blogeditor · 24 de febrero de 2014
El Experimento de Stanford –coordinado por Philip Zimbardo, de agosto 1971- fue en principio comisionado por distintas ramas de las fuerzas armadas norteamericanas para averiguar las causas de conflicto entre autoridades carcelarias y presos. Jóvenes estudiantes, todos voluntarios, fungieron como custodios y reclusos. Los niveles de violencia, y humillaciones contra estos últimos fueron escalando tanto, que el profesor responsable tuvo que cancelar todo el ejercicio. Años después, las torturas inflingidas por soldados en la cárcel de Abu Ghraib en Irak (expuestas en fotos filtradas a la prensa por el miembro de las Reservas, Joseph Darby), confirmaron las tesis planteadas años antes en Palo Alto. Son los sistemas públicos y privados que no operan necesariamente bajo estructuras éticas y sin control social las que buscan eternizar el sufrimiento, ensañándose en sectores vulnerables de la población.



Zimbardo transformó las oficinas en el sótano del departamento de Psicología, literalmente, en una prisión. Vistió a voluntarios ‘policías’ en uniformes, con gafas oscuras; a otros, en presos deshumanizados. Comprobó que, en condiciones específicas y donde los sistemas se orientan por esa vía, es muy fácil que surja el déspota que –aparentemente- todas y todos (o casi) llevamos dentro.
Para él, en su libro El Efecto Lucifer oscilamos entre la condición de héroe o demonio. Los individuos pueden elegir, siempre y cuando exista la posibilidad de elegir caminos divergentes en entera libertad.
Una década antes, el notorio experimento de Stanley Milgram (1933-84) ya había buceado en los orígenes y efecto de la autoridad en la cultura de obediencia, para algunos atávica, e indebida. Sus investigaciones fueron vertidas en 1963 en el Journal of Abnormal and Social Psychology y en el libro Obediencia a la Autoridad: Una visión experimental del año 1974. Su conclusión es tajante: una suerte de Teoría General (¿complementaria?) del conformismo, o de agentes del Estado, engranajes cumpliendo cabalmente su Superior Voluntad.

[contextly_sidebar id=”08ff6f1a42e4983e40907de948e0bd0e”]El experimento buscaba saber hasta qué grado estarían dispuestos sus participantes en infligir castigo indirectamente y bajo condiciones controladas. Aquellos voluntarios que suponían aplicar dosis cada vez más elevadas de electricidad a pesar de las súplicas de las ‘víctimas’ del experimento (quienes en realidad eran actores), y cuyas respuestas no eran ‘correctas’, siguieron haciéndolo. Sus supervisores aclararon que los aumentos aparentes de voltaje cada vez que contestaban equivocadamente, se elevarían hasta niveles letales de acuerdo a los registros de los aparatos. A pesar de dudas o cuestonamientos, y ante los imperativos de los responsables del ejercicio (‘Ignora las quejas. Debes seguirlo haciendo’), cumplieron con su trabajo ignorando las consecuencias.
Funcionarios autómatas y sin criterio abundan en México. Uniformados o no. Policías de Acapulco arrestaron el 21 de febrero pasado, con lujo de violencia, a una niña indígena de 8 años por robar una botella de agua en Soriana. La misma cadena de autoservicio que se vio inmiscuida en el escándalo de las tarjetas priístas durante las pasadas elecciones federales.



El operativo de policía DF contra invidentes que fueron concentrados en la estación San Antonio Abad, línea 2 del Metro el 18 de febrero pasado, es otra muestra palmaria de los excesos y abusos que, lejos de ser erradicados, forman parte integral de políticas públicas represoras. Hubo empujones, golpes y gritos antes de ser remitidos a la agencia 50 del Ministerio Público en el Búnker. Sin olvidar que Joel Ortega Cuevas, actual director del Sistema de Transporte Colectivo Metro (también exprecandidato a la jefatura de Gobierno en 2012, después coordinador de la campaña de Miguel Ángel Mancera), fue en su momento jefe de policía durante el operativo criminal en la discoteca New’sDivine que derivó en la muerte de nueve jóvenes y tres elementos policiacos. O que el subsecretario Luis Rosales Gamboa, quien llegó a ser secretario interino de Seguridad Pública durante los sucesos del primero de diciembre de 2012 en el Centro Histórico, participó activamente en esos mismos eventos y es ahora subsecretario de despacho, cien por ciento impune e intocable a pesar los múltiples señalamientos por parte de la CDHDF, de ser violador consuetudinario de los Derechos Humanos.



Se agudiza la degradación de estándares en el uso de la fuerza por parte de las autoridades; aumenta la criminalización de grupos vulnerables que deberían encontrarse fuera de la órbita de las fuerzas policiacas. Éste es elverdadero registro: la impronta real de la justicia para los sectores más débiles en México.
El problema central es que los mecanismos para aplastar voluntades no son de mentiritas, como en el caso de Milgram. Dejan huellas profundas, nos anclan cada vez más -sin posibilidad de intentar viajes de regreso- a la barbarie, como obligación y rutina.