blogeditor · 8 de octubre de 2013
Ya hace un mes que el gobierno federal entregó a la Cámara de Diputados el paquete fiscal que incluye no sólo las propuestas que forman parte de la reforma fiscal, sino también el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año. Sin embargo, la mayoría de la discusión pública se ha centrado principalmente en la parte de los impuestos y muy poco se ha tratado lo relativo al gasto público, no sólo con lo que respecta a cuánta lana es lo que se propone gastar en el 2014, sino en qué y para qué.
Si se han dado cuenta, la mayoría de las escaramuzas verbales de los partidos políticos y las figuras públicas se han concentrado en apoyar o denostar a la multicitada reforma fiscal. Que si es muy bueno que no se haya propuesto cobrar el IVA a los alimentos y medicinas, que si es pésima idea afectar a esa tan vapuleada clase media que con grandes esfuerzos lleva a sus hijos a colegios privados, que si se gravarán las hipotecas y la renta de casas y departamentos, que si el impuesto a los chescos es meramente recaudatorio o si en conjunto con otras políticas de salud contribuirá a reducir la obesidad (un gordito en cada hijo te dio), que si el IETU y el IDE desaparecen, que si se eliminan los privilegios fiscales que hacen que empresotototas paguen lo mismo que la miscelánea de Don Marce.
Pero si se dan cuenta poco se ha discutido sobre la calidad del gasto, es decir, en qué diablos se va a gastar nuestro dinero el gobierno.
Este asunto no es menor, sobre todo cuando es casi seguro que la lanototota que se va a gastar el Gobierno Federal, junto con los otros Poderes de la Unión, los organismos autónomos (como el IFE y la CNDH) y los gobiernos estatales y municipales, pasará de los cuatro billones de pesos.
Aquí es importante empezar desde el principio.
Ya sabemos que el gasto del gobierno se financia por impuestos y derechos que pagamos los mexicanos (y mexicanas), así como también, de los ingresos petroleros que fueron algo así como 36 de cada 100 pesos con los que se financió el gasto público en el 2012.
También sabemos que al mismo tiempo que se presenta la forma en que se van a obtener los recursos para financiar el gasto público en el siguiente año (ejercicio fiscal), también se entrega el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF, pa los cuates). En el PPEF se establecen el programa de gasto del gobierno y se describe la cantidad, la forma y el destino de los recursos públicos.
Sin embargo, tenemos que hacernos cuatro preguntas importantísimas si queremos entender el gasto público: ¿Cuánto se gasta? ¿Quién lo gasta? ¿En qué se gasta? y ¿para qué se gasta?
[contextly_sidebar id=”b933729281d3995ddb3d256be6dca960″]Con respecto a cuánto se gasta, podemos decir que lo relevante aquí no sólo es el monto (aunque muchos crean que sólo el tamaño importa), sino también cómo se divide. Así tenemos que el monto total de los recursos públicos se divide en gasto programable, que es el que usa el gobierno en su conjunto para realizar su trabajo y dar servicios públicos a la gente, principalmente a través de programas públicos, como Oportunidades, el Seguro Popular, la Pensión Universal, entre otros. También está el gasto no programable, el cual es el que ya se encuentra comprometido, como son el pago de deudas o de compromisos con proveedores del año anterior (ADEFAS). Por lo general, el gasto programable representa 77 centavos de cada peso del presupuesto público y el no programable, 23 centavos de cada peso.
En cuanto a quién gasta nuestros impuestos, como ya mencionamos, son el Poder Legislativo (diputados y senadores), Poder Judicial (jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación), el Poder Ejecutivo, los organismos autónomos (como el IFE, la CNDH, el INEGI y los recientemente creados IFETEL e IFCE), y los estados y los municipios. Aquí, por lo general, uno de cada tres pesos se mandan a los gobiernos locales (bendito federalismo fiscal); otra tercera parte lo reciben los organismos y empresas paraestatales, como PEMEX (en plena fase de pimpeo), CFE (ésa que es dizque de clase mundial), IMSS (al borde de la quiebra) e ISSSTE; una quinta parte la recibe la administración pública centralizada (las dependencias públicas, pues); casi una décima parte se destina al pago de la deuda pública, y apenas 2 de cada 100 pesos se destinan a los órganos autónomos.
Otro tema que nos debe interesar es precisamente en qué se gasta nuestro dinero y para entenderlo más fácilmente podemos dividirlo en el satanizado gasto corriente y en el que todo mundo considera lo mejor de lo mejor, el gasto de inversión. En este sentido debemos entender que ni todo el gasto corriente es malo, ni todo gasto de inversión es bueno, ya que hay gasto corriente que si es productivo (al menos, en la teoría) como el pago de salarios a los médicos, policías y maestros (en la teoría), pero también hay gasto de inversión o que se considera como tal, que es una verdadera broma, como la estela de luz (suavicrema, para los cuates) o los segundos pisos (que hacen que usemos más el coche). Además, también debemos pensar que si se construye un hospital (gasto de inversión) en el momento que se inaugura y empieza a funcionar, se tendrá que gastar en el salario de los médicos, paramédicos, enfermeras, anestesiólogos, radiólogos, medicina, camillas, ambulancias, gasolina para las ambulancias, papel de baño y todo eso es gasto corriente. Por lo general, la relación entre el gasto corriente y el gasto de inversión con respecto al total del gasto público ha cambiado un poco en los últimos seis años, ya que en el 2006 más o menos 85 centavos de cada peso eran gasto corriente y los 15 centavos eran gasto de inversión. Ya para el 2012, casi 23.5 centavos de cada peso se destinaron a gasto de inversión. Pero ojo, lo importante es la calidad del gasto público, no sólo el monto.
Por último, lo que debemos saber es para qué se gastan nuestros impuestos. Es decir, qué situación o realidad quiere cambiar el gobierno y en qué medida, por lo que requiere echar mano de nuestros impuestos para lograrlo. Esto puede ser, desde reducir la pobreza o la inseguridad en el país, hasta promover el crecimiento y el desarrollo económico. Sin embargo, como todo, el diablo está en los detalles y lo relevante no sólo es decir qué quiere lograr, sino cómo lo va a hacer y para ello es importante que diseñe adecuados programas y políticas públicas, con procesos operativos muy bien definidos, con espacios discrecionales muy reducidos, que impidan el despilfarro y la corrupción.
Así pues, nos toca a nosotros los ciudadanos contestarnos estas cuatro preguntas y a partir de eso, empezar a darle marcaje personal a las autoridades del país (absolutamente todas) sobre la manera en que se gastan nuestros impuestos, y entonces sí, que nos hablen de reforma fiscal.
Por cierto, sugiero para enterarse un poquitín más sobre el gasto público le echen un ojo al Presupuesto Ciudadano 2014 y al Programa de Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) que la Secretaría de Hacienda acaban de sacar. Luego me cuentan qué les parecieron.