blogeditor · 26 de julio de 2021
Zedillo, Fox, Calderón, Peña y López; cinco presidentes de tres partidos políticos que podría decirse abarcan el espectro ideológico formal más amplio. El periodo es de 1994 a la fecha y equivale a los veintisiete años de creado el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Poco menos de tres décadas y “casi el 40% de toda la fuerza policial incumple con uno de los requisitos básicos que contempla (ese sistema) para ser policía en el país y, por lo tanto, son elementos (sic) que de acuerdo con lo que marca la ley deberían ser suspendidos de sus cargos”.
Por si fuera poco, no solo estamos ante un proceso de certificación fallido, soportado en la incompetencia de todos los colores políticos en más de un cuarto de siglo, sino además hay quien prefiere saltar hacia atrás. Para 2017, en el orden federal la certificación había avanzado al setenta por ciento de efectivos y hoy equivale al treinta por ciento, dado que la Guardia Nacional incumplió en mayo de 2021 los dos años de plazo para certificar a todos sus miembros y actualmente solo uno de cada cinco cuenta con el control de confianza aprobado y vigente, según la misma nota. “Eso ubica a la Guardia Nacional como la fuerza policial con el promedio más bajo de elementos (sic) certificados en todo el país”.
Cuando nació el llamado control de confianza, propusimos formalmente desde el Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) a la secretaría de seguridad pública federal de Calderón crear un sistema de supervisión externa sobre el modelo que ese presidente y luego todo mundo vendió como la medicina para acabar con la corrupción de la policía en México. La propuesta la diseñamos con apoyo del conocimiento y la experiencia policial canadiense. Intentábamos someter a evaluación y mejora permanente el modelo de control de confianza, confirmando o refutando su funcionalidad para reducir la corrupción policial. La propuesta no fue aceptada.
Desde que nació, he recibido testimonios a favor y en contra de esa batería de evaluaciones, pero lo que jamás he encontrado es un reporte técnico, independiente y público que haya evaluado su verdadero impacto. Pero más allá de éste, el control de confianza es un mandato legal vigente para ingresar y permanecer en funciones de policía, que el Estado mexicano ha decidido violar sistemáticamente año tras año.
David H. Bayley, quizá el más influyente experto que ha habido en la historia moderna en esta materia, distinguía reforma y reorganización policial. La primera es la que altera la cultura institucional a favor del servicio a la gente, mientras que la segunda es la que solo cambia la estructura institucional, sin alterar la manera como se realiza la función policial.
Cuando nos enteramos que la Guardia Nacional no solo no se certificó en el plazo legal ordenado, sino que más de la mitad entre quienes realizan las pruebas de control de confianza las reprueba, estamos ante una prueba de lo que decía Bayley. La policía no nace por decreto (reorganización) y menos cambiándole el uniforme a alguien que sabe hacer otra cosa. La policía se construye mediante un ordenado y complejo proceso de gestión (reforma).
En la calle ya encontrábamos por todas partes policías sin certificación policial; ahora también nos topamos más y más con militares a quienes les han puesto la etiqueta de “policía”, que tampoco están certificados en control de confianza.
Escoja usted.