Espionaje de estado

La noticia aparecida en primera plana del New York Times en días pasados acerca del espionaje que se realiza a personas que desde la sociedad civil han destacado por asumir posiciones críticas al gobierno resulta indignante y preocupante.

En primer lugar, el hecho mismo de que el Estado espíe a sus ciudadanos da cuenta, una vez más, de algo ya muy sabido: la fachada democrática del régimen en el que vivimos, prueba inequívoca de que, muy a pesar de lo que suele afirmar el mismo jefe del Ejecutivo, México está lejos de ser un país en el que los derechos humanos se respeten y se tomen en serio. Los asesinatos de periodistas, la denostación de defensoras y defensores, el maltrato que reciben las víctimas y ahora, el espionaje a ciudadanas y ciudadanos, configuran los verdaderos contenidos de una reforma que desde el 2011, solo ha sido, desafortunadamente, un marco formal.

Por otro lado, están los targets. En efecto, como lo evidencia una nota aparecida en el portal Regeneración, resulta interesante que en la lista dada a conocer por el diario neoyorquino no figuren —o bien no se mencionen— personajes vinculados a quienes podrían ser considerados riesgos evidentes para el actual gobierno de Enrique Peña Nieto: gente vinculada a los movimientos sociales, como el magisterio, a la oposición política, sino ciudadanas y ciudadanos que hacen su trabajo: periodistas, promotores de la transparencia y la rendición de cuentas y defensores de derechos humanos.

¿Que hay en común en ellas y ellos, o en los trabajos que realizan? A diferencia de los opositores usuales, de quienes agitan las calles con consignas y denuncias, estos hombres y mujeres, con su trabajo, un trabajo serio y profesional, han conseguido ir más allá de las denuncias y han probado que la corrupción y la opacidad son la característica principal del Estado Mexicano. En otras palabras, no son sólo un riesgo político.

Así lo hizo Mario Patrón, quien valientemente desnudó al Ejército con su informe sobre Tlataya La orden fue abatir, dejando claro que detrás de los “enfrentamientos” de los que da cuenta ese instituto armado hay una estrategia para ejecutar a quienes considera enemigos, cuando en un régimen democrático deberían ser arrestados, en todo caso, por su participación en hechos delictivos. Así lo hizo también Carmen Aristegui quien, junto a su equipo de colaboradoras y colaboradores dejó en claro la forma en la que funciona el conflicto de interés en México, con el revelador trabajo de investigación periodística sobre la Casa Blanca. De igual forma, Salvador Camarena, director del área de investigación periodística de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, quienes junto a Animal Político denunciaron cómo Duarte y su gobierno tenían armada una cadena de simulación para transferir dinero público a sus cuentas privadas. Y Juan Pardinas quien, al frente del Instituto Mexicano para la Competitividad, ha trabajado intensamente por transparentar la riqueza de los políticos y por instaurar un régimen que se tome en serio la lucha contra la corrupción.

Que la respuesta del gobierno del presidente Peña haya sido que su administración no es la responsable de este espionaje configura una arista más para el análisis. Como lo ha dejado saber la empresa que distribuye el malware a través del cual se realiza el espionaje, este software sólo se vende a gobiernos con la finalidad expresa de facilitar, dicen ellos, la intercepción de información que pueda ser relevante para la lucha contra el terrorismo o el crimen organizado. De modo tal que alguien, en nombre del gobierno de México adquirió el malware, lo que hace exigible, y posible, saber quién tiene acceso a él y para qué. Si Presidencia no lo sabe, el espionaje puede estarse realizando desde cualquier parte.

En todo caso, parece evidente que quien espía lo hace porque sabe que las personas objetivo de esta práctica representan un riesgo real, con su trabajo —un trabajo que una democracia real agradecería–– a lo que realmente les preocupa: el desmantelamiento del régimen de opacidad, de complicidades, de conflicto de intereses, que está instaurado en nuestro país y del que el gobierno es parte y guardián.

Es fundamental saber quiénes son responsables de este espionaje y exigir que no se quede impune.

@LGlzPlacencia