Energía limpia verificable, el reto que viene

Por Ana Lilia Moreno y Rodrigo Esparza*

Esta semana la Secretaría de Energía dio un paso en el sentido correcto. Para ampliar la capacidad de generación limpia del país y satisfacer las necesidades energéticas adjudicó 37 proyectos renovables. Hay varias novedades: nace de la nueva legislación que impulsó Sheinbaum el año pasado, por fin se detona inversión limpia en México y, además, bajo una figura público-privada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Pero el reto apenas comienza. El siguiente desafío es garantizar que la energía producida pueda verificarse, rastrearse y acreditarse en beneficio de las cadenas productivas y logísticas del país.

La transición energética a fuentes limpias ya no se trata únicamente de reducir emisiones de gases de efecto invernadero (GEI); ahora se ha convertido en un factor de competitividad. Por un lado, el contexto lo exige: la creciente demanda eléctrica impulsada por la expansión de centros de datos, la manufactura avanzada y la electromovilidad. Por el otro, que la energía sea auditable y trazable facilita el acceso a financiamiento y al cumplimiento de regulación y metas. Toda la cadena de valor de la industria eléctrica se beneficia: desde el desarrollador y el suministrador, hasta el consumidor final.

Hacia energías limpias trazables y auditables

No basta con afirmar que se compró electricidad limpia. Debe acreditarse que cada unidad de energía, medida en megawatts hora (MWh), proviene de una fuente limpia como la solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica o nuclear. Para lograr esta meta, la trazabilidad es fundamental. Certifica, cuantifica y documenta el origen de la energía que compra una empresa o una institución. Es requisito dar evidencia de qué instalación la generó, quién está utilizando exclusivamente sus atributos ambientales y qué mecanismo o registro fiel sustenta los procesos de manera íntegra e inalterable.

En los mercados más desarrollados lo común es que los certificados ambientales sean “cancelados” o “redimidos” una vez que una empresa realiza su compra de energía limpia. Con esto se evita el múltiple conteo vía reventa en el mercado secundario con fines de simulación o greenwashing.

Actualmente, los certificados internacionales de energía limpia (I-REC) son la compra preferida por empresas que de manera voluntaria atienden sus compromisos energéticos medioambientales. En México, sin embargo, sucede algo inusual: una proporción significativamente mayor de certificados acreditados permanece sin redimirse o sin evidencia pública clara sobre su uso final. Entre 2017 y 2024, en el país se emitieron cerca de 36 millones de certificados, pero solo alrededor de 1.8 millones fueron efectivamente redimidos para acreditar su uso final, según datos de The International Tracking Standard Foundation (I-TRACK), emisora de estos títulos.

Esta ausencia de mecanismos y obligaciones más estrictas de redención, auditoría y control revela una brecha insólita. Hay dos causas: la falta de incentivos para redimir los certificados y la presencia de incentivos para revenderlos en un mercado secundario. Cerrar esa brecha fortalecería la transparencia y la credibilidad. Más aún, ahora que en las normas internacionales de información financiera (NIIF o IFRS) es obligación revelar indicadores de sostenibilidad, contribuiría a incorporar el valor económico y ambiental que agrega la energía limpia generada en México a las cadenas industriales y logísticas.

La odisea mexicana de los Certificados de Energías Limpias

México ya tenía pensado reconocer y monetizar los beneficios ambientales de la generación de energía limpia cuando creó los Certificados de Energías Limpias (CEL) en la reforma energética de 2013. El modelo estaba inspirado en los mercados eléctricos de California y Texas, conocido también como Renewable Portfolio Standard. Con la compra-venta de los CEL se buscaba incentivar la construcción de nuevas plantas generadoras de energía limpia. 

Sin embargo, durante la administración pública de 2018-2024 hubo cambios regulatorios, controversias sobre la elegibilidad de centrales legadas —aquellas construidas antes de la reforma energética de 2013—, y cancelaciones de Subastas de Largo Plazo (SLP). Esto debilitó el mercado de los CEL y envió señales de desorden y desconfianza alrededor del mecanismo.

Ya desde 2021, un análisis de la hoy extinta Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) anticipó que la demanda de CEL superaría su disponibilidad. El caso actual del suministro básico de la CFE lo confirma. Desde 2023, sus obligaciones en materia de CEL son mayores que sus compras anuales de estos certificados, según se puede inferir a partir de sus estados financieros. Esto ha generado distorsiones temporales entre los años de compra y los años de uso o redención. Esta circunstancia debe corregirse para recuperar la trazabilidad de estas compras de energía limpia, realizadas vía SLP. En consecuencia, se dificulta aún más cumplir las metas, tanto nacionales como corporativas, de producción y compra de energía limpia, respectivamente.

En México, los más de 50 millones de usuarios que pagan tarifas reguladas del suministro básico —incluidos grandes consumidores comerciales e industriales— contribuyen indirectamente al financiamiento de energía limpia. Aunque todavía no aparece desglosado en un rubro identificable, el costo de los CEL está incorporado en los recibos, como se puede comprobar en las memorias de cálculo de las tarifas y en las fórmulas públicamente disponibles. 

Sin embargo, como se explicó anteriormente, existe una brecha entre la energía limpia adquirida por la CFE vía CEL, y aquella cuyos atributos ambientales pueden acreditarse plenamente en beneficio de sus clientes. En particular, los industriales crecientemente demandan dicha trazabilidad para incorporarla en el precio y la valoración de calidad de sus productos y servicios.

La tendencia es hacia la trazabilidad energética

La capacidad de demostrar el origen de la energía utilizada se está convirtiendo en un requisito cada vez más importante para competir en los mercados internacionales. La Unión Europea ofrece una señal clara de esta tendencia: las Garantías de Origen se han consolidado como el mecanismo reconocido para acreditar la compra de electricidad limpia y respaldar las declaraciones ambientales de empresas y proveedores de energía en el viejo continente. Estos requerimientos y exigencias de trazabilidad bajo auditorías independientes se suman a otros esfuerzos privados internacionales como The Climate Group (RE100), Carbon Disclosure Project (CDP) y Science Based Targets Initiative (SBTi), que reúnen a empresas con compromisos ambiciosos de descarbonización y compra de energía limpia.

La CFE podría fortalecerse institucionalmente de este escenario si adoptara esquemas de suministro con atributos ambientales verificables. Es decir, las tarifas verdes: ofertas que incluyen componentes garantizados y trazables de energía limpia. Bien implementadas, serían una oferta alternativa para que los gobiernos estatales y municipales satisfagan sus necesidades energéticas a partir de fuentes limpias: desde alumbrado público hasta bombeo de agua y consumo de edificios gubernamentales. Ello, además, abre la puerta a financiamientos competitivos.

En una economía cada vez más orientada a la transparencia ambiental, la trazabilidad ya forma parte de la infraestructura institucional global. Para México, esta discusión adquiere relevancia en el contexto de la modernización del Acuerdo Global con la Unión Europea. En adelante, la competitividad no dependerá únicamente de producir bienes de calidad o a menor costo, sino de acreditar cómo fueron producidos y a partir de la compra de qué tipo de energía.

México ya entendió que necesita más electricidad limpia en su matriz energética. La siguiente tarea es asegurar que ese suministro pueda acreditarse con la misma solidez con que se genera. ♦

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*Ana Lilia Moreno es coordinadora del Programa de Regulación y Competencia en México Evalúa, y Rodrigo Esparza es CEO de eva, climate tech startup.