El espionaje en la Democradura mexicana
blogeditor · 21 de junio de 2017
Se informó apenas que líderes sociales en México han sido espiados con sofisticada tecnología que solo es vendida a gobiernos y para efecto, según la empresa proveedora, de “combatir a terroristas o grupos criminales y carteles de drogas como los que han violentado a los mexicanos desde hace mucho tiempo”. El presidente Peña lo negó de inmediato. Sin embargo, la investigación presentada por el NYT afirma que el uso del software contra periodistas y activistas fue demostrado por peritajes independientes.
Las reacciones han ido desde el pragmatismo cínico que califica los hechos como algo normal, hasta la condena mayor que lo entiende como un escándalo inaceptable. Por absurdo que parezca, ambas posturas tienen razón: es normal y es intolerable.
En casi treinta años de investigación en materia de seguridad, que incluye la visita regular a países que representan desde las más precarias hasta las más consolidadas democracias, jamás he escuchado a servidor público alguno del sector que niegue categóricamente la existencia de intervenciones de comunicaciones privadas sin autorización judicial. Jamás. Cuando pregunto si esa práctica es necesaria, la respuesta siempre es afirmativa. Es ilegal, pero es necesario, me dicen. No hay Estado que pueda asegurar su estabilidad sin usar tal práctica; las intervenciones deben hacerse para la neutralización de amenazas que pueden tener que ver o no con la investigación de delitos, me explican. Así, he confirmado al paso del tiempo que la comunidad de inteligencia usa el espionaje por medios ilegales a la manera de un valor entendido.
El trasfondo político detrás del espionaje ilegal que se pierde en los anales de la historia es la denominada Razón de Estado, principio de justificación que autoriza el uso de cualquier medio disponible para asegurar la reproducción del poder. La Razón de Estado trasciende hacia la etapa moderna como el asidero de un mundo paralelo al régimen constitucional donde, igual que en la premodernidad, el poder puede imponerse por el poder mismo, más allá de cualquier mecanismo de rendición de cuentas. El asidero moderno de la Razón de Estado es la Seguridad Nacional. El tema lo discutí hace quince años en este ensayo donde apunté la contradicción entre la eficacia y la legitimidad, la primera como valor superior de la seguridad nacional, la segunda como atributo fundante del régimen constitucional de derechos.
En el 2011 regresé al tema en un artículo de prensa, donde critiqué el uso de la Seguridad Nacional como palanca de poderes expansivos y ambiguos, de imposible contención en un régimen político propio de un Estado constitucional de derechos. Y una vez más en el 2013 volví al tema en otro texto que ahora toca citar con amplitud:
La denominada “comunidad de la seguridad nacional” es el circuito nacional e internacional donde civiles y militares acuerdan qué puede ser público y qué no, basados en la certeza incuestionable de que, bajo múltiples hipótesis, el derecho a saber está por debajo de lo que tal comunidad define como seguridad nacional… la clausura del escrutinio del poder ejecutivo en sus tareas de seguridad nacional muchas veces termina por ser apalancada desde el poder legislativo, que termina colocándose en posición de comparsa… No está por demás enfatizar la potencia simbólica del término “Inteligencia”, mismo que funciona para identificar por igual a la comunidad y al producto a cargo de la misma; pero que también funciona para la auto acreditación de este saber y quehacer que escapa a los estándares de una democracia, precisamente bajo el argumento de que la protege.
El análisis internacional comparado enseña que los aparatos de seguridad nacional se colocan en un amplio espectro en cuanto a los niveles de control democrático sobre ellos. Nuestra región se coloca en grado nulo o bajo de control (Ugarte, José Manuel. Legislación de inteligencia, legitimidad y eficacia. WOLA, 2000).
El espionaje apenas revelado sobre líderes sociales que trabajan principalmente en contra de la corrupción y a favor de los derechos humanos, no es nuevo. La diferencia está en su comprobación pública y en la sofisticación de las tecnologías empleadas. Imposible que funcionen aquí los controles democráticos sobre las intervenciones de comunicaciones privadas, cuando no funcionan en general sobre los aparatos de seguridad pública y de inteligencia civiles y militares. ¿Dudas? Un día después de publicada la información citada, la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional del Congreso de la Unión, fiel a su estilo, permanece en silencio.
Así, en el silencio se mueve esta cláusula de habilitación de poderes incontrastables denominada Seguridad Nacional y su plataforma de espionaje ilegal. Hay zonas oscuras en nuestra definición de la democracia, pero también hay verdaderas cajas negras. Una de dos: le dejamos de llamar democracia a lo que tenemos en México o modificamos la definición de democracia. Tal vez aquí aplica mucho mejor esto que los teóricos han llamado Democradura, donde “las democracias electorales continúan violando sistemáticamente los derechos humanos”.