Redacción Animal Político · 10 de octubre de 2023
Promesa, ilusión, aspiración… más bien, buenos deseos, por no decir sueños. Tener un sistema de salud como el de Dinamarca ha sido tema de controversia pública en los últimos meses, pero la realidad que marcan los datos duros y oficiales es que, actualmente, en diversos indicadores México ni siquiera se acerca a Costa Rica.
Desde hace años el sistema de salud mexicano padece enfermedades estructurales; los remedios que se han aplicado sexenio tras sexenio sólo han sido paliativos y ahora está grave. Urgen recetas efectivas para evitar que entre en coma.
En 2015, en el primer reporte sobre este tema titulado “El sistema de salud está enfermo”, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza mostró los problemas estructurales que impedían a la población el acceso efectivo a los servicios de salud.
Ahora, ocho años después, el nuevo reporte “El enfermo está más grave”, revela que la situación está peor, el padecimiento se ha complicado y afecta, principalmente, a las personas más pobres. Aquí el reporte completo.
La distancia que hay entre México con los países más desarrollados o incluso con países latinoamericanos como Chile y Costa Rica inicia por los recursos públicos destinados para la salud. Es evidente que el camino por recorrer para acercarnos a países con mejores sistemas de salud requiere mayor inversión pública.
El primer indicador de comparación son los recursos públicos destinados a la salud, medido como el gasto público por persona, asignado por los gobiernos a través de presupuesto y mecanismos obligatorios (seguridad social).
Proporciona una medida concreta y comparativa de cuánto invierte cada país en atender la salud de sus habitantes.
En este punto, Estados Unidos lidera con el gasto público más alto, seguido por Luxemburgo y Dinamarca, con un gasto superior a los 5,000 dólares anuales por persona.
México, en contraste, se ubica en los últimos lugares entre los países miembros de la OCDE, ocupa el puesto 25 con un gasto público per cápita de 284.78 dólares anuales. Costa Rica invierte el doble que México, por persona.

Las insuficiencias y fallas estructurales del sistema de salud han ocasionado que en los últimos años el acceso a este derecho tenga tendencia negativa; cada vez mayor número de personas no tienen afiliación a una institución de salud.
En 2016, en esa condición estaba el 16 % de la población, casi 19 millones de personas. En 2022 fueron casi 4 de cada 10: más de 50 millones de personas.

Lo dramático del dato, además de que la falta de accesibilidad creció 2.4 veces, es que la mayoría de las personas afectadas por esta carencia son las que se ubican en los segmentos de población en mayor condición de pobreza.
Hace cuatro años 17 % de las personas que vivían en los hogares más pobres (el decil I) no tenía acceso a los servicios de salud; esta carencia se multiplicó casi cuatro veces y en el 2022 quedaron desprotegidos 66 % de estos hogares. Del lado opuesto (decil X) el indicador pasó de 14 % a 16 % en el mismo periodo.

El estado de gravedad del sistema de salud pública ha impactado en debilitar el esquema de vacunación infantil, la detección oportuna de enfermedades y el abasto efectivo de medicamentos. La menor capacidad de cobertura, así como la prestación de servicios, ha ocasionado mayor gasto por parte de las familias que deben destinar cada vez más recursos para tratar sus padecimientos.
El diagnóstico más reciente indica que de cada 100 personas que tuvieron alguna necesidad de salud, sólo la mitad recibió atención médica en alguna institución pública y el resto en el sector privado.
Una de cada tres personas que recibieron atención en servicio particular fue a través de un consultorio adyacente a una farmacia, 47 % fue con un médico privado y en un hospital particular 12.1 %.
En 2018, 18.5 millones de hogares (54 % del total) realizaron un gasto de bolsillo asociado a la atención de la salud, cifra que en 2022 aumentó a 24.3 millones (65 %). El aumento en el gasto en este periodo fue de 42 %.
En cuanto al monto que gastan los hogares, de nueva cuenta los más pobres resultaron los más afectados, en especial los del decil I, donde el incremento del gasto fue de 90 %.

Cumplir con el derecho humano a la salud para todas las personas requiere un cambio estructural; el sistema de México debe entrar al quirófano lo antes posible, con recetas, tratamiento y terapias de corto y mediano plazo.
En el decálogo de propuestas, Acción Ciudadana Frente a la Pobreza ha planteado, en primera instancia, que se debe transitar del actual modelo de seguro social, excluyente, inequitativo y segmentado, hacia un sistema universal, no condicionado al trabajo, que garantice el acceso efectivo para todas las personas, porque la salud no debe ser una “prestación laboral”, es un derecho humano.
A nivel urgente, hay dos acciones por considerar: la integración operativa de servicios públicos (al menos el IMSS) y recuperar el abasto de medicamentos con cobertura al 100% del programa de vacunación en primera infancia y para otros grupos con riesgo.
A corto plazo hay una infinidad de retos, como priorizar la atención primaria en salud a nivel institucional, trazar un plan de acciones preventivas para enfermedades de muy alta prevalencia y garantizar las medidas de prevención de la mortalidad infantil y la mortalidad materna, especialmente en las zonas rurales y urbanas con mayor pobreza y rezago social.
Además, homologar los procesos y protocolos de atención entre las instituciones, para facilitar el acceso a todas las personas y crear los procedimientos y reglas de compensación financiera para el mejor aprovechamiento de toda la infraestructura pública que atenderá al 90 % de la población.
Entre otras cosas, también es preciso establecer un plan de incremento de recursos a la salud para garantizar presupuesto igual por persona, especialmente entre población “con” y “sin” seguridad social.
El acceso a la salud es responsabilidad del Estado, es un derecho humano universal y fundamental que protege uno de los bienes más elementales para que todas las personas puedan tener bienestar: una vida saludable y libre de enfermedades.
La mala salud limita el ejercicio de otros derechos fundamentales como el trabajo, la educación, la participación en la toma de decisiones políticas y hasta el cuidado de los seres queridos.
Por ello, es fundamental la constante exigencia ciudadana del cumplimiento del Estado mexicano en su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar el derecho a la salud de conformidad con los principios y tratados internacionales de derechos humanos.