En puerta, la capitulación civil en seguridad

Le quieren entregar toda la responsabilidad de la seguridad en México a los militares. Hoy la figura más visible en esa ruta es el presidente López Obrador, pero -en términos del futbol- él metería el gol de una jugada que está en la cancha hace mucho. Llevar la Guardia Nacional a la SEDENA sería el último paso de una operación de Estado construida a muchas manos y por décadas.

La más reciente etapa de todo esto es el periodo Calderón-Peña-López, pero la investigación ha mostrado la relevancia histórica en el rol político de mantenimiento del orden a cargo de las fuerzas armadas, durante todo el México posrevolucionario.

Cuando me refiero a una operación de Estado, no hablo de una gran conspiración construida por algunas mentes maestras; la transferencia de la seguridad pública de manos civiles a manos militares es una construcción de Estado, desde esta perspectiva, porque ha sido tejida en cada esquina, en cada calle, barrio, colonia, poblado, ciudad, en cada lugar donde las autoridades civiles renunciaron a cumplir con su obligación de construir seguridad, dejando así madurar una crisis con todas las violencias incluidas, desde la familiar hasta la más atroz imaginable a manos de centenas de grupos armados, todo acompañado por un sistema de justicia penal que produce casi la absoluta impunidad en el más grave de todos los delitos: el homicidio violento.

El colapso de los aparatos de seguridad y justicia penal debe contextualizarse; aquí me interesa destacar la veta autoritaria en la que convergen gobiernos y sociedad y que abona al espejismo de la mano dura, promesa tan popular como fallida que ofrece contener la violencia justamente priorizando la violencia del Estado. Nuevos y agudos análisis puntualizan que ni la seguridad ni la justicia pueden ser sujetas a auténticas reformas democráticas, ahí donde no hay consensos políticos y sociales que las exijan y soporten (Authoritarian police in democracy. Contested security in Latin America. González, Yanilda María, 2021).

En un ejercicio reciente con alumnas y alumnos, apareció justamente la crítica respecto a la percepción colectiva hegemónica de la seguridad y la justicia, como asuntos que tienen que ver más con la venganza que con nuestros derechos. En efecto, la popularidad de la mano dura domina entre la sociedad y entre las instituciones del Estado.

Las fuerzas armadas acaso representan el summum del espejismo de la mano dura. Si las violencias se deben enfrentar con la violencia del Estado, nada mejor que los militares, en especial cuando, como sucede en México, las instituciones castrenses han sido envueltas en un manto de protección política que magnifica sus aciertos e invisibiliza sus problemas, justo al revés de lo que le pasa a las policías y las fiscalías. Todos los días se opera lo necesario para alejar lo más posible de la opinión pública los problemas de las fuerzas armadas y diario se enseña la brutal crisis de los aparatos civiles de seguridad y justicia.

El hartazgo social frente a las violencias, la inseguridad y la impunidad está a tope y, a cielo abierto; para la mayoría, el único actor que aún puede construir la promesa de resolver, son las fuerzas armadas.

Un cuarto de siglo con un Sistema Nacional de Seguridad Pública donde los gobiernos de todos los colores se han sentado a recibir recursos para la seguridad y, bien entrado el siglo XXI, en cualquier parte del país podemos tener enfrente una persona en funciones policiales que puede o no estar certificada. Lo dicho, una operación de Estado, una larga jugada.

La discusión que se viene en torno a la propuesta de reforma constitucional para llevar a la Guardia Nacional a la SEDENA no pasará principalmente por las evidencias, y sí en cambio por las percepciones. La evidencia es abrumadora para afirmar que la intervención militar no reduce las violencias en México, pero -en realidad- casi nadie quiere discutir eso.

Con el respaldo presidencial actual y de siempre, las fuerzas armadas no pusieron, no ponen, ni pondrán a discusión su manera de trabajar. Si ha crecido cuatro veces el homicidio con arma de fuego y al mismo tiempo la estrategia militarizada de control de armas ha reducido cuatro veces su aseguramiento, no hay discusión. Si la SEDENA incrementa casi 5 veces su fuerza letal en Tamaulipas y, con todo, esa entidad padece las peores atrocidades a manos de la delincuencia organizada, no hay discusión. Si se ofreció que la Guardia Nacional reduciría el feminicidio y éste sigue creciendo, multiplicándose ya por 3 comparado con el 2015, tampoco hay deliberación pública alguna.

Para decirlo con toda claridad, se confirma la clausura transexenal de cualquier ejercicio serio de rendición de cuentas de las fuerzas armadas que pase por la evidencia y que no pueda ser controlado por el ejecutivo federal.

No habiendo narrativas convincentes para la mayoría a favor de la seguridad en vía civil, bien asentada la popularidad de la mano dura, sin consensos a favor de la reforma democrática de la seguridad y la justicia, y puesta a un lado la rendición de cuentas de las fuerzas armadas, la mesa está puesta para que no haya quien frene el paso de la Guardia Nacional a la SEDENA.

En el supuesto de que la reforma sea aprobada, más y más gobiernos estatales y municipales competirán para ver quién cede más rápido, incluso formalmente, su función constitucional en seguridad pública a las fuerzas armadas.

Y una vez en manos militares, nomás no habrá manera de que la seguridad pública regrese a las autoridades civiles.

En puerta, la capitulación civil en seguridad.

@ErnestoLPV