blogeditor · 22 de septiembre de 2020
Todo proceso electoral conlleva una serie desafíos políticos, sociales y económicos que condicionan, para bien o para mal, la transmisión del poder político. Empero, en ocasiones se confabulan contextos que tienden a complejizar, aún más, la conducción y la organización de las elecciones.
Por ejemplo, en 1991 aconteció la primera elección coordinada por el Instituto Federal Electoral. En 1994, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y los asesinatos de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu. En 1997, los rezagos de las crisis sociales, económicas y políticas de 1994. En 2000, la presencia de un candidato presidencial carismático. En 2006, el enfrentamiento entre el presidente de la Republica y el jefe de Gobierno del Distrito Federal y la polarización de los comicios. En 2009, la influenza AH1N1 y el movimiento anulista del voto. En 2012, el movimiento estudiantil #yosoy132. En 2015, las movilizaciones del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación. En 2018, el hartazgo ciudadano sobre la continuidad de la pobreza, la corrupción, la impunidad y la inseguridad.
Para el proceso electoral 2021 será el turno de la pandemia del COVID-19, de la desarticulación de la oposición y de las tentaciones intervencionistas de los gobiernos. En esta ocasión, la gran ventaja consiste en que los actores políticos y las autoridades electorales conocen, desde hace meses, los problemas que han generado los elementos descritos; sin embargo, esta ventaja conlleva disyuntivas de gran calado.
Antes de entrar al análisis de los dilemas, es necesario comprender las dimensiones organizacionales del proceso electoral 2021 y las magnitudes del espectro del poder político.
Dimensiones electorales
Se celebrarán, de manera concurrente, el proceso electoral federal y los 32 procesos electorales locales. La ciudadanía deberá de elegir a 500 diputaciones federales; 15 gubernaturas; 1,063 diputaciones locales; 1,926 presidencias municipales; 2,122 sindicaturas; 15,1311 regidurías; 132 juntas municipales; 299 presidencias de comunidad y 204 concejalías. En total se elegirán 21,368 cargos de representación popular.
94.9 millones de ciudadanos podrán ejercer su derecho al voto. Para ello, 7 mil Supervisores Electorales y 41 mil Capacitadores Asistentes Electorales visitarán, notificarán y capacitarán a 12.5 millones de ciudadanos para que, de este universo, 1.4 millones funjan como funcionarios de casilla el próximo 6 de junio de 2021.
No faltará la vigilancia en el día de la votación. Las casillas serán custodiadas por 5 millones de representantes de partidos políticos y candidatos independientes1, por 35 mil observadores electorales2 y por 570 visitantes extranjeros3
Concurrirán como actores políticos para conseguir el sufragio de la ciudadanía 8 partidos políticos nacionales (PAN, PRI, PRD, PVEM, PT, MC, MORENA y PES)4, 70 partidos políticos locales5, un número indeterminado de candidatos independientes así como de legisladores y funcionarios municipales que buscarán la reelección.
Magnitudes del poder político
El espectro del poder político está conformado por un escenario variopinto en la integración de los cargos de representación popular. A nivel del Poder Ejecutivo, el gobierno federal es ejercido por MORENA. De las 32 gubernaturas, 12 le corresponden al PRI, 9 al PAN, 7 a MORENA, 2 al PRD, 1 a MC y 1 a un candidato independiente.
Mientras que a nivel del Poder Legislativo, MORENA funge como la primera mayoría en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados. A su vez, MORENA es la primera fuerza política en 20 Congresos Locales, el PAN en 8, el PRI en 3 y MC en 1.
Los partidos políticos de oposición fueron relegados de las esferas de decisión y de las redes del poder. Esto se debió a múltiples factores, entre ellos destacan los siguientes: el desgaste de constituirse como gobierno, la falta de soluciones a los problemas estructurales de la sociedad, las divisiones internas de los entes partidistas y la ausencia de liderazgos fuertes y unificadores.
Como un recordatorio del pasado, la oposición contenderá en las elecciones de 2021 como una institución débil, fragmentada y desarticulada; señalada y confrontada por el gobierno federal. Pero, a diferencia del pasado, la oposición tendrá altas probabilidades para capitalizar los yerros de los gobiernos federales y locales; con ello, equilibrar el espectro del poder político.
El gobierno federal y los gobiernos locales afrontarán a los cómicos de 2021 con el desgaste habitual de ejercer el poder político, con el temor de perder la fuerza y la presencia en los parlamentos y en los regímenes locales y municipales, con la tentación de intervenir en los comicios y con la intencionalidad de impedir el resurgimiento de la oposición.
Sin lugar a duda, las elecciones serán la prueba del ácido para el gobierno federal, ya que históricamente han perdido las mayorías legislativas afines a su proyecto de gobierno en los comicios intermedios[6]. Además, tendrá que sortear el proceso electoral sin la intervención directa de su principal líder y mejor cuadro opositor (el Presidente de la República).
Ahora sí, pasemos a visualizar los dilemas y los retos que tendrán las autoridades electorales, los actores políticos y la ciudadanía para superar los contextos o las problemáticas emergentes de los procesos electorales que se celebrarán en 2021.
INE
Deberá instrumentar el proceso electoral bajo los parámetros y las condiciones de la pandemia del COVID-19. Las acciones que decida implementar para proteger la salud y la integridad física de las personas se traducirán en aumento del presupuesto. Esto puede ocasionar un desacuerdo entre los diputados y el gobierno federal por la aplicación de las políticas de austeridad, pero salvaguardar la vida de los funcionarios y de los sufragantes no tiene precio.
Deberá imponer nuevas reglas para la celebración de actos públicos para la obtención de las firmas de respaldo ciudadano, las precampañas y las campañas. Lo anterior, posiblemente podría limitar el ejercicio de derechos y libertades, pero cuidar la salud de las personas es imperioso ante los estragos de la pandemia.
Tendrá que sustanciar y resolver las quejas sobre las aportaciones de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto y las aportaciones de Pio López Obrador y David León a MORENA durante las campañas electorales de 2015. No obstante, al hacerlo podrá generar insumos a los actores políticos para utilizarlos en las campañas. En cambio, al no hacerlo podría perder la credibilidad y la confianza de la ciudadanía.
Deberá emitir las reglas, los parámetros y los criterios para regular los derechos, las obligaciones y los procedimientos para la reelección de las diputaciones y senadurías. De nueva cuenta, esta acción podría generar un enfrentamiento con los legisladores federales, que seguramente será resulto por el TEPJF, pero en el camino, el desgate mediático y político podrá mermar la percepción ciudadana sobre el accionar del INE.
Tendrá que proteger la equidad de las condiciones de la competencia electoral de las intervenciones de funcionarios públicos federales, locales y municipales. En cada decisión que tome, ya sea favor o en contra, tendrá que enfrentar la crítica y el disgusto de los partidos políticos y de los candidatos. Nunca una decisión deja contentos a todos los actores políticos.
TEPJF
Tendrá que resolver las impugnaciones de las organizaciones de ciudadanos que no lograron constituirse como un partido político nacional, deberá de ser cuidadoso en no otorgar registros a las agrupaciones ciudadanas que utilizaron vías ilegales para satisfacer los requisitos normativos y también deberá garantizar y proteger el derecho de asociación de las personas.
Deberá resolver sobre la legalidad de las conferencias “mañaneras” del Presidente de la Republica antes de que inicien las campañas electorales, acción que decidió posponer desde 2019 a pesar de en ese año y en 2020 se desarrollaron procesos electorales locales. Esta decisión será transcendental para el desarrollo de los comicios y para el contexto político y social de las elecciones.
Seguramente, resolverá sobre la legalidad de las normas y los criterios que emita el INE para regular la reelección legislativa a nivel federal. Esta acción podrá representar un desacuerdo con los legisladores o con la autoridad electoral administrativa. Al igual que el INE, siempre habrá alguien inconforme.
Gobierno federal y de los gobiernos locales
El principal dilema consistiera en no intervenir, directa o indirectamente, en las contiendas electorales. En teoría, deberán evitar posicionamientos en el discurso social, político y mediático, en contra o a favor, de partidos políticos, candidatos y funcionarios públicos. Tendrán que contener la intencionalidad para favorecer o para perjudicar a un actor político a través de la intervención de funcionarios, dependencias, dinero, redes sociales, programas sociales y recursos materiales.
Tendrán que respetar la libertad y la independencia de las autoridades electorales, tanto administrativas como jurisdiccionales, mediante el reconocimiento de su autonomía financiera para ejercer sus atribuciones constitucionales y legales; deberán evitar caer en la tentación de controlar a las autoridades electorales a través de la sujeción presupuestal.
Deberán no erosionar la confiabilidad y la credibilidad de las autoridades electorales, las decisiones tomadas por el INE y el TEPJF podrán ser debatidas y confrontadas, pero no deberán ser instrumentos para descalificar a las instituciones comiciales. Tienen que tomar en cuenta que la pérdida de legitimidad de las institucionales comiciales afecta gravemente a los resultados de las elecciones.
Partidos Políticos
La contingencia de la pandemia del COVID-19 limita la celebración de reuniones y mítines, asimismo, restringe el tránsito de las personas en la vía pública. Las fuerzas políticas deberán que buscar nuevas opciones para dar a conocer a sus candidatos y para difundir sus propuestas, por lo que la propaganda electoral podrá tomar, con mayor ahínco, una ruta electrónica (internet y redes sociales), podrá reavivar a algunos medios de difusión en desuso (cartas postales y trípticos) y podrá revigorizar la comunicación política en radio y televisión.
Oposición
El gran dilema de la oposición residirá en constituirse y articularse como un genuino contrapeso del gobierno. Para ello, deberán combatir la desinformación, los ataques y las desacreditaciones con propuestas y evidencias. Tendrán que evitar la generación de discursos sin sentido, argumentaciones agresivas, respuestas frívolas y confrontaciones innecesarias.
Deberán formular soluciones a las crisis económica, sanitaria y social. Tendrán que constituirse como una opción para revertir los estragos de la pandemia del SARS-CoV-2, del desempleo, de la pobreza, de la inseguridad, de la impunidad y de la corrupción. Tarea nada sencilla, pero no imposible y necesaria si quieren tener el apoyo popular.
Tendrán que seleccionar perfiles competitivos para que funjan como candidatos; para ello, deberán de unificarse, cerrar filas en torno a una propuesta ideológica o una dirigencia fuerte. Tendrán que homologar discursos y propuestas para afrontar los procesos electorales federal y locales.
Ciudadanía
Las y los ciudadanos deberán vencer la apatía, el descontento, la desilusión y el desencanto para involucrarse activamente en el proceso electoral de 2021. Tendrán que superar los temores que impone la pandemia del coronavirus para apropiarse de las elecciones y participar en su rol de sufragantes, funcionarios de casilla, observadores electorales y representantes de partidos políticos.
Deberán conocer las propuestas de los partidos políticos y los perfiles de los candidatos para tener información para decidir el sentido de su sufragio. Tendrán que analizar los resultados de los gobiernos y de los funcionarios públicos para decidir si vuelven a confiar en las fuerzas políticas que los impulsaron o si emiten un voto de castigo.
* César Hernández González (@ZezarHG) es asesor de la Presidencia del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.
1 Valor promedio de las elecciones 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.
2 Valor promedio de las elecciones 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.
3 Valor promedio de las elecciones 1997, 2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015 y 2018.
4 Solo Encuentro Solidario obtuvo su registro como partido político nacional, pero falta que el TEPJF resuelva sobre las impugnaciones de las organizaciones de ciudadanos que les fue negado su registro como partido político nacional.
5 Aún falta por concluir el proceso de constitución de nuevos partidos políticos locales en Tabasco y Yucatán, por lo que el número de actores políticos locales podría aumentar.
6 Esta tendencia aconteció desde las elecciones de diputaciones de 1997.