El error de abril

Ni Chana ni Juana. Ni la depredación imperial de Donald Trump, ni la protección impune de la macrocriminalidad en México. Vaya lugar en el que nos quieren poner: el embate injerencista o la demagogia soberanista. Ni una ni otra. Ambas mienten abiertamente. Ni Estados Unidos hace esto principalmente porque persigue la justicia ni México dice no a la extradición del gobernador de Sinaloa por motivos de soberanía. Ambos países utilizan sus agendas a conveniencia y, desafortunadamente, logran engañar a tanta gente. Impresentables ambas posturas, manipuladoras y oportunistas.

Cien años tiene Estados Unidos con evidencia de nexos criminales entre el gobierno de Sinaloa y la delincuencia organizada, nos explica Sergio Aguayo. Por su parte, el informe anual global de las drogas de la ONU nos recuerda, una vez más, que el narcotráfico se expande porque las políticas no logran lo que prometen: reducir oferta y demanda. La relación entre ambos países en materia de seguridad debe analizarse como la política en general: una arena de disputa, tensiones y conflictos que construye audiencias a través del espectáculo y en función de los poderes y relatos hegemónicos.

Es cosa de cada quien ver qué hace cuando se desnuda burdamente la mentira política —lo cual, ciertamente, es ya cotidiano—. El desencuentro de Estados Unidos y México no tiene que ver con que alguien de ese o este lado sabe, quiere y puede neutralizar los mercados criminales y sus liderazgos. Es un capítulo de la historia en el que las partes de la relación se han desalineado, tensándose, supuestamente, hasta la posible ruptura de los resortes de negociación.

La relación es asimétrica, ya sabemos, pero también carga con amplísimos márgenes de simulación, cuando menos en la llamada agenda bilateral de seguridad. Entre mis evidencias recientes más sólidas para afirmarlo, está haber confirmado, a través de múltiples entrevistas que hice con actores oficiales de ambos países, preguntándoles sobre las convergencias, las divergencias y los resultados de la llamada Iniciativa Mérida; en síntesis, a nadie le interesó medir el impacto de la misma con indicadores compartidos, me confirmaron.

Los discursos de poder no se sostienen porque tienen que probar nada; se sostienen porque logran convencer y se caen cuando no. La diferencia del momento actual no es que por fin llegó quien hará cumplir la ley, cueste lo que cueste, allá o acá; la diferencia es el desalineamiento entre el embate imperial de Estados Unidos y el equilibrio de alta criminalidad de México. Mientras Trump llegó a cambiar las reglas, Claudia Sheinbaum parece sostener con alfileres las reglas que han estabilizado al país históricamente, siendo la impunidad acaso la de más alto valor de cambio.

El relato de buenos y malos es de alto consumo masivo (como muchas de las películas más caras, vacías y taquilleras de Hollywood), pero es superficial y su función es distraer para ganar audiencias cuya credibilidad depende, no de la calidad de las políticas públicas, sino de la calidad del espectáculo. Nadie —casi— quiere escuchar nada de otra de las grandes verdades incómodas, confirmada por el Índice Global de Delincuencia Organizada 2025: son personas vinculadas al Estado las que ejercen mayor influencia en el mundo a favor de las redes criminales. Nadie —casi— quiere hacerse cargo del hecho evidente de que estamos pidiendo al Estado que someta un fenómeno del cual es partícipe.

El error de abril es la decisión de Sheinbaum de negar la validez del informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, cerrándose ante la oportunidad de recibir asistencia técnica internacional desde un mecanismo multilateral. La jefa de Estado no quiso, no pudo o no supo entender el tiro a gol que le pusieron.

Nada puede asegurar que aceptar la cooperación internacional por esta vía resolverá la crisis humanitaria de las desapariciones, pero lo que está fuera de duda es que ahí estaba un argumento de poderosa legitimidad interna y externa para la presidenta, con varios posibles impactos en carambola, especialmente, al menos, los siguientes: trasladar el liderazgo contra la impunidad a una entidad transicional inédita puesta en marcha en México, con participación multinacional; encabezar el diseño de un plan de reconstrucción institucional con soporte igualmente de la ONU, llevado luego a una reforma de Estado con altísimos costos para quien niegue el apoyo. Pudo pertrecharse la presidenta para llevar este portafolio a la mesa de negociación con el imperio del norte.

¿Imposible que suceda cualquier cosa en la ruta de la asistencia multilateral ante nuestra crisis humanitaria? Puede ser. ¿Entonces? ¿A tomar partido por la agenda de dominio extraterritorial de Estados Unidos o a favor de prolongar aquí el equilibrio de alta criminalidad?

Ni chicha, ni limonada.