigaciones llevadas a cabo por la Comisión de Investigación sobre Siria.
En 2020, Holanda anunciaba su intención de tomar medidas conforme a Siria, específicamente sobre los actos de tortura por el régimen de Bachar al Assad. Canadá se sumó al proceso en el año 2021. Los dos países tenían en primer lugar que entrar en un proceso de negociaciones con Siria, como lo exige la Convención contra la Tortura de 1984. Sin resultado, el día 8 de junio de 2023 Holanda y Canadá sometieron entonces su demanda para medidas provisionales ante la Corte.
Los meses que precedieron las primeras estancias del juicio tuvieron lugar las consultaciones con ONGs, organizaciones de víctimas de tortura, así como de desaparición forzada; las organizaciones fueron consultadas juntas con los diferentes mecanismos onusianos pertinentes que son el Mecanismo Internacional, Imparcial e Independiente (IIIM) o la Comisión de Investigación sobre Siria. Gracias a los elementos reunidos, Holanda y Canadá inciaron un procedimiento ante la ICJ, solicitando una serie de medidas provisionales para que Siria cese la tortura en el país.
Las medidas provisionales se conocen como un ordenamiento de la Corte que pide a un Estado en este caso, el cese urgente de la violación de una convención internacional para que paren los actos que se consideran como ilegales en el derecho internacional. Otros recientes casos han visto la Corte poner medidas provisionales sobre el Estado de Myanmar, por graves violaciones de derecho internacional conforme a los derechos humanos. En el caso que opone Holanda y Siria, el litigio está basado en la Convención contra la Tortura, de la cual todas las partes en el litigio son parte, y se comprometen entonces entre ellos a no violar dicha Convención.
Durante el juicio en La Haya, Holanda y Canadá han acusado a Siria de una práctica sistemática de la tortura. Así, la abogada del Gobierno canadiense, Teresa Crokett, resaltó que Siria ha cometido en su territorio tortura sistemática y ha sometido por entonces una gran parte de su pueblo a muchas formas de maltrato, y esto de forma masiva. La abogada declaró que “desde 2011, decenas de miles han muerto bajo custodia siria”. En acuerdo con el espíritu de las medidas provisionales y su carácter de urgencia, la abogada del Gobierno holandés recordó que “cada día cuenta”. Así, subrayando que cada día que pasa es un día donde más personas están sometidas a la tortura y mueren de ella. Delante de los asientos vacíos de la delegación siria, el Gobierno holandés notó: “Desde que Canadá y Holanda presentaron su solicitud de indicación de medidas provisionales el 8 de junio de 2023 y durante los 3 meses de retraso hasta esta audiencia se han documentado al menos 15 muertes debido a torturas cometidas por Siria”.
Los abogados de Holanda y Canadá recordaron también el dolor de los familiares que se cristaliza en torno a la máquina institucional de tortura, ya que en muchísimos casos estos hechos están directamente relacionados con la desaparición forzada. Se ha estimado que han desaparecido por lo menos 100,000 personas desde 2011. Por esta razón, los dos países recordaron la importancia del nuevo mecanismo para las personas desaparecidas en Siria que se votó en junio de 2023 en la Asamblea General de la ONU.
La Corte ordenó el 16 de noviembre 2023 dos medidas provisionales para Siria. Le pide primero que adopte todas las medidas a su alcance para impedir los actos de tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y que el país se asegure que sus funcionarios, así como las organizaciones o personas que puedan estar sujetas a su control, dirección o influencia, no cometan actos de tortura. Segundo, la Corte exige que Siria tome medidas eficaces para impedir la destrucción así como garantizar la preservación de toda prueba relacionada con denuncias de actos comprendidos en el ámbito de la Convención contra la Tortura.
Holanda y Canadá pidieron una serie de medidas provisionales muy específicas a la Corte, que en su mayoría no fueron seguidas, creando así una forma de consternación.
Los dos países pedían en su demanda, medidas como los son el cese inmediato de todo acto de tortura, de la detención arbitraria de personas, el cese de la detención incomunicada, pero también pidieron el acceso a los lugares de detención por expertos independientes así como médicos; hacer de nuevo posible el contacto entre personas encarceladas y sus familiares, y el acceso a abogados. A estas medidas Holanda y Canadá entendieron también pedirle a la Corte el deber para Siria de no destruir evidencia, historiales médicos u otros historiales de lesiones. Los dos países también le pidieron a la ICJ imponer a Siria un informe que tendría que ser enviado a la Corte sobre todas las medidas adoptadas para dar efecto a su orden de medidas provisionales.
Durante la sesión que tuvo lugar el 10 de octubre de 2023 en la Haya, Holanda y Canadá decidieron añadir al dossier dos nuevas medidas que tenían como objetivo poner fin a las amnistías para los oficiales que hayan cometido crímenes de guerra y de lesa humanidad, y finalmente, que los informes enviados por Siria a la Corte se hagan públicos.
Ninguna de estas últimas medidas provisionales se encuentran de manera tan clara en la decisión de la Corte, que se contentó así de cumplir con dos pilares fundamentales, que son la prevención de los actos de tortura por oficiales del Estado sirio y la conservación de pruebas relacionados con los dichos actos.
Días después del juicio de octubre, la ONG Syrian Legal Development Programme organizó un evento con otras organizaciones y asociaciones de víctimas. El evento cumplía con el objetivo de acordar un espacio y un derecho a la palabra, en un contexto donde las víctimas de tortura no tuvieron oportunidad de expresarse directamente ante la Corte.
El evento puso la luz sobre el hecho que más allá del cumplimiento de las medidas provisionales para Siria, el juicio que tuvo lugar en La Haya vuelve a poner a la luz la lucha de las personas sirias para establecer la responsabilidad del Estado. Muchas personas sirias, pero también miembros de ONG y activistas tienen muy claro que el caso no se soldará en una victoria clara y simple; lo más probable es que el Estado sirio nunca cumpla totalmente con las medidas provisionales.
La decisión rendida por la Corte el 16 de noviembre de 2023 refleja esta realidad. De esta forma, la decisión responde a una necesidad, la de cumplir con la Convención contra la Tortura, pero a la vez no responde a la altura de la experiencia de los sobrevivientes de tortura. No obstante, el juicio podría tener como resultado a la vez una disminución de la práctica de la tortura de manera sistemática, ya que el Estado sirio está en proceso de normalización, y por otro lado tener como beneficio volver a poner las voces de las víctimas al centro: “Hablando de manera realista, no creo que este caso ayude a liberar a las personas. Pero espero que al menos ayude a detener la tortura y los malos tratos a los que están expuestos diariamente cientos de miles de detenidos”, Wafa Ali Mustafa, hija de uno de los desaparecidos en Siria.
Durante el procedimiento en la Haya el pasado mes de octubre, ONG, asociaciones de víctimas y grupos de sirios se presentaron delante de la Corte, colocando fotografías de personas víctimas de tortura y de desaparición forzada; algunas de las personas presentes alzaron carteles con diferentes mensajes como: “Alto a la tortura en Siria”, “¿cónde estan?”, “la tortura es una política sistemática”.
*Adrian Lakrichi García es jurista en derecho internacional especializado en derechos humanos. Es Analista Legal para la ONG Syrian Legal Development Programme (SLDP) donde trabaja sobre la responsabilidad del Estado sirio.