blogeditor · 8 de julio de 2015
“Lo único que quiero, lo único que pido es justicia por la ejecución de Érika mi hija.
Que se sancione a los responsables”.
Julia.
Los hechos ocurridos en 2014, donde 22 personas –incluida una joven de 15 años– murieron a manos de elementos militares dentro de una bodega en la localidad de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, no constituyen un hecho aislado, por el contrario son el rostro de la política de seguridad que el gobierno mexicano ha implementado en los últimos años.
Este caso es ejemplificativo de muchos otros donde el discurso sobre asesinatos violentos se construye al margen de un enfrentamiento con integrantes de la delincuencia organizada y pone de manifiesto las carencias institucionales que incentivan las violaciones graves a los derechos humanos.
La existencia de una orden militar que precedió al Día D, donde se señala que “Las tropas deberán operar en la noche en forma masiva y en el día reducir la actividad a fin de abatir delincuentes en horas de oscuridad, ya que el mayor número de delitos se comete en ese horario”, parece indicar que la masacre de 22 personas cometida en junio de 2014 no fue el resultado de un enfrentamiento entre soldados y una banda delictiva, como informaron las fuerzas armadas, sino de una orden de “abatir delincuentes”.
[contextly_sidebar id=”UTaS3qwH1chsQBf7vibjuEc9Iap6LCjH”]Esta orden se da en el contexto de la crisis de derechos humanos más grave de la historia reciente de México, con miles de personas asesinadas o desaparecidas, y genera más cuestionamientos que respuestas al esclarecimiento de los hechos. Si consideramos que esta orden fue la base de las operaciones realizadas por la unidad militar, da cuenta de un contexto de permisibilidad de violaciones graves a los derechos humanos, su amplitud incentiva abusos a los mismos; de ahí que existan motivos fundados para pensar que la orden militar alentó las ejecuciones extrajudiciales.
Una intervención militar con tan vastos alcances y objetivos específicos redactados en términos tan amplios y difusos como “abatir delincuentes”, puede dificultar al punto de hacer ineficaces las medidas de seguridad que razonablemente puedan preverse para la protección del derecho de la vida y demás garantías inderogables. Hace prácticamente imposible realizar un adecuado control y verificación de la legalidad del uso de la fuerza, en particular los criterios de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad.
El contexto de permisibilidad se agrava cuando los hechos se califican como “hechos aislados”, cometidos por personas que actuaban por su cuenta -no reconocimiento de responsabilidad estatal-, seguido de la ineficacia habitual de las investigaciones oficiales que acarrea un marco de impunidad en casi todos los casos. Es evidente que si no se aplica una sanción a hechos tan graves, la sociedad puede considerar como permitido aquello que estaba prohibido o por lo menos entender que se encontraba justificado.
El panorama es verdaderamente preocupante. Si desde altos niveles se instruye el uso de la fuerza letal sin ningún límite, estamos frente a una orden que permite juzgar expeditamente a las personas imponiéndoles una pena no permitida en nuestro sistema legal: la pena de muerte. De ahí que se debe cancelar de inmediato cualquier orden parecida.
A un año, sabemos que los hechos no ocurrieron como informaron las fuerzas armadas; la investigación lejos de ser emprendida con inmediatez, exhaustividad e imparcialidad, estuvo plagada de vicios y omisiones; el uso de la fuerza letal fue injustificado debido a que las víctimas estaban rendidas, sometidas y desarmadas y no representaban ninguna amenaza a los miembros de la Sedena, y se alteró el lugar de los hechos. Lo que ha obstaculizado gravemente el esclarecimiento de la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas. Esta opacidad, con tintes de encubrimiento crea un clima en el que los abusos y la impunidad son la regla y no la excepción.
Conocimos Tlatlaya a través de las palabras de Julia. Atestiguamos que su historia en pausa es un doloroso vacío en su familia y en la de las demás personas que murieron en San Pedro Limón ese día. En ocasiones, la justicia es una lejana esperanza para estas familias que, al acudir a las autoridades, generalmente se enfrentan a una creciente falta de compromiso para investigar cada caso; es fundamental que se reconozcan que la gravedad de una crisis no puede convertirse en una justificación del uso de métodos ilegales, ni en un pretexto para cerrar los ojos ante la comisión de abusos.
Lo ocurrido esa noche son 22 historias y vidas que reflejan una política de seguridad que ha dejado a miles de madres, padres, hijos e hijas a la espera de encontrar justicia. La inacción y el silencio de las autoridades no lograron apagar la memoria de los sobrevivientes de lo ocurrido en Tlatlaya y día a día empuja a las familias a poner en riesgo su vida para esclarecer los hechos y saber que ocurrió con sus seres queridos.
Como bien señaló un escritor latinoamericano, “el olvido está lleno de memoria”(1), o sea efectivamente no hay olvido y no habrá olvido hasta que respondamos a esa pregunta: ¿qué paso la noche del 30 de junio de 2014?
Es aún más alarmante la normalización de la violencia en la que vivimos y la facilidad con la que se permite criminalizar a las personas que han sido víctimas; es común escuchar que se justifican estos hechos porque se trataba de “delincuentes”, o que las principales testigos no son confiables porque “eran prostitutas”. Para entender la gravedad de los hechos tenemos que situarnos en el lugar de las víctimas, ¿sería suficiente para nosotros que un alto mando del ejército decida que somos delincuentes y que en lugar de detenernos, juzgarnos y sentenciarnos simplemente cumpla la orden de abatirnos? ¿Soportarían nuestras familias la impunidad y los juicios hacia nosotros?
Ante estos hechos las palabras “verdad y justicia” tienen cada vez más sentido. Por cada persona y cada familia víctimas de abusos a los derechos humanos que alzan la voz clamando justicia, debemos dar un paso al frente, reconocer que estas historias son prueba de la larga deuda de derechos humanos en México. Es momento de dejar de ser espectadores y espectadoras de las injusticias y protagonizar el cambio por el respeto a la dignidad.
* Amnistía Internacional (@AIMexico) es un movimiento global de más de 7 millones de simpatizantes, miembros y activistas en más de 150 países y territorios que hacen campaña para poner fin a los graves abusos que se cometen contra los derechos humanos.
(1) M. Benedetti, El Olvido Está Lleno de Memoria, Bogotá, Edit. Planeta, 2001, pp. 13-19.