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Llegaron las elecciones. Peña Nieto ganó, con un margen menor al esperado. El PRI se quedó sin mayoría en el Congreso.

En otras noticias, en las últimas 24 horas sucedieron los siguientes hechos:

• Cuatro personas fueron asesinadas en un velorio en Torreón.
• En Monterrey, cuatro hombres murieron en un enfrentamiento entre delincuentes y la policía.
• En Gómez Palacio, Durango, se encontraron cinco bolsas de plástico con restos humanos.
• Dos policías murieron en Ciudad Victoria, Tamaulipas, tras el estallido de un coche-bomba frente a la casa del Secretario de Seguridad Pública del estado.

La vida sigue después de las elecciones. La violencia también: cada día, se levantan en promedio entre 55 y 60 averiguaciones previas por homicidio (a las cuales hay que sumarle los asesinatos que no son registrados por el Ministerio Público). Tres a cuatro secuestros son reportados todos los días en promedio (y varios más no son reportados). Más o menos medio millón de personas sufre algún tipo de extorsión presencial (no telefónica) todos los años, según datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública 2011 (ENVIPE) del INEGI.

Enrique Peña Nieto, candidato ganador en las elecciones del domingo, se ha puesto como objetivo reducir “pronto” la violencia. Es aplaudible la intención, pero hasta ahora no nos ha dicho como planea hacerlo. Las ideas que ha presentado surtirían efecto en el mediano plazo, si acaso. Formar una gendarmería nacional medianamente operativa va a tomar no menos de dos años y convertirla en un cuerpo razonablemente eficiente varios años más (además, está pensada para ofrecer seguridad en zonas rurales, así que no serviría para ninguno de los casos listados arriba). Aumentar el tamaño de la Policía Federal de 35,000  a 50,000 elementos va a tardar medio sexenio. Incrementar las capacidades de inteligencia es un proceso necesariamente lento: un informante puede no proveer nada de valor durante meses o años (y ni hablemos de la inteligencia financiera: allí un sólo caso puede llevarse dos a tres años). Dotar de eficacia al Ministerio Público es tarea de varios sexenios y consolidar la reforma al sistema de justicia penal se va a llevar lo que queda de la década, por lo menos.

Dudo mucho que los votantes mexicanos tengan la paciencia para esperar la culminación de esos procesos. Después de unas cuantas masacres, la guerra de Calderón se convertirá en la guerra de Peña Nieto: pasada la luna de miel, los muertos, los secuestrados y los extorsionados empezarán a acumularse en su cuenta. Con una dificultad adicional: hoy el gobierno federal puede, con cierta plausibilidad, argumentar que la responsabilidad por la violencia recae parcialmente en los gobiernos estatales priístas. Parte del electorado hace la distinción entre lo federal y lo local (vean si no los resultados electorales en Tamaulipas y Nuevo León). El nuevo gobierno no tendrá ese lujo: dado que el PRI va a controlar 23 gubernaturas además de la Presidencia, casi todo lo que se haga o se deje de hacer a nivel local va a caer en la buchaca príista y, por asociación, en la de Peña Nieto.

En consecuencia, si no quiere perder en estampida al electorado que lo apoyo el domingo pasado, el nuevo Presidente va a necesitar una política de reducción de violencia en el corto plazo.  No se que esté pensando el equipo de Peña sobre el particular, pero aquí les dejo algunas ideas:

• Establecer una política anti-masacres, basada en principios de disuasión focalizada. Esto se reduce a a) establecer un orden de prioridad en la respuesta del Estado a distintos tipos de delito violento; b) comunicar ese orden de prioridad a los grupos criminales; y, c) atacar por todas las vías legales disponibles al primer grupo criminal que cometa los actos de atención prioritaria (pueden ver más detalles aquí, aquí,  y aquí).
• Crear zonas seguras en municipios altamente violentos. Usando el modelo de la zona PRONAF en Ciudad Juárez, se podrían establecer áreas libres de homicidio, secuestro y extorsión en diversas localidades (Monterrey, Torreón, Veracruz, etc.). Eso implica colocar filtros de seguridad, destinar un grupo especial para labores de  inteligencia, instalar cámaras de vigilancia, establecer un mecanismo de denuncia para comerciantes y vecinos de la zona, etc. Esas áreas seguras podrían irse expandiendo gradualmente.
• Diseñar una estrategia nacional anti-extorsión que incluyera el establecimiento de unidades especializadas de atención al fenómeno en la Policía Federal y la PGR (y los gobiernos estatales, cuando sea posible) y la aplicación de tácticas como estas.
• Promover la denuncia de secuestros con la Policía Federal. Con todos sus defectos, la Policía Federal tiene mucho mayor capacidad y experiencia que las policías estatales para investigar secuestros, desmantelar bandas, negociar rescates y sacar vivas a las víctimas. Tal vez no disuadiría muchos secuestros, pero si podría evitar un buen número de homicidios.
• Incrementar patrullajes en las principales carreteras. Esto se podría lograr de manera razonablemente sencilla reasignando temporalmente personal de otras áreas de la PF a la División de Seguridad Regional (el órgano de la PF encargado, entre otras cosas, de la seguridad en las carreteras) y relanzando un operativo similar al CONAGO II.
• Cambiar la política de interdicción de drogas en la frontera sur: la política actual (obligar a los vuelos privados provenientes de Centro y Sudamérica, a descender en Tapachula o Cozumel) genera, además de impactos muy negativos en América Central, un alargamiento de las rutas terrestres, con pocos efectos sobre el volumen trasegado de cocaína. Se podría modificar eliminando la obligatoriedad del aterrizaje, pero reforzando la vigilancia terrestre en el istmo de Tehuantepec (el efecto sería reducir la longitud de las rutas terrestres en México).
• Eliminar el requerimiento de visa para nacionales de algunos o todos los países centroamericanos, con única condición de que entren a territorio nacional por vía aérea. Esto podría reducir los flujos de personas en rutas y modos de transporte particularmente riesgosos (los trenes de carga, por ejemplo), y potencialmente reducir la incidencia del secuestro y extorsión a migrantes.
• Estudiar la tregua entre maras en El Salvador y el proceso de desmovilización de los paramilitares en Colombia. No digo que se deban aplicar necesariamente medidas similares en México, pero creo que en ambos casos hay lecciones importantes sobre procesos de pacificación. En una de esas, surge alguna idea sobre posibles instrumentos jurídicos que faciliten el sometimiento a la justicia de miembros de los grupos criminales.

Estas ideas pueden buenas o malas, viables o descabelladas, pero tienen una carácteristica común: todas podrían tener efectos en el corto plazo (y hay muchas más que podrían tener efectos similares). Más allá de las indispensables reformas institucionales, el nuevo gobierno necesita dar resultados rápidamente. Y rápidamente es un año o dos, no tres ni seis. Si no lo hace, si no hay una mejora palpable en el clima de seguridad en el corto plazo, el respaldo masivo podría volverse rechazo mayoritario para cuando tengamos que ir de nuevo a las urnas.