Erradicar la tortura: la importancia de su investigación, procesamiento y sanción

Por: Chantal Reyes y Natalia Báez 

Tan sólo de 2006 a 2014 se han presentado 104 quejas relacionadas con tortura en la CNDH y se han emitido 79 recomendaciones. Además de 4,404 quejas sobre la comisión de tratos crueles, inhumanos o degradantes en el mismo periodo. Por su parte, la Procuraduría General de la República suma 4,055 denuncias referentes al delito de tortura del 1° de diciembre de 2006 al 30 de octubre de 2014.

Ante este preocupante contexto, el 18 y 19 de enero la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT), el Instituto para la Seguridad y la Democracia, el Centro Miguel Agustín Pro Juárez, el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad y la Suprema Corte de Justicia de la Nación llevaron a cabo el “Foro internacional sobre investigación, procesamiento y sanción de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

El Foro tuvo como objetivo principal abrir un espacio interdisciplinario para compartir experiencias sobre la prevención, investigación, procesamiento y sanción de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes. Durante el evento participaron defensoras y defensores de derechos humanos del interior de la República, integrantes de organizaciones de la sociedad civil, de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, del Tribunal Superior de Justicia y de las Procuradurías y Fiscalías de los Estados de la República.

La conferencia magistral, a cargo de Fernando Mariño (expresidente del CAT y miembro de la OMCT) que dio inicio al Foro, abordó temas sobre los Estándares de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas crueles, Inhumanos o Degradantes desde la interpretación y aplicación del derecho por parte de los operadores de justicia. Posteriormente, José A. Guevara de la CMDPDH hizo énfasis sobre la deficiente iniciativa de ley sobre tortura presentada por la Presidencia de la República, misma que no cumple con los estándares internacionales y no atiende la problemática de fondo, contribuyendo a la impunidad del delito. Además, resaltó el uso de la tortura como método de investigación de delitos en México, lo que contribuye a que el sistema penal no funcione de manera idónea. Mencionó también que se requieren reformas estructurales para lograr la erradicación de la impunidad en torno al delito de tortura, como la reforma integral y conforme a derechos humanos del Código de Justicia Militar, la eliminación del arraigo y de la cuasi flagrancia.

En la mesa de trabajo “Investigación y sanción de la tortura y malos tratos como delito y como violación a Derechos Humanos”, Camilo Sánchez miembro de la organización DeJusticia (Colombia) compartió sus experiencias en relación a los retos que enfrenta el sistema jurídico colombiano, en cuanto a la conceptualización del tipo penal del delito de tortura y la delimitación de la gravedad del mismo. Asimismo, recalcó la importancia de conocer, interpretar e implementar los estándares establecidos en las convenciones internacionales sobre tortura, para mejorar la legislación nacional. Por otra parte, habló sobre la relevancia de una investigación interdisciplinaria que contemple no sólo abogados, sino también “investigadores del crimen” permitiendo que el caso se investigue de manera exhaustiva.

Edith Escareño, integrante del Colectivo contra la Tortura e Impunidad, resaltó la falta de capacitación de peritos encargados de aplicar el protocolo de Estambul en México, recalcando que si bien existen esfuerzos por extender la evaluación médica y psicológica en casos de tortura, la realidad es que el sistema jurídico mexicano aún enfrenta grandes deficiencias.

Juan José Quispe, abogado del Instituto de Defensa Legal (Perú), señaló las fallas en el sistema penitenciario peruano, que permiten la práctica recurrente de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes al interior de las cárceles y asemejó esto a la situación en México. Por su parte, Daniel Urrutia – Coordinador de la Red Iberoamericana de Jueces– destacó la trascendencia de los jueces de control y de ejecución en las cárceles latinoamericanas para evitar la comisión de la tortura; resaltó además, el papel de los jueces como defensores de derechos humanos. Otros temas que se abordaron fueron la importancia del juez para analizar pruebas, alegatos y demás datos en casos sobre tortura, y a su vez determinar una reparación integral a las víctimas; el carácter imprescriptible de la tortura como delito, y la tortura como método de investigación.

El día 19 de enero se impartieron dos talleres simultáneos, uno dirigido a operadores de justicia y otro a defensoras y defensores de derechos humanos.

El taller dirigido a personas defensoras de derechos humanos tuvo como propósito otorgar herramientas nacionales e internacionales necesarias para el seguimiento efectivo de casos sobre tortura, tales como: la documentación, investigación penal y denuncia de casos de tortura a nivel nacional, el agotamiento de recursos jurídicos internos y la utilización de mecanismos de organismos de naciones unidas – el Comité contra la Tortura y la Corte Penal Internacional.

El taller dirigido a operadores de justicia, tuvo como eje central: la debida investigación en casos de tortura, como una violación grave de derechos humanos y como delito para garantizar el debido proceso del imputado por parte de los operadores de justicia; la importancia de los jueces de ejecución en cárceles mexicanas, y los derechos de las víctimas a una reparación integral que no solamente sea una indemnización económica sino que atienda la compleja situación que viven las víctimas de tortura.

La tortura ha sido calificada como generalizada y en ocasiones sistemática en algunas regiones de México y Latinoamérica. Por ello, se hace imprescindible que quienes están al frente de las instituciones impartidoras de justicia en nuestros países reconozcan el problema y abonen al fortalecimiento de las mimas para erradicar por completo esta terrible práctica.

El foro completo se puede ver aquí:

 

* Chantal Reyes y Natalia Báez son colaboradoras en el área de Investigación de la @CMDPDH.