Estado laico en peligro. Y esta vez, no es sólo Nuevo León

Seguramente recordamos el vergonzoso episodio que se vivió en octubre pasado cuando el diputado Juan Carlos Leal (quien renunció a MORENA en junio pasado), impulsó una reforma que amplió las bases ya existentes para la objeción de conciencia por parte del personal de servicios salud, la cual fue aprobada por el Congreso de Nuevo León con el claro objetivo de limitar la realización de abortos legales, pero incluso también de negar servicios a personas LGBT. La cosa no quedó ahí. Los aliados de Leal también buscaron que la objeción de conciencia fuera más allá, para que se pueda aplicar con otros funcionarios como jueces del registro civil, para negarse a casar a parejas del mismo sexo o incluso para otorgar el divorcio a parejas heterosexuales si esas cuestiones iban en contra de sus convicciones personales. Se hicieron memes, columnas y cartones ridiculizando el conservadurismo en Nuevo León, pero ahora la amenaza al Estado laico -en el que se garantiza la igualdad de todas las personas, creyentes o no creyentes- abarca aún más temas, es para todo el país y está más cerca de lo que creemos.

La senadora zacatecana Soledad Luévano, del grupo parlamentario de MORENA, presentó una iniciativa para reformar la Ley de Asociaciones Religiosas y Cultos Públicos, que ya fue turnada a comisiones. Dicha reforma permitiría que las iglesias puedan ser dueñas de medios de comunicación masiva, que persigan actividades lucrativas y, además, ampliaría la objeción de conciencia que ya está contemplada en la Ley General de Salud, pero que se podría aplicar en otros servicios públicos, tal como se pretendía en Nuevo León.

Otro tema que nos hace levantar las cejas es que se considera la posibilidad de una mayor participación de las iglesias para promover el desarrollo social, sin especificar a qué se refiere, dejando la puerta abierta a una mayor participación de las iglesias en la política. Este tipo de colaboración ya ha quedado al descubierto cuando se les solicitó a las iglesias que participen en la repartición de la “cartilla moral” de Alfonso Reyes. Es curioso que eso suceda justo en un año en el que las organizaciones de la sociedad civil que sí han contribuido al desarrollo social han estado bajo ataque por parte de algunos sectores del gobierno federal.

México es uno de los países de América Latina que tiene un marco legal fuerte relacionado con la separación iglesia(s)-Estado, pero si fueran aprobados los cambios propuestos por la iniciativa, esa situación cambiaría significativamente. Por ejemplo, una parte del texto que llama la atención es la derogación de un párrafo de la Ley actual que dice “Las convicciones religiosas no eximen en ningún caso del cumplimiento de las leyes del país”. Otro párrafo relevante es la adición de un texto que dice que se podrá brindar “asistencia espiritual” en centros de salud, centros de reinserción social, estaciones migratorias, así como unidades de las fuerzas armadas.

Hace unos años, la mayoría de los ataques al Estado laico venían de la jerarquía católica, la cual curiosamente no parece tener una participación relevante en esta ocasión. Quien está impulsando las reformas son principalmente las iglesias evangélicas, de la mano de Confraternice, la agrupación que aglutina diversas iglesias que, por cierto, se han reunido en diversas ocasiones con el presidente López Obrador.

Grupos ultraconservadores que pertenecen a estas iglesias y a organizaciones civiles han estado impulsando el concepto de “libertad religiosa” en todo el mundo de una manera engañosa, ya que han afirmado que se han hecho imposiciones sobre sus creencias cuando en realidad, lo único que buscan es libertad para discriminar. Tal situación ha quedado clara en casos como el de las iniciativas que buscan eliminar los esfuerzos para corregir la orientación sexual e identidad de género (ECOSIG), también llamadas “terapias de conversión”. Los grupos antiderechos se han opuesto a su prohibición ya que alegan que brindarlas o recibirlas es parte de su “libertad religiosa”, a pesar de que se ha documentado que además de representar una forma de tortura, dichas terapias no sirven para nada.

Desde 1992 se reformó la Constitución para reconocer la libertad religiosa. De hecho, nadie ha pretendido limitar esa libertad, pero claramente el avance de los derechos sexuales y reproductivos en la legislación nacional ha provocado que esos grupos digan que están bajo ataque. En un momento de tanta polarización respecto a temas como la violencia contra las mujeres, la despenalización del aborto y los derechos LGBT, darle oportunidad a las iglesias de que amplifiquen su voz, no es una buena idea. A pesar de que tienen un récord de ir contra el avance de los derechos humanos, en la propuesta de ley se puede leer que se busca “un reconocimiento más amplio de la libertad y los derechos de las personas, para lo cual es necesario un mayor diálogo interreligioso”.

Otro tema que llama la atención es que se pretende darle mayor impulso a la religión ante problemas que enfrenta el país: “Las convicciones éticas, religiosas y de conciencia son una fuente para la recuperación y fortalecimiento de nuestra sociedad ante situaciones como la violencia, la criminalidad, la corrupción, la drogadicción…”, discurso que va muy acorde a lo que el presidente López Obrador ha manifestado en varias ocasiones.

Si queremos que realmente prevalezca la libertad religiosa, no es necesario modificar la Ley, simplemente hay que asegurarnos de que se cumplan las disposiciones ya existentes en el artículo 24 de la Constitución. Ha costado décadas construir nuestro estado laico y ha sido la izquierda una de las fuerzas que ha enarbolado la causa. Sería una lástima que sea la misma izquierda la que permita que avance la reforma a la Ley de Asociaciones Religiosas en el 2020. Afortunadamente, sabemos que una buena cantidad de legisladores y legisladoras de MORENA están en contra de la iniciativa, pero ya veremos qué pasa cuando inicie el nuevo periodo de sesiones.

* Ricardo Baruch (@baruchdom) colabora con el equipo de Derechos y Justicia de la Federación Internacional para la Planificación Familiar (IPPF).