Entre verdad e impunidad: ‘Matarife’ promete camino

El periodista Daniel Mendoza Leal estrenó el 22 de mayo la serie ‘Matarife’, 50 episodios sobre el expresidente y actual senador colombiano Álvaro Uribe, al que califica en la frase inicial de su serie como el “más despiadado genocida moderno que ha pisado el continente”.

En Colombia, el nombre de Álvaro Uribe Vélez aparece como un oxímoron de lo más complejo para la población colombiana. Algunas personas lo enaltecen por su “gran” labor como presidente y la lucha que este llevo contra la guerrilla las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), gracias a su política de “seguridad democrática”. En sus palabras “no hay contradicción entre seguridad y democracia. Por el contrario (…) sólo cuando el Estado castiga implacablemente el crimen y combate la impunidad hay plenas garantías para ejercer la oposición y la crítica”¹. En junio del 2019, una placa en su honor fue puesta en el Congreso, destacándolo como un “colombiano ejemplar quien regresó al Senado a continuar trabajando por el país”, sin olvidar que en el 2013 fue elegido como “El gran Colombiano”, un proyecto a la iniciativa de History Channel para elegir el personaje más importante de la historia de Colombia.

Para otros, tal como lo señala el periodista Daniel Mendoza, su nombre remite a una visión de un hombre “cegado por la sed de venganza que lo convirtió en un ser temido por la mayoría del pueblo colombiano”. En este sentido, cabe resaltar que el balance de sus políticas basadas en la represión militar, en acuerdo a los principios de la “seguridad democrática” son altamente deficitarios frente a los derechos humanos. En el 2009, Human Rights Watch, expresaba su preocupación por la grave situación de la democracia, del Estado de derecho y por las graves violaciones de los derechos humanos cometidos durante la presidencia de Álvaro Uribe. En particular, sobre los frecuentes asesinatos extrajudiciales “sistemáticos” de civiles, la violencia contra los sindicalistas, las fuertes intimidaciones y agresiones verbales contra sus opositores –especialmente defensores de los derechos humanos–, el incremento de nuevos grupos armados paramilitares y el desplazamiento forzado². Asimismo, la fundación Paz & Reconciliación estableció el balance al término de la presidencia del exmandatario, que en materia de derechos humanos, dejó un saldo en rojo³.

El lanzamiento de la serie ‘Matarife’, ha puesto al rojo vivo los debates entres sus opositores y seguidores. Si su reciente lanzamiento el 22 de mayo y con solo dos capítulos publicados, no permite actualmente de realizar un juicio claro sobre su contenido, un punto central que ofusca actualemente a los partidarios de Uribe es el nombre de la serie. ‘Matarife’ hace referencia a una persona que trabaja en un matadero, y que realiza la labor de sacrificar a los animales. ¿Balance de sus políticas? O como lo expresa una periodista uribista: acusaciones e insultos, irresponsables y sin fundamentos hechos contra un ‘gran colombiano’⁴. Cabe resaltar, que la libertad de expresión atributo esencial de todo estado de derecho no es un derecho absoluto. Así, Álvaro Uribe Vélez ha recurrido en numerosas ocasiones, sin mayor éxito a obtener la retractación en Twitter de adjetivos que lo califican de ‘matarife’, asesino, mafioso, entre otros. Recientemente, en mayo del 2020, logró a través una nueva acción de tutela, obtener la retractación de 2 de 12 Tweets hechos por Gustavo Bolívar. En esos dos casos, los magistrados del tribunal establecieron que “excedió el limite de razonabilidad al hacer afirmaciones que deben ser conocidas y tramitadas por la autoridad judicial competente”⁵.

Uribe frente a la justicia sin justicia

Lo cierto es que es el debate sobre la culpabilidad del exmandatario sigue hoy abierto, pese a las 28 investigaciones penales⁶ en su contra y los aproximadamente 185 procesos en curso en su contra en la Comisión de Acusaciones desde julio del 2003⁷. Los cargos de estas acusaciones van desde la corrupción, injurias, calumnias, hasta masacres como la del Aro y de la Granja, asesinatos, los falsos positivos, participación en el narcotráfico y en la conformación de grupos paramilitares. Igualmente, la duda persiste frente al hecho que de los 30 miembros de su círculo de poder, diez tienen investigaciones serias, nueve fueron condenados penalmente, uno tiene fuertes sanciones disciplinarias⁸. Recientemente, el 26 de mayo del 2020, el esposo de la vicepresidente Álvaro Rincón Muñoz, fue citado a declaración jurada sobre su relación con Guillermo León Acevedo, relacionado con los paramilitares y redes de narcotráfico.

Así, entre los uribistas y antiuribistas se encuentra un porcentaje de la población, que le concede al exmandatario el beneficio de la duda. El argumento mayor parece ser el silencio de las autoridades judiciales y ante todo la ausencia de condena firme en su contra. Argumento que parece alinearse con uno de los principios fundadores del derecho penal según el cual toda persona acusada de un delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad. La necesidad de un proceso jurisdiccional, que respete los derechos de la defensa, que siga una investigación seria e imparcial con el fin de establecer la verdad sobre sus acusaciones, aparece hoy como una necesidad vital para las víctimas, el país y hasta para sus seguidores.

En efecto, la “inacción” frente a los casos que involucran el expresidente no se debe a la ausencia de pruebas en su contra, esta se debe principalmente a la existencia de la corrupción, de la influencia política y de violencia del país, factores que favorecen la impunidad en Colombia⁹. A esto se suma, las numerosas fallas del aparato judicial colombiano, como la congestión judicial, la ausencia de capacidad técnica de investigación y no menos importante la falta de independencia judicial¹⁰.

El posconflicto como esperanza de verdad

El panorama aparece hoy, a pesar de lo mencionado, con un poco de esperanza –que se espera no sea efímera–. Así, tres eventos importantes merecen ser citados, y a los cuales la aparición de esta serie debe sumarse. El primero, es el proceso de paz firmado con la guerrilla en el año 2016, este proceso ha puesto en el orden de día, la necesidad y el derecho de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana de conocer la verdad. Y es que la verdad, como se encuentra establecido en el principio 2, de los derechos actualizados para la lucha contra la impunidad de Naciones Unidas dispone que “(c)ada pueblo tiene el derecho inalienable a conocer la verdad acerca de los acontecimientos sucedidos en el pasado en relación con la perpetración de crímenes aberrantes y de las circunstancias y los motivos que llevaron, mediante violaciones masivas o sistemáticas, a la perpetración de esos crímenes”¹¹. La Corte Constitucional de Colombia ha establecido igualmente que el derecho a la verdad esta relacionado con los deberes constitucionales del Estado de conformidad al articulo 2 de la Constitución, su efectividad debe garantizarse¹². Así, graves violaciones de derechos humanos se encuentran hoy en la mira de instituciones como la Comisión de la Verdad y de la Jurisdicción Especial para la Paz (La JEP), pero igualmente frente a una sociedad que ha comenzado a interesarse cada vez más en su historia.

El segundo evento importante tuvo lugar el 7 de octubre de 2019, día en que, por la primera vez en la historia colombiana, un expresidente rindió indagatoria en un alto tribunal, por un caso de presunto fraude procesal y compra de testigos. El tercer evento que se encuentra ligado al abogado y periodista Daniel Mendoza –de la serie ‘Matarife’–, fue la apertura de la indagación preliminar a Álvaro Uribe, por su presunta implicación en la compra de votos en las elecciones presidenciales de 2018.

Si el panorama parece ‘positivo’, el camino para resolver la verdad sobre le rol que Álvaro Uribe Velez jugó en numerosas violaciones de derechos humanos durante el conflicto colombiano, parece abierto. Sería ingenuo perder de vista, que el gobierno actual –fuertemente uribista–, desde su llegada se ha presentado como una entraba al proceso de paz. Del mismo modo, no se pueden cerrar los ojos frente a la declaración que Daniel Mendoza hizo al periódico francés Le Parisien: “Álvaro Uribe Vélez dirige desde hace más de 30 años el aparato de poder en Colombia”¹³.

Los esfuerzos desplegados actualmente en el marco de la justicia transicional colombiana, por las ONG, las víctimas, la población civil, así como la Corte suprema de Justicia, podrán en confrontación la esperanza y a los partidarios del uribismo. Colombia esta iniciando un largo camino de posconflicto, de reconciliación que solo podrá ser alcanzado por el establecimiento de una verdad que sea lo más completa posible. Una verdad multifacética, que, con suerte, permitirá poner fin al binarismo facilista entre los “buenos” y los “malos”, y a tanta indivisión en el país. Es el momento de sembrar la duda frente a la clase política, como decía Ernest Renant, “la duda es un homenaje que se le rinde a la verdad”.

Dada la gravedad de las acusaciones contra al exmandatario y su activa presencia en la vida política del país, el Estado Colombiano debe tomar acciones y esclarecer la verdad sobre todas y cada una de las situaciones que lo conciernen frente a las graves violaciones de derechos humanos. Es su deber de garantizar a las víctimas del conflicto a la sociedad colombiana el derecho a la verdad. Si la negativa “justificada” persiste, esperemos que el derecho internacional en su rol subsidiario permita a los Colombianos obtener la efectividad de su derecho inalienable a la verdad.

* Wendy Carazo Méndez es Ph.D candidate en derecho internacional a la Universidad Panthéon Assas. Master en derechos humanos y derecho humanitario de la Universidad Panthéon Assas. Asociada temporal de la educación e investigación a la Universidad Paris Nanterre, enseñanza de libertades fundamentales, derecho administrativo y constitucional.

 

¹ Politica de defensa y Seguridad democrática, Presidencia de la Républica, ministerio de defensa nacional.

² Human Right Watch, Colombia: Obama debe expresarle a Uribe preocupación por derechos humanos, carta advierte sobre grave situación de la democracia y Estado de derecho.

³ Fundación paz & reconciliación, la seguridad democrática de Uribe.

⁴Las 2 orillas, “la irresponsabilidad de llamar matarife a Alvaro Uribe”.

⁵ Semana, “10 tuits contra Uribe por los que Gustavo Bolívar no tendrá que retractarse”.

⁶ La Silla Vacia, “los casos contra Uribe ni avazan ni se hunden”.

⁷ La Silla Vacia, “las investigaciones en la Comisión de Acusaciones: durmiendo el sueño de los justos”.

⁸ La Silla vacía, “El círculo de Uribe, cada vez más condenado”.

⁹ ¿Por qué es tan difícil juzgar a Uribe?

¹⁰ Revelo-Robolledo Javier, “la independecia judicial en tiempos de Uribe”, papel político 14, 2020.

¹¹ Voir el Informe de Diane Orentlicher, Addendum : « Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad”, ONU E/CN.4/2005/102/Add.1. Este actualizaba el proyecto de Louis Joinet ONU E/CN.4/Sub.2/1997/29/Rev.1.

¹² Humberto A. Sierra, “La función de la Corte Constitucional en la protección de los derechos de las victimas a la verdad, la justicia y la reparación en Colombia”, 2009. Ver igualmente, Sentencia Corte Constitucional Colombia del 28 de agosto del 2013, sobre la inconstitucionalidad “Marco de Justicia transcional para el establecimiento de una paz estable y duradera”, Rol Nº 579/13, párrafo 7.2.1

¹³ Le Parisien, «une série qui accuse l’ex-président colombien Alvaro Uribe Vélez diffusée sur internet», 23 mai 2020.