ENVIPE 2013: la peligrosa obsesión con los números

Por: Jaime López-Aranda Trewartha (@jaimelat)

El INEGI inició un pequeño incendio en el edificio de análisis y debate de la seguridad pública en el país con su estimación del número de secuestros y desapariciones forzadas durante 2012. Encabezado tras encabezado: “105,600 secuestros en México en 2012”, más de 104 mil secuestros de los que no tenía noticia nadie, ni la sociedad civil ni el gobierno y peor, entre cuatro y cinco veces más secuestros que homicidios, registrados por averiguaciones previas o por actas de defunción. A eso se suman 4,007 desapariciones “forzadas”—luego renombradas como “involuntarias”—que son 16 veces más de las que documentó Human Rights Watch de 2007 a 2012.

A primera vista, estas son cifras para salir corriendo hacia la puerta con las pertenencias indispensables —y de paso para dejar algunas renuncias en la puerta. Como escribe Carlos Puig en una de sus columnas: “Si la cifra del INEGI es cierta, habría que repensar de cero todo lo que hemos pensado sobre estrategia de justicia y lucha contra el crimen”. No habría excusa posible para haber subestimado de tal manera el problema durante tanto tiempo ni, para el caso, habría tiempo de pensar en nada que no fuera la emergencia a mano. La cantidad de recursos que tendrían que redirigirse para abatir estos delitos dejarían sin fondos cualquier otra estrategia o proyecto en materia de seguridad pública, y aún así, tomaría varios años crear las capacidades necesarias para ello en caso de que fuera posible. De nuevo, ni siquiera las estimaciones más radicales estimaron un problema de estas dimensiones. No habría forma de responder a una emergencia de este tamaño y ni siquiera se había pensado que fuera posible tener que hacerlo.

Excepto que se trata de una falsa alarma. Casi un malentendido, si se quiere. Pero resulta extraordinariamente útil. Al edificio le hacía falta un pequeño incendio.

[contextly_sidebar id=”fdcb5630dea18578d96a5b1a70a5890b”]El problema no es que los datos del INEGI sean incorrectos. La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) es un instrumento que ha venido evolucionando con el tiempo y que produce resultados muy útiles. Por supuesto, como toda estimación, no debe tratarse como un instrumento de precisión, pero la metodología es transparente e incorpora muchas de las mejores prácticas a nivel internacional. (El cuestionario, los tabulados y los micro datos pueden consultarse aquí.) El problema es más bien que con el secuestro y la desaparición forzada, se está estimando algo fundamentalmente distinto a lo que se venía midiendo en otros ámbitos. Tan distinto, que ni siquiera es quizá posible utilizarlo en este momento para fijar prioridades de seguridad pública. La ENVIPE 2013 no nos está advirtiendo que haya una crisis que estábamos ignorando y que debería obligarnos a redirigir todos los recursos que tenemos a resolverla; en realidad, nos está recordando que aún no tenemos un consenso mínimo de cómo reconoceríamos una crisis de seguridad pública y cómo responderíamos a ella.

El caso del dato de secuestro es particularmente emblemático de este problema. La ENVIPE pregunta al entrevistado si algún integrante del hogar “sufrió un secuestro o secuestro exprés para exigirle dinero o bienes” en 2012. Esta es una formulación sensible, en tanto que reconoce que la privación ilegal de la libertad es un delito prioritario en todas sus modalidades y de hecho recupera parte del espíritu y la letra de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en materia de Secuestro. Sin embargo, presenta un problema fundamental: el costo de perseguir y sancionar un delito y otro es fundamentalmente distinto, por no mencionar los costos para la víctima.

Aunque se puede argumentar que tratar al secuestro exprés como un simple robo agravado es miope e incluso injusto, el hecho es que el no implica periodos prolongados de privación de la libertad, negociaciones especializadas y tiende a involucrar montos financieros menores. Tratar a uno y otro como equivalentes y demandar que reciban el mismo nivel de atención y especialización sería un despropósito extraordinariamente costoso, y sin embargo, es justamente lo que estaríamos haciendo si utilizáramos sin más el dato que se presenta para declarar la crisis.

El caso de la desaparición “forzada” o “involuntaria” tiene un problema similar. En este caso ENVIPE pone “en el mismo costal” casos en los que presuntamente intervino la autoridad y casos en los que, estrictamente, un grupo criminal cometió un secuestro—presumiblemente para causarle daño a la víctima, en lugar de para cobrar rescate. Como en el caso del secuestro exprés, es posible construir el argumento de que los secuestros y homicidios de los grupos criminales son responsabilidad del estado y que constituyen una categoría fundamentalmente distinta que debe equipararse a las desapariciones forzadas como se definen en las convenciones internacionales en la materia, pero este es un debate que debe ocurrir antes.

No estamos (probablemente) en crisis entonces, pero está claro que aún es necesario desarrollar mejores indicadores de lo que está ocurriendo. Esta fue una falsa alarma, pero eso no debería tranquilizar a nadie.

* Jaime López-Aranda Trewartha es especialista en políticas públicas. Fue Titular del Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.