En todos lados se cuecen habas: vulneración de derechos al gusto

Por: Dunia Campos, comunicóloga

Un recurso de amparo promovido por la Asociación Civil Pro Vida y el consecuente fallo dictado por la jueza Myriam Rustán de Estrada dieron como resultado la suspensión de la que sería la primera interrupción legal del embarazo en Buenos Aires, Argentina. Este caso, de una mujer víctima de trata cuyo embarazo era producto de una violación sexual, se hizo público con las declaraciones del jefe de gobierno de Buenos Aires, Mauricio Macri, quien anunció que el aborto estaba programado para el 9 de octubre.

Tras alegar que se buscaba proteger al niño por nacer y luego de que la jueza explicara que no es justo procurar el paliativo de una de las víctimas suprimiendo la vida de la otra, la organización Pro Vida logró impedir el aborto. Esta situación provocó numerosas críticas hacia el jefe de gobierno no sólo por haber expuesto a la víctima sino porque, además, pocos días antes se había difundido que vetaría la ley sobre aborto por exceder lo establecido por la Corte, que el 13 de marzo ratificó la no punibilidad del aborto en casos de violación, estableciendo que la mujer “no puede ni debe ser privada del derecho que le asiste a la interrupción [del embarazo] ya que ello, lejos de estar prohibido, está permitido y no resulta punible”. Asimismo, que “no se exige ni la denuncia ni la prueba de la violación como tampoco su determinación judicial para que una niña, adolescente o mujer pueda acceder a la interrupción de un embarazo producto de una violación”.

La ley que regula el procedimiento para la atención integral de los abortos permite interrumpir el embarazo cuando es producto de una violación y esté en peligro la vida o la salud de la mujer, con el único requisito de presentar una declaración jurada. Permite, también, que las mayores de 14 años soliciten el aborto sin la autorización de sus padres. Ante el inminente veto de esta ley por parte del jefe de gobierno, Nora Schulman, presidenta del Comité Argentino de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN), hizo visible la situación que enfrentan las víctimas y advirtió que la resolución es altamente restrictiva y no contempla que en la mayoría de los casos, esas niñas y jóvenes menores de edad fueron abusadas por sus mismos padres o por gente allegada a la familia.

La mujer a la que se le negó el aborto, ya programado para realizarse en el Hospital Ramos Mejía, apeló la decisión de la jueza y, luego de que la Cámara porteña planteara el conflicto de competencias entre la justicia nacional y la de la ciudad, la Corte Suprema de Justicia de la Nación tomó el expediente y ordenó a las autoridades de Buenos Aires prescindir de la resolución judicial y autorizar la interrupción del embarazo, dada la no existencia de obstáculos para la realización del aborto solicitado.

El caso bonaerense no es ajeno a lo que muchas mujeres padecen en México. Aun cuando la interrupción del embarazo producto de la violación es legal en todo el país, el acceso a este servicio parece estar sujeto a las creencias, estado de ánimo, capricho, disposición o voluntad de las autoridades que, independientemente de filias y fobias, tienen por obligación hacerlo posible.

Niñas, adolescentes y mujeres enfrentan diversas trabas en el ejercicio de sus derechos reproductivos: falta de información, atención y –sobre todo– de respeto. Cuando acuden a las clínicas u hospitales para obtener información sobre la interrupción del embarazo o solicitar la interrupción misma se topan con personal incapacitado. En algunos casos no hay quien les proporcione la información que requieren, en otros, pese a saberse con la obligación de dar a acceso a la interrupción, el personal niega el servicio sencillamente porque desconoce los protocolos o alega su inexistencia. En el extremo de la negligencia y la ineptitud, se dan casos en los que en lugar de ser proveedores del servicio adoptan la figura de ministerios públicos y se apresuran a denunciar a las mujeres, de modo tal que los espacios destinados a la recuperación o conservación de la salud se convierten en centros penitenciarios debido a la rapidez con la que el personal médico y administrativo hace gala de su intolerancia. Es muy común que las usuarias sean vigiladas por el ojo retador de la policía mientras son atendidas por el personal de salud, muchas veces insensible y carente de compromiso con su profesión.

La suspensión del aborto en Buenos Aires, concertada por un grupo Pro Vida que hostigó en el hospital y en su casa a la mujer víctima de trata, evoca lo que con frecuencia sucede en la ciudad de México, donde las usuarias de la interrupción legal del embarazo son acosadas por empecinados defensores de la vida intrauterina que, en su intento por disuadirlas, les infunden miedo y culpa, las fuerzan a asumirse como inmorales y peligrosas, y las asemejan a los delincuentes. Se aposentan afuera de las clínicas, se hacen pasar por personal que labora en ellas y con engaños conducen a las mujeres a un vehículo donde les proyectan escandalosos videos sobre el aborto. Con estas prácticas, los integrantes de grupos Pro Vida secundan a los servidores públicos en la vulneración de los derechos de niñas, adolescentes y mujeres que deciden resguardar su vida, su salud y ejercer la maternidad libre y voluntaria.

Tal como lo hiciera la Coalición Argentina por un Estado Laico, quienes en México nos dedicamos a la defensa y promoción de los derechos reproductivos de las mujeres conminamos a las autoridades de Buenos Aires a proveer las condiciones necesarias para que la interrupción del embarazo producto de la violación no sea obstaculizada por la intromisión de grupos allegados a la iglesia católica y se respete invariablemente el derecho a decidir de todas las mujeres.