blogeditor · 23 de noviembre de 2016
Según la Organización Mundial de la Salud, existe una epidemia de homicidios intencionales cuando se registran diez o más casos por cada 100 mil habitantes. En 1995, fecha en la que se publicó la ley que creó el Sistema Nacional de Seguridad Pública, la proporción equivalía a 17.5 casos. Dos décadas después, en el 2015 se reportó prácticamente la misma tasa: 17.7. Para tener una perspectiva de la gravedad de nuestra situación, sepa usted que el número de homicidios intencionales por cada 100 mil habitantes en Europa es de 2.2, en Asia de 3.6, en Oceanía de 4.4 y en África de 8.3. Sí, la tasa de homicidios violentos en México supera en más de dos veces la de África.
En su nivel más alto, los homicidios llegaron en el 2011 casi a una tasa de 24. La proyección de Alejandro Hope para el 2016 es de 21. Es decir, en este año ya no estaremos dos sino casi 3 veces arriba en comparación con África, en posible ruta hacia la repetición del pico de homicidios en el 2011, el peor año. Y es razonable proyectar incluso la posibilidad de que sea más grave en años venideros.
Imagínese que nuestro país no hubiera sabido contener la influenza A (H1N1), por no contar con un protocolo eficaz para hacerlo. Pues así sucede con la epidemia de homicidios intencionales: no hay protocolo. Por increíble que parezca, los presidentes de México, uno a uno, cuando menos durante los últimos cuatros sexenios, han ofrecido reducir la violencia homicida sin tener en su caja de herramientas alternativas de política pública para ello, construidas con base en el conocimiento científico de vanguardia.
No por otra cosa el apenas publicado Mapeo de Programas de Prevención de Homicidios en América Latina y El Caribe no encontró en México casos de éxito con evaluación de impacto. Entiéndase bien: luego de veinte años de haberse acumulado la más grande inversión para proteger la integridad y los derechos de las personas, principalmente a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, no ha surgido de oficina alguna en todo el país un proceso experimental de reducción de homicidios, controlado por estándares científicos y técnicos adecuados. No hay documento público alguno que muestre lo contrario.
La epidemia de homicidios violentos en México se mueve geográficamente por el territorio nacional y, sin embargo, los gobernadores que la sufren también han decidido no construir una caja de herramientas inspirada en el saber moderno. El presidente y los gobernadores hablan de perseguir el delito de homicidios (por cierto, sin lograrlo en la gran mayoría de los casos), pero jamás hablan de prevenirlo. No al menos con conocimiento de causa. Por eso no presentan políticas públicas basadas en aspectos tales como el control de los factores de riesgo o protección, la promoción de cambios culturales, la protección a grupos de riesgo, la reinserción, mediación o negociación dirigida a victimarios y las estrategias integradas de reducción de la violencia letal, entre otros.
El ejemplo que más ha sonado en los últimos días es el estado de Guerrero, justo porque la violencia homicida podría llegar ahí en el 2016 a su nivel más alto registrado al menos en la historia reciente de la entidad. Aquí pueden escuchar lo que dice el gobernador Héctor Astudillo al respecto. La entrevista lo confirma; la tragedia es doble, la matanza y la ausencia siquiera de los ejes básicos de una estrategia preventiva basada en el conocimiento de frontera.
No busque una oficina donde se esté diseñando la vacuna contra los homicidios violentos en México. Las autoridades nos lo confirman todos los días: no la hay.