Equidad, ¿entre quiénes?

Por: Luisa Pérez

En la inauguración del foro Equidad para las víctimas en el debido proceso, el presidente Enrique Peña Nieto enfatizó la necesidad de equilibrar las garantías y recursos entre víctimas y victimarios, bajo el argumento de la equidad entre las partes.

La equidad, o “igualdad de armas”, es uno de los principios del debido proceso en los sistemas adversariales. Su composición histórica responde a que tanto la acusación, representada por el Estado, como la defensa de la persona acusada, se encuentren en una situación equitativa. Esta fue una forma de reconocer la disparidad de fuerzas entre el Estado y el individuo sometido al aparato estatal; de allí que las garantías del debido proceso estén asociadas con la defensa de la persona imputada.

Sin embargo, las víctimas se encuentran en una situación de desamparo por parte del Estado, quien al ejercer el monopolio del sistema penal expropia el conflicto entre víctima y acusado. En consecuencia, los derechos de la primera se han visto históricamente relegados a segundo plano; especialmente, su participación en el proceso penal.

La dicotomía víctima/acusado, asociada a la idea de desventaja entre uno y otro, resulta falsa. Ambos quedan desfavorecidos frente al Estado: esta es la equidad a restaurar, no la que se presentó en el foro Equidad para las víctimas en el debido proceso.

El abrazo y el pastel

Durante esta administración se han incrementado las estadísticas sobre la cantidad de víctimas de la violencia, a tal grado que existe un consenso en la comunidad internacional respecto a que Mexico atraviesa un crisis en materia de derechos humanos; y entonces, ¿cómo puede entenderse que uno de los referentes sociales de la lucha por los derechos de las víctimas abrace públicamente al presidente, máximo responsable político del problema que Isabel Miranda de Wallace dice combatir? ¿Por qué lo hizo?

¿Cuál es su finalidad? Quizá continuar posicionándose como actor político en temas relacionados con la lucha contra la criminalidad: discurso siempre atractivo para cualquier plataforma electoral.

Lamentablemente, en Mexico la calidad de víctima no está en competencia. Ser privado de la libertad de forma arbitraria, desconocer el paradero de una persona, que se extorsione a la familia, y que los restos aparezcan más tarde –o nunca- es parte de la cotidianidad de miles de mexicanos y migrantes. La gran diferencia es que en unos casos la conducta criminal es atribuida al crimen organizado; en otros, a las fuerzas de seguridad; y en muchos más, a ambos.

Y el presidente Peña Nieto, ¿qué gana al tomarse una foto con quien denuncia a la autoridad? Obtiene el desplazamiento de una de sus mayores deudas como presidente de la República: la evasión de las violaciones a los derechos humanos y la impunidad en la que prevalecen. En consecuencia la tendencia es negar a la víctima.

Este tipo de foros le permiten al presidente seguir mirando para otro lado; ahora, sin embargo, de una manera mucho más elegante: ya no hay más víctimas que las de la delincuencia.

Incluso quienes defienden a las otras víctimas –que han sufrido violaciones a sus derechos humanos–terminan involucrados en falsas corruptelas o malversación de fondos, como parte evidente de una campaña de desprestigio que diluye el problema que representa para un gobierno de origen democrático los millares de personas desaparecidas. Sólo de esta manera se entiende la alianza presumida durante el foro: todos ganan… excepto el sector menos privilegiado y más amplio: el de las víctimas.

Si el Estado mexicano aspira a ser realmente un Estado de Derecho, el Congreso deberá fungir como contrapeso natural y vigilar que los cambios legislativos no estén encaminados a la aprobación de una ley regresiva, centrada en el sector de víctimas del delito, sino que garantice la protección de aquellas cuyos derechos humanos han sido violados.

Hasta entonces, se podrá hablar de equidad.

 

* Luisa Pérez es investigadora en el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, A. C. (@IMDHyD), organización civil sin fines de lucro, dedicada a impulsar el respeto y fortalecimiento de los derechos humanos y la democracia. Inició actividades en 2007 con un equipo de profesionales con amplia experiencia en temas sociales, comprometidos con la causa de los derechos humanos y la promoción de la democracia.