Escazú: el endiablado exterior civilizatorio

A Tomás Severino

 

El 22 de abril de este año se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto que promulga el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, hecho en Escazú, Costa Rica, en marzo de 2018.

Este largo y farragoso nombre entraña buenas noticias para nuestra decaída república. Se trata de un acuerdo internacional, avalado por la Organización de las Naciones Unidas y suscrito por el Senado de la República, que genera un nuevo contexto de exigencia en materia ambiental para todas nuestras autoridades.

La idea central de este acuerdo no es nueva y es endiabladamente incuestionable: en materia ambiental i) debe existir la mayor y mejor información pública disponible para todos; ii) como el medio ambiente es de todos, entonces debe alentarse, facilitarse y garantizarse la participación de las personas en la toma de decisiones en asuntos ambientales, y iii) los Estados que firmen el acuerdo deben garantizar que las personas cuyo derecho al medio ambiente sea lesionado puedan acceder a la justicia (reparación del daño, restitución al estado previo al daño, sanciones económicas, garantías de no repetición, atención a las personas afectadas, etc.).

Afortunadamente, este acuerdo vinculante (es decir, que obliga a todas nuestras autoridades, jueces, alcaldes, presidentes municipales, gobernadores, legisladores, presidente, etcétera) entreteje su sentido civilizatorio con el artículo 1º. constitucional, que dice no sólo que todos los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos tienen la misma fuerza jurídica que la Constitución (esto también lo dice el 133 constitucional) sino que los esfuerzos para su cumplimiento deben ser progresivos (no se puede retroceder y debe destinarse a su implementación la mayor cantidad posible de recursos).

Son buenas noticias: en un contexto político de enorme desconfianza hacia todo lo que venga del exterior con ánimo transformador (esa lastimada idea de nuestra soberanía que bien merece una sesión de diván) y en el que la contemplación de nuestro ombligo parece ser la base racional de construcción de nuestro futuro, las señoras y señores senadores han comprometido a nuestro país en una ruta que debe mejorar nuestra gestión ambiental y la forma en que nos dotamos de instituciones para no privar a las generaciones que vengan de un entorno sustentable.

Algunos botones de muestra:

El Acuerdo de Escazú entiende bien que los derechos humanos son interdependientes: si se lesiona uno se lesionan todos. Y prevé, como también lo hace nuestro artículo 1º constitucional, que en la interpretación de las normas jurídicas siempre deberá utilizarse aquella (nacional o internacional) que más beneficie y proteja a la persona cuyo derecho sea afectado. Es decir: un alcalde en la Ciudad de México, un juez, un gobernador o el presidente de la república, en el ejercicio de sus funciones, siempre deben estar a lo que digan los acuerdos internacionales en el caso de que éstos garanticen mejor el derecho al medio ambiente limpio de lo que lo hacen las leyes nacionales.

Escazú también reconoce que para garantizar que las personas puedan acceder de manera expedita a información ambiental, los Estados parte, como México, deben contar con “uno o más órganos o instituciones imparciales y con autonomía e independencia”. Vaya, la idea de tener órganos autónomos que garanticen derechos humanos no surgió de las neoliberalidades perversas de intereses oscuros nacionales, sino que se halla en la racionalidad democratizante y civilizatoria de los circuitos internacionales que buscan potenciar y robustecer las capacidades de los Estados de todo el mundo para garantizar derechos y libertades.

El Acuerdo de Escazú, además, incluye un listado de rubros de información que todos los países deben actualizar y hacer públicos, por ejemplo el listado de zonas contaminadas (por tipo de contaminante y localización), los procesos de evaluación de impacto ambiental o un registro de emisiones y transferencia de contaminantes al aire, agua, suelo y subsuelo, y de materiales y residuos.

Más aún: México se compromete a publicar a lo mucho cada cinco años un informe nacional sobre el estado del medio ambiente que diga, entre otras cosas, cómo hemos avanzado en garantizar los derechos que el propio Acuerdo de Escazú reconoce e impulsa. Y, fíjese usted, a impulsar “evaluaciones independientes de desempeño ambiental que tengan en cuenta criterios y guías acordados nacional o internacionalmente e indicadores comunes, con miras a evaluar la eficacia, la efectividad y el progreso de sus políticas nacionales ambientales”.

El Acuerdo de Escazú puede ser una ruta virtuosa o, al menos, un muro de contención contra retrocesos en materia de derechos ambientales (participación, acceso a la información y acceso a la justicia).

Nos guste o no, la razón de ser de los regímenes democráticos es garantizar y amplificar la protección y la prevención en materia de derechos humanos. Y, nos guste o no, existe una comunidad internacional que sabe detectar las mejores formas para hacerlo, los callejones sin salida y los extravíos. Ojalá Escazú sea una fuga hacia delante y no una nota discordante en el concierto de nuestro quiosco parroquial.

* Sergio López Menéndez es investigador en Controla Tu Gobierno, A.C. (@ControlaTuGob).