¿Es viable la renuncia del presidente?

La crisis de credibilidad del presidente se refleja en una brutal caída en su aprobación. Así coinciden las encuestas de El Universal, Reforma y Excélsior. Su posible involucramiento en actos de corrupción alimenta el escepticismo entre líderes de opinión, empresariales, políticos y sociales sobre su capacidad y legitimidad para poner un alto a la podredumbre que carcome al país. Según Reforma, 91 por ciento de los líderes rechaza la manera en que el presidente está atacando la corrupción y 65 por ciento de la población en general opina lo mismo.

Todo se le ha descompuesto al presidente. Al escándalo de la Casa Blanca develado por el equipo de Aristegui Noticias, se suma otra mansión que ocupó como oficina Enrique Peña Nieto durante la campaña y el periodo de transición, y como casa habitación siendo gobernador. En ambos casos el dueño es el mismo contratista ampliamente beneficiado en los megaproyectos de las administraciones del ahora titular del Ejecutivo. Estos hallazgos reclaman la urgencia de una investigación para saber si este evidente conflicto de interés derivó en los delitos de cohecho y tráfico de influencias que, de corroborarse, debieran llevar a la renuncia del presidente o la separación de su cargo luego de un juicio político.

La experiencia latinoamericana señala que cuando se lleva a cabo un juicio político que termina con la separación del presidente, ni la democracia ni la economía sufren de forma significativa. No ha sido el caso cuando hay revueltas populares combinadas con una oposición que no es leal a las reglas democráticas, al tiempo de que no existe un caso legal de por medio sino una simple oposición a políticas implementadas desde el poder. En México existe fundamento legal para un juicio político y certidumbre sobre el proceso de sucesión, por lo que queda en el tintero la viabilidad práctica de una renuncia presidencial.

De acuerdo con Sergio Aguayo, las transiciones políticas tienen cinco variables que las explican.

En primer lugar está el peso de la capital y las zonas urbanas que, paradójicamente, impulsa la proliferación de grupos que rompen las estructuras de control centralizado y jerárquico. Las manifestaciones de los últimos meses dan cuenta del creciente dinamismo cívico de las grandes urbes del país.

En segundo lugar está el debilitamiento del bloque histórico gobernante donde las crisis económicas y las disputas por el poder generan condiciones para una ruptura en la élite. Este punto es el más complicado. Con una oposición desdibujada, el pacto de impunidad que cubre a la clase política genera incentivos para la inacción. La única alternativa es la emergencia de un grupo político al interior del mismo PRI que dispute el poder al presidente. Su instinto de supervivencia hace remota esta posibilidad. No obstante, existen indicios de una ruptura con la clase empresarial que podría inclinar balanzas.

Posteriormente está el incremento en la autonomía y el poder de personas y grupos: partidos, organismos civiles, intelectuales, periodistas, grupos armados, multimillonarios, sindicatos y crimen organizado. En este sentido la alternancia del 2000, por un lado, y las reformas estructurales aprobadas por la administración de Peña Nieto por el otro, han trastocado los equilibrios de poder existentes alejándolos del círculo presidencial y su área de influencia.

[contextly_sidebar id=”qiMbDtDbrH4nwGbHY9vcfglt7diSG24H”]No obstante, el sector más débil de esta ecuación es el de la sociedad civil y no por falta de entusiasmo sino por la falta de claridad en una propuesta que resulte atractiva a la población y sea detonante de su organización. En este punto me detengo. Para que la participación en una movilización social que provoque la caída de un presidente ocurra, es indispensable que el número de participantes sea muy alto; que la renuncia presidencial sea considerada valiosa por la mayoría de los participantes; que los beneficios personales de quienes participan superen los costos de participación (daños físicos o patrimoniales, costos de oportunidad). Para evitar que las inconformidades se multipliquen y articulen, es claro que el gobierno buscará desmovilizar a la población y elevar el costo de participar con actos violentos y de represión. En esto los medios masivos serán el principal aliado del gobierno para generar un pánico moral que aliene a la opinión pública.

La cuarta variable es el peso del factor externo. En este sentido no hay duda: el presidente Peña Nieto no las trae consigo. Un día sí y el otro también los más influyentes medios impresos de todo el mundo han golpeado la imagen presidencial con serios cuestionamientos sobre su capacidad para instaurar un estado de derecho en el país y combatir la corrupción. Si bien los gobiernos extranjeros han actuado con cautela, tampoco han respaldado sin condiciones al gobierno mexicano.

Finalmente está el papel de la información, las ideas y las negaciones. El cambio en las tecnologías y los medios sociales han impuesto una gran velocidad e independencia a la diseminación de ideas que ponen en la agenda pública una serie de preguntas relevantes que cuestionan el status quo. En este sentido, la consigna más exitosa ha sido #FueElEstado pues condensa una crítica profunda, como apuntan José Merino y Antonio Martínez, a la ausencia de mecanismos funcionales de control judicial (sistema de justicia penal, autonomía de contralores y sistema de derechos humanos) y de control político (competencia electoral, pluralidad y representación política) que equilibren las disparidades de poder y haga realidad la idea de un Estado para todos y no uno con debilidades selectivas y discriminatorias como el que tenemos.

En suma, cada una de las variables tiene elementos que hacen posible pensar en la viabilidad práctica de una renuncia presidencial. Pero también tienen pendientes. Si el gobierno es exitoso en reactivar los mecanismos de control político centralizado, cohesiona a las élites a su alrededor, desmoviliza a la población con la exaltación de la violencia y la represión, apacigua las críticas internacionales y presenta un mapa de navegación que resuelva la crisis del Estado que se está viviendo, no tendrá inconvenientes para concluir su mandato.

Ahora bien, el costo habrá sido solapar un acto de corrupción que da rienda suelta a gobernadores, legisladores, presidentes municipales, mandos superiores y medios de la burocracia, contratistas y empresarios para imitar el camino. No obstante sabemos, como lo recuerdan desoladoramente Ayotzinapa (por mencionar un caso reciente) y Guardería ABC (por mencionar uno particularmente doloroso), que la corrupción mata. Y este gobierno, hasta ahora, no cuenta con la legitimidad para combatirla.

 

@albertoserdan