En México, familias enteras laceradas por la tortura

Por: Natalia Pérez Cordero (@NataliaCordero9)

Las hermanas Ana, Beatriz y Celia González Pérez son indígenas tzeltales originarias de Chiapas y simpatizantes de la organización política del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). El 4 de junio de 1994, las tres chicas[1] en compañía de su madre, la señora Delia Pérez, iban de vuelta a su comunidad luego de ir a vender las verduras y hortalizas que ellas mismas cosechaban, cuando se encontraron en el camino con un retén militar. Al toparse de frente con los militares que se encontraban en el retén, ellos las comenzaron a interrogar acerca de sus nombres, su ocupación, hacia donde se dirigían y sobre su pertenencia al EZLN. Las cuatro mujeres no pudieron responder a las preguntas ya que no entendían por completo el español; ante la falta de respuesta, los militares se molestaron y comenzaron a revisarlas; al no encontrar nada ilícito las trasladaron a otro retén militar.

Ya en el segundo retén militar, la señora Delia comenzó a llorar, por lo que la separaron de sus tres hijas argumentando que ellas tenían que hablar con el sargento, quien a su vez le dijo a las tres hermanas que tenían que esperar a que fuera el comandante para que hablara con ellas. Mientras el sargento se comunicaba por radio con el comandante, aproximadamente diez soldados que estaban en el lugar les preguntaron si eran solteras, respondiendo que sí, “nos dijeron que mejor, para que pasáramos una noche con ellos”. Los soldados las llevaron por la fuerza, entre jaloneos y gritos, a una casa que estaba ahí, mientras la madre se quedó afuera. La casa en donde las metieron era de un solo cuarto de tablas y sin ventanas, las arrojaron al piso y entre varios militares las sujetaron de pies y manos mientras otros las violaban sexualmente. Desde afuera la señora Delia podía escuchar los gritos de horror de sus hijas que estaban siendo abusadas por los militares.

A pesar de que las mujeres denunciaron inmediatamente los hechos ante la Procuraduría General de la República (PGR) del estado de Chiapas, el 2 de septiembre de 1994 la PGR decidió remitir la Averiguación Previa 64/94 a la Procuraduría General de Justicia Militar “por incompetencia en razón de la materia”, donde nunca se investigó con seriedad el caso, sino más bien se intentó criminalizar a las víctimas y concluyó la investigación. Por esta razón, el caso se denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) quien emitió el Informe de Fondo 11.565 el 4 de abril de 2001, donde se señaló al Estado mexicano responsable de la violación sexual de Ana, Beatriz y Celia, y se le condenó a investigar con seriedad y de manera imparcial los hechos hasta sancionar a los responsables, y también se determinó que debían reparar adecuadamente a las cuatro mujeres. A 22 de años de ocurridos los hechos los militares siguen en libertad y Ana, Beatriz, Celia y Delia no han sido reparadas según lo recomendado por la CIDH.

El 8 de junio de 2011 cerca del mediodía, Erick Razo fue detenido por personas vestidas de civil y subido a un vehículo particular para ser trasladado a las oficinas de la extinta Agencia Federal de Investigación. Ese mismo día en una de las calles del centro histórico, Verónica Razo, hermana de Erick, fue privada de su libertad por un grupo de hombres armados vestidos de civil quienes la subieron a un vehículo particular. Su madre, quien presenció los hechos, pensó que su hija Verónica había sido secuestrada.

Más tarde, Erick y Verónica se darían cuenta, gracias a que pudieron identificar sus gritos de dolor, que estaban detenidos e incomunicados en el mismo lugar y que además estaban siendo torturados simultáneamente con el propósito de obligarlos a confesar que formaban parte de una banda criminal dedicada al secuestro. El horror más grande llegó cuando Erick se percató que además a Verónica la estaban violando sexualmente, mientras la amenazaban con hacerle lo mismo al resto de su familia si no confesaban. El día 9 de junio los hermanos Razo, junto con otras diez personas aproximadamente, fueron presentados en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SEIDO) de la PGR acusados de pertenecer a una banda de secuestradores y diciendo que habían detenido a todos juntos en una gasolinera el mismo 9 de junio a las ocho de la mañana, ya que tenían la intención de secuestrar.

A pesar de las denuncias inmediatas que puso la madre de los hermanos Razo ante la desaparición de sus hijos, que demuestran que Erick y Verónica fueron detenidos en un lugar, día y hora distintos a los señalados por los agentes federales que los presentaron ante el ministerio público, y de los múltiples dictámenes médicos y psicológicos que señalan que ambos hermanos fueron víctimas de tortura, el próximo 8 de junio cumplen cinco años en prisión sin que se les haya dictado aún sentencia y en la espera de que termine pronto su proceso penal para que se dicte una condena que declare su inocencia y les permita ver la libertad nuevamente. La tortura cometida por los agentes federales ha sido denunciada a nivel nacional y el caso ha sido visibilizado a nivel internacional, pero hasta ahora ninguno de los policías ha sido detenido por estos hechos.

La noche del 7 de marzo del 2011, en el estado de Baja California, aproximadamente a las 22:00 horas, entre seis y ocho militares vestidos de negro, encapuchados y portando armas de fuego entraron de manera violenta al domicilio de una familia de cuatro personas, entre ellas un niño de 12 años de edad y un adulto de 84 años. Los militares rompieron una de las ventanas de la casa e introdujeron mangueras conectadas a tanques de gas de la casa para ahogarlos, por lo que una mujer que estaba dentro de la casa abrió la puerta trasera, momento en que los militares encapuchados ingresaron a la casa y entre gritos, amenazas, golpes y patadas sometieron a la mujer y a su esposo mientras les preguntaban sobre personas que desconocían. La escena fue observada por el hijo de ambos de 12 años y el padre de la mujer de 84 años, quienes fueron amedrentados verbalmente.

Las cuatro personas fueron trasladadas a instalaciones militares, donde les tomaron fotografías, les cuestionaron acerca de su familia. A los tres adultos les hicieron firmar una hoja sin lograr leer lo que decía y un médico los desnudó para revisarlos; horas más tarde liberarían al niño. Debido a que durante la detención los elementos castrenses sembraron drogas y armas en el domicilio de esta familia, los tres adultos fueron sometidos a un proceso penal por los falsos delitos de posesión de armas y envoltorios de drogas, por lo que el 9 de marzo fueron trasladados al Centro de Reinserción Social en Tijuana. En dicha prisión el estado de salud del señor de 84 años se agravó debido a que padecía diversas enfermedades crónicas que, al no ser atendidas debidamente a lo largo de la detención, fueron deteriorando gravemente la salud del señor, quien falleció el 4 de abril de 2011 mientras era trasladado a un hospital general de Ensenada.

Finalmente, el 14 de julio de 2011, el Juez Décimo de Distrito en el estado de Baja California dictó sentencia absolutoria a favor de los dos adultos que aún seguían en prisión, ordenando su inmediata libertad a falta de pruebas que acreditaran los delitos por los que fueron detenidos y consignados dentro de la causa penal. Sin embargo, el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Décimo interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido por el Quinto Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito quién confirmó la sentencia absolutoria. Los anteriores hechos fueron denunciados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), organismo que luego de una investigación exhaustiva, reconoció las graves violaciones a derechos humanos cometidas por los militares y emitió la Recomendación 72/2012.

Los tres casos son el reflejo de la magnitud, el horror y la crueldad que ha alcanzado la práctica de la tortura en México, evidenciando que nadie está a salvo de esta terrible práctica, pues no importa la situación de vulnerabilidad de las personas, sean mujeres, niñas, niños, personas de la tercera edad o incluso personas con alguna discapacidad, pues todas y todos estamos altamente expuestos a que un día cualquiera podamos ser víctimas de tortura a manos de algún agente del Estado en (in)cumplimiento de sus funciones de seguridad. También demuestran que ninguna garantía ni derecho reconocido en la Constitución o en los tratados internacionales de derechos humanos son suficientes para prevenir y erradicar esta abominable práctica, que no sólo persiste en la actualidad, sino que ha ido en aumento al igual que la impunidad.

Según cifras oficiales, de diciembre de 2006 a octubre del 2014 la PGR recibió 4,055 denuncias referentes al delito de tortura[2], de las cuales 1,273 denuncias^[3] han sido en contra de militares; sin embargo, resulta alarmante que del total de denuncias sólo se han emitido a la fecha 15 sentencias condenatorias por tortura[4], es decir, menos del 1% de los casos denunciados, lo que hace concluir que la impunidad es prácticamente absoluta.

Una forma de combatir este velo de impunidad fomentado por el Estado para proteger a los agentes estatales que incurren en actos de tortura es visibilizar estos casos, denunciar públicamente por todos los medios posibles el horror de la tortura en apoyo a las víctimas que la han sufrido, donde familias enteras se han visto laceradas por esta práctica, despojadas de su vida habitual para comenzar una pesadilla que inicia con la detención injustificada, seguida de la tortura y que se perpetua con la impunidad con la que viven a diario, ante la falta de investigaciones serias e imparciales que permitan identificar y sancionar a los responsables de tan atroces actos, lo que además de demostrar la falta de voluntad del Estado para erradicar la práctica de la tortura, posibilita que estos casos se sigan replicando desde el norte hasta el sur del país.

Mientras el discurso del Estado sea minimizar e invisibilizar estos casos que muestran una sistematicidad, como sociedad debemos hacer nuestra parte y alzar la voz, visibilizar estos casos y exigir justicia. Por eso el día de hoy alzamos la voz para reclamar justicia en el caso las hermanas González Pérez y los hermanos Razo, que esta semana cumplen 22 y 5 años de impunidad respectivamente, hacemos un llamado al Estado para que se venzan los obstáculos en las investigaciones y se lleven ante la justicia a los responsables de la tortura, y que al mismo tiempo se asegure una reparación integral no sólo para las víctimas directas de la tortura, sino para sus familias que también han sufrido las atrocidades de la tortura.

 

*Natalia Pérez Cordero es abogada de la @CMDPDH

 

 

[1] Al momento de los hechos Ana tenía 20 años de edad, Beatriz tenía 18 años y Celia tenía 16 años de edad.

[2] Solicitud de acceso a la información. Folios: 0001700300414 y 0001700020615.

[3] Solicitud de acceso a la información. Folio: 0001700020115.

[4] CIDH, Situación de los Derechos Humanos en México, 2016, párrafo 11. Es importante aclarar que no se especifica si las sentencias son firmes.