Criminalización y protección: las personas migrantes luego del COVID

En medio de la pandemia empiezan a suceder hechos relevantes y contradictorios para el panorama presente y futuro de la movilidad humana de México y el mundo. En los próximos meses, deberemos posicionarnos en torno a esta diversidad de panoramas de acción, estando en juego la posible profundización de una visión criminalizante de la migración o la reivindicación de una perspectiva humanista y de derechos.

Por ejemplo, en América del Norte: por un lado, un juez mexicano dicta medidas de protección a personas migrantes ante la crisis de salud, entre las que se incluye la liberación de las personas detenidas en estaciones migratorias en México1; también, el presidente de EUA determina la “suspensión” de la inmigración para proteger el empleo de los estadounidenses, deteniendo temporalmente la emisión de residencias a personas no nacionales2; o, en una zona más gris, el INM nunca niega estar a favor de una perspectiva de protección de las personas migrantes pero, a la par, utiliza mecanismos de control poblacional en los que se detiene a las personas por más de 72 horas aun cuando sus faltas son de naturaleza administrativas, en donde, además, se han documentado múltiples violaciones a los derechos de quienes son objeto de ella3.

Estas paradójicas situaciones renuevan la importancia de que en el marco de la mutación que sufrirá nuestro mundo durante y después de la pandemia por COVID-19, debemos seguir discutiendo el fondo nuestro proyecto poblacional y de mundo, en específico si éste se dirigirá hacia:

1) la protección de los derechos de todas las personas, especialmente de las que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad –incluidas las personas migrantes- bajo el supuesto de todos los derechos para todas –como lo ejemplifican en las medidas dictadas por el juez, o bien

2) que esta protección será el privilegio de unas cuantas personas, abrazándonos a medidas nacionalistas y discriminatorias –incluso autoritarias- que utilizan a ciertos grupos como chivos expiatorios –como lo ejemplificarían lo sucedido EUA o la zona gris en que se mueve el INM.

En caso de inclinarse hacia la segunda opción, las personas en movilidad serán especialmente sensibles a ser víctimas de este ejercicio.

En este periodo de pandemia, quienes acompañamos a personas migrantes confirmamos la importancia de la construcción de herramientas incluyentes de cuidado y acceso a la salud, que considero una traducción práctica de este dilema. Una de las prioridades que hemos perfilado es la de contribuir a garantizar que las personas puedan acceder a la salud, en este aspecto nos hemos encontrado situaciones positivas en lo general.

En el caso de la CDMX, por ejemplo, hallamos mínimas limitaciones en el acceso a la salud a causa de la nacionalidad o condición migratoria de las personas o diálogos entre autoridades sanitarias, la CDHCM y organizaciones de la sociedad civil desde momentos tempranos de la contingencia; aunque también es evidente la ausencia de servicios multilingües e información sensible a la diversidad nacional, cultural y lingüística, que pueden servir de puentes hacia las personas en movilidad.

Este tipo de herramientas cobra renovada importancia cuando las personas en movilidad comparten riesgos con otros sectores, por ejemplo, el riesgo de perder sus fuentes de ingreso -lo que, como es sabido, se profundiza en los tiempos actuales. En nuestra labor escuchamos cada vez más que las personas migrantes que acompañamos han sido puestas en “pausa” en sus empleos o simplemente han sido despedidas. Esta situación afecta tanto a personas en movilidad recién llegadas, como a quienes ya se han asentado desde hace varios años en el país y que cuentan con fuertes vínculos –incluso de parentesco- con la población mexicana.

Esto se complejiza cuando observamos que, en general, las personas en movilidad extranjeras son invisibles en las políticas laborales de México, lo cual en esta coyuntura se hace evidente. Hasta el momento, si bien no se les excluye abiertamente, tampoco se observa un posicionamiento claro de su inclusión en las políticas de recuperación económica. Esta falta de claridad puede converger negativamente con el rechazo naturalizado que ya está vigente, el cual, bajo el argumento de la “protección del trabajador mexicano” y/o una interpretación ad hoc de la migración “regular, ordenada y segura”, mantiene a estas personas fuera de algunos apoyos sociales y laborales.

La falta de posicionamiento claro del gobierno mexicano con respecto a la inclusión de los grupos en movilidad internacional extranjeros en los planes de manejo de la crisis por el COVID-19 nos enfrenta a la posibilidad de que, en el futuro, la postura en este tema decante en medidas nacionalistas y discriminatorias: no existen aún herramientas incluyentes; la respuesta actual tampoco lo es; el riesgo futuro es que esto se profundice y en nuestro procesos de recuperación no apostemos por las personas sin distinción, sino que les excluyamos, omitamos e incluso ataquemos.

En el panorama que se abre, es latente la posibilidad de que estos sistemas excluyentes y persecutorios de la movilidad humana se fortalezcan y legitimen bajo el argumento -socialmente encomiable- del cuidado de la salud; a ello se aúna que la criminalización de la migración puede ser una explicación fácil, unicausal y políticamente redituable a la compleja crisis social, económica, política, de salud y hasta existencial que enfrentaremos. De darse lo anterior, es muy probable, que la protección de los derechos humanos y su espíritu universalista sean subordinados a los fines de los sistemas de control demográficos. Aunque no podemos ahondar en ello, es importante señalar que el miedo y el desconcierto nos pueden llevar a estos lugares.

Nuestro mundo se transforma radicalmente con pocas certezas y el proyecto de humanidad al que nos abracemos es una de las pocas guías que podremos tener: ¿aspiraremos a estructuras basadas en particularismos, olvidos y protección de los intereses de unos cuantos bajo la falsa asunción de que hay categorías de personas que son acreedoras a menos derechos por no estar en su país de origen o alguna otra condición; o nos abocaremos a construir un mundo que apuesta por todas las personas, en donde grupos tradicionalmente excluidos, como el de las personas en movilidad, sean escuchados, protegidos y reconocidos en su aporte a la construcción de esta nueva realidad?

* Alejandro de la Peña es coordinador de Atención y Servicios de Sin Fronteras IAP (@Sinfronteras_1).

 

 

1 Torres, P. (2020) “Resolución histórica en pro de las personas migrantes”. Consultada el 18 de abril de 2020.

2 BBC News (2020) “Coronavirus: Trump signs order on immigration green card suspensión”. Consultada el 21 de abril de 2020.

3 INM (2020) “Actua INM con responsabilidad ante la contingencia por COVID 19”. Consultada el 26 de abril de 2020.

Torres, P (2020) “Posicionamiento de Sin Fronteras IAP ante respuesta del INM”. Consultada el 30 de abril de 2020.