El Estado que financia su propia verdad

El Estado mexicano ha construido una infraestructura para decir qué es verdad y qué es mentira.

No se trata únicamente de la conferencia presidencial ni de declaraciones aisladas de funcionarios. Hay instituciones públicas, funcionarios, programas, producción audiovisual, medios y plataformas sostenidos con recursos públicos que confluyen en una tarea: identificar información que el gobierno considera falsa, producir su propia explicación de los hechos y amplificarla.

El problema comienza cuando esa misma infraestructura no se limita a desmentir información, sino que también atribuye a periodistas y medios, intereses, campañas, estrategias políticas y acciones coordinadas contra el gobierno.

Entonces el dinero público ya no financia solamente comunicación gubernamental. También sostiene la descalificación de quienes contradicen su versión de los hechos.

Una estructura que sobrevivió al sexenio

La construcción no comenzó en este gobierno.

Andrés Manuel López Obrador creó en 2021 Quién es quién en las mentiras, una sección de su conferencia matutina destinada a exhibir lo que su administración consideraba noticias falsas. Un año antes había nacido Infodemia, un proyecto del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR) dedicado a identificar y desmentir desinformación. Ambos mecanismos fueron cuestionados por organizaciones y periodistas por utilizar recursos del Estado para confrontar a medios críticos.

Lo relevante ahora es que el modelo no desapareció con López Obrador.

Infodemia continúa dentro del SPR. Más aún: el Programa Institucional del organismo para 2025-2030 establece que deberá fortalecerse como herramienta para detectar y desmentir noticias falsas y plantea consolidarla como uno de los pilares de su ecosistema digital informativo.

A esa estructura se han sumado nuevos dispositivos.

Miguel Ángel Elorza, coordinador de Infodemia y funcionario del SPR, presenta el Detector de Mentiras desde la conferencia presidencial. Desde ahí identifica noticias que el gobierno considera falsas, muestra a los medios que las difundieron y expone la versión gubernamental.

En mayo pasado, Claudia Sheinbaum explicó por qué quería ampliar este ejercicio. Cuando el gobierno desmentía una noticia, dijo, el desmentido se quedaba “pequeñito”.

El problema, por tanto, no era solamente combatir una falsedad. Había que conseguir que la respuesta gubernamental circulara más.

Después apareció Derecho de Réplica, encabezado por Luisa María Alcalde desde Palacio Nacional. La propia consejera jurídica lo definió como un espacio diseñado por el Gobierno de México para contrastar “narrativas falsas” con “datos oficiales”.

La infraestructura se vuelve visible: un organismo público produce contenidos de verificación; su coordinador los presenta desde la principal tribuna política del país; la Consejería Jurídica encabeza otro programa semanal y los contenidos circulan mediante medios y plataformas públicas.

No es una operación oculta. Es una estructura institucional de comunicación que utiliza personal, instituciones y recursos del Estado.

¿Quién decide qué es mentira?

Que el gobierno desmienta información no constituye por sí mismo un problema.

Tiene derecho a hacerlo.

Si un periódico publica una cifra equivocada, puede presentar la correcta. Si una fotografía ha sido manipulada, puede exhibir la original. Si una información es falsa, puede mostrar las pruebas que la contradicen.

Pero los mecanismos gubernamentales han ido más lejos.

El 29 de julio, desde el Detector de Mentiras, Elorza habló de una “campaña de mentiras” que recorría programas de televisión, columnas periodísticas y perfiles de medios y “comentócratas”. En esa misma intervención atribuyó a esos actores intereses contrarios a los derechos de las audiencias y afirmó que algunos habían hecho de la mentira un negocio.

Un mes antes, desde Derecho de Réplica, Luisa María Alcalde había afirmado que la difusión de determinada información falsa constituía una “estrategia deliberada de varios medios”. Al explicar esa estrategia habló de los mismos personajes, de trolls, bots y “comentócratas afines”.

En otra emisión, el programa llegó a distinguir entre “periodistas” y “pseudoperiodistas” al explicar cómo determinadas narrativas circulaban desde redes digitales hacia medios tradicionales.

En esos momentos ocurre un desplazamiento importante. El gobierno ya no está respondiendo solamente: “esta información es falsa”. También está diciendo quiénes la producen, qué intereses tendrían, con quién actuarían y qué objetivos perseguirían. Eso ya no es únicamente verificación.

Cuando el verificador es el Estado

Hay además una diferencia fundamental entre un verificador independiente y un verificador gubernamental: el segundo habla desde el poder del Estado.

Dispone de funcionarios pagados con recursos públicos, instituciones, equipos de producción, canales de televisión, plataformas digitales y, en este caso, de la conferencia presidencial.

La propia Sheinbaum ha explicado que su equipo de comunicación realiza reuniones semanales de planeación y trabaja de manera coordinada.

Y el 26 de mayo formuló con claridad cómo entiende la responsabilidad gubernamental frente a la desinformación: el gobierno, dijo, tiene la obligación de informar “lo que realmente es mentira y lo que es verdad”.

Una cosa es que el gobierno proporcione información oficial y otra que el Estado construya un aparato desde el cual determina públicamente qué debe considerarse verdadero o falso y después utilice su capacidad institucional para amplificar ese veredicto.

La diferencia importa todavía más cuando el propio verificador puede equivocarse. En marzo, Infodemia calificó como falsas y generadas mediante inteligencia artificial unas imágenes de una mujer en un balcón de Palacio Nacional. El 1 de abril, su propio coordinador reconoció públicamente que habían cometido un error al calificarlas como falsas y ofreció una disculpa.

El episodio demostró algo elemental: tampoco el Estado es infalible.

El dinero de todos

Éste es el punto central.

Los gobiernos necesitan comunicación social. Necesitan explicar políticas, responder cuestionamientos, corregir información falsa y defender públicamente sus decisiones.

Pero los recursos que utilizan para hacerlo no pertenecen al partido gobernante.

Son de todos.

Por eso existe una frontera que debería ser nítida entre informar desde el Estado y utilizar al Estado para disputar políticamente la credibilidad de quienes cuestionan al gobierno.

Cuando un partido acusa a un periodista de mentir, participa en la disputa política.

Cuando lo hace una infraestructura integrada por organismos, funcionarios, programas y canales sostenidos con recursos públicos, la pregunta es diferente: ¿debe el Estado financiar la descalificación de quienes contradicen al gobierno?

No hace falta imaginar un plan secreto para plantearla.

Desde esos espacios no solo se corrigen cifras o documentos. También se habla de campañas, estrategias deliberadas, intereses, redes y hasta “pseudoperiodistas”.

México no necesita un Estado que permanezca indefenso frente a la desinformación.

Necesita un Estado que informe y presente evidencia; que desmienta cuando tenga elementos para hacerlo y rectifique cuando se equivoque.

Lo que una democracia no necesita es un Estado que utilice el dinero de todos para otorgarse a sí mismo la autoridad de determinar qué es verdad y qué es mentira y, desde esa posición, desacreditar a quienes lo contradicen.

Porque la verdad de un gobierno es siempre una versión sometida a escrutinio.

Y financiarla con recursos públicos no la convierte en la verdad.♦

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