Redacción Animal Político · 6 de marzo de 2023
En enero del 2021 el Programa de Seguridad Ciudadana de la Ibero CDMX publicó el documento firmado por Sam Storr intitulado La violencia del ejército en Tamaulipas. Reproduzco aquí varios párrafos del texto:
Más de la mitad de los incidentes de uso de la fuerza letal por parte del ejército ocurren en el estado de Tamaulipas. Cuando nos enfocamos en esta entidad, se puede observar que la letalidad del ejército se ha disparado a partir de 2017, incluso superando la cifra registrada en 2012 y por los datos obtenidos hasta el momento 2020 será el año más letal registrado.
La letalidad se refiere a la razón entre los “presuntos agresores” que resultan muertos y los heridos en incidentes violentos. En el caso de Tamaulipas, el crecimiento de este indicador no se debe a que el ejército ha logrado detener a más civiles, sino más bien a que cuando la Sedena utiliza la fuerza letal en la entidad, cada vez hay menos personas heridas y más fallecen como resultado de los enfrentamientos.
… la cantidad de incidentes violentos que resultan de la presencia del ejército en la cuarta región militar (Nuevo León, SLP y Tamaulipas) es muchísimo más alta que en otras regiones con niveles similares de violencia armada. Mientras que en las demás regiones hay una relación lineal entre la incidencia de homicidios con arma de fuego por cada mil habitantes y la incidencia de incidentes violentos por cada mil efectivos desplegados, la cuarta región ocupa una escala propia.
Podemos asumir que hay dos factores que generan los incidentes letales entre las fuerzas federales de seguridad y los grupos delictivos: la presencia tanto de agentes de seguridad y de grupos delincuentes, así como el comportamiento de los agentes y de los grupos delictivos. Aunque es posible que los grupos delictivos en Tamaulipas sean más violentos hacia las autoridades que en otros estados, hay que revisar las particularidades de la actuación del ejército en esta región”.
Luego de la masacre contra cinco jóvenes a manos de soldados de la Sedena, cobra sentido regresar al documento citado y preguntarnos qué evaluación tiene esa institución de cara a la letalidad desproporcionada en Tamaulipas. Con esta evidencia en mano basada en datos oficiales, lo menos que debemos exigir es una explicación que muestre por qué sucede así y qué medidas se han tomado al respecto.
Mientras continúe el imposible escrutinio sobre el uso de la fuerza por parte de la Sedena, mientras el gobierno de López Obrador siga desacatando la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2018 donde ordena la creación de un observatorio externo que evalúe a la Guardia Nacional con un enfoque de derechos humanos y con participación ciudadana, y mientras la militarización de la seguridad pública continúe al margen de los controles constitucionales, convencionales y legales, sea cual sea el castigo penal contra los responsables de la masacre en Nuevo Laredo, los riesgos de repetición seguirán ahí.
Y si este argumento no fuera suficiente, tal vez las palabras de alguien que durante 23 años fue integrante de las Fuerzas Armadas ayudan a dimensionar mejor la gravedad de todo esto. Se trata de Adriana Herrera, exMayor de Justicia Militar quien, en entrevista con Carmen Aristegui, explicó que la Fuerza Armada permanente no está adecuadamente capacitada para tareas de seguridad pública; afirmó que en la masacre de Nuevo Laredo debe investigarse al mando responsable del personal de la Sedena y que esta institución jamás debió ser primer respondiente, enfatizando que eso debería hacerlo una policía en el ámbito federal, “pero estamos perdidos porque sabemos que en este caso sería la Guardia Nacional”.
Avisamos desde el 2021 de la letalidad desproporcionada en Tamaulipas. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Podían haberse tomado las decisiones necesarias para evitar nuevas masacres?