En la casa de la justicia de papel

Por: Roberto Hernández (@PresuntoC)

La audiencia está a punto de comenzar. Pero Layda Negrete y yo vamos retrasados. Me siento agotado por la congestión de la nariz y por el tráfico de la Ciudad de México. Sumando el día anterior que llegamos al aeropuerto calculo que he pasado cuatro horas en el auto. Pero esta masa de autos se mueve más lento que el humo. Por fin llegamos y un colega nos guía hasta el juzgado octavo civil del Tribunal Superior de Justicia  del Distrito Federal.

Sin embargo, el lugar con el que finalmente me encuentro en nada se parece a un juzgado. El lugar es y parece en realidad un gran archivero. A mi derecha veo escritorio tras escritorio con gruesos expedientes apilados. Suena la música de una empleada interminablemente. A mi izquierda, cajones de metal con letras escritas a mano; algunos con palabras que delatan su contenido: juicios hipotecarios; juicios de arrendamientos; juicios del Infonavit; juicios bancarios.

Cajón de toda clase de conflictos, vengo a comparecer ante este tribunal todólogo como demandado por daño moral. El demandante es un ex agente de la policía judicial que aparece en el documental Presunto Culpable, que se estrenó en México en cines hace ya dos años. El demandante es el mismo que junto con otros dos agentes a su cargo, arbitrariamente detuvo a Toño Zúñiga, el protagonista de la cinta, la mañana del 12 de diciembre de 2005, ante la mirada atónita de una acompañante. El mismo que, según cuenta Zúñiga, le dijo “súbete cabrón¨ al momento de detenerlo. El mismo que después declaró su conveniente amnesia ante el tribunal, alegando no recordar el asunto. El mismo que detuvo a Zúñiga sin una orden de aprehensión, sin huellas digitales, sin siquiera una descripción física de la persona que supuestamente buscaban. El mismo que, cuando Zúñiga le reclamó que él no se parecía a ninguno de los retratos hablados que habría formulado el testigo del homicidio, le dijo a Zúñiga: “yo ya te agarré, ya te chingaste”. Y después, mágicamente, del expediente desaparecieron los retratos hablados que habría formulado el testigo. Desaparecieron para que ni usted ni yo pudiéramos cotejarlos y constatar que en nada se parecían a Toño Zúñiga.

Me demanda el mismo funcionario que le dijo a Zúñiga “si usted fue detenido por mis elementos y se encuentra usted atrás de estas rejillas es porque usted es el responsable”. La frase me sigue maravillando. Es como decir “No tengo evidencias, pero si tú estas aquí, es porque tú fuiste. Así de amplio es mi poder: la Constitución soy yo; el Juez soy yo. Con mi pura voluntad yo resumo tu culpa”. El mismo que según un artículo publicado por Reforma, ha dedicado parte de su actividad profesional a fabricar culpables. El mismo que a lo largo de su carrera acumuló quejas ante la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, incluyendo algunas de sus propios subalternos.  Y mágicamente, ninguna queja prosperó. Mágicamente, ninguna averiguación previa en su contra avanzó. Mágicamente, después de Presunto Culpable, en lugar de sancionarlo el Gobierno de la Ciudad de México decidió jubilarlo. Cobijarlo. Protegerlo. Solaparlo. Mucho lo debe querer el Jefe de Gobierno y antes Procurador, Miguel Ángel Mancera, para darle ese trato. Hoy ese judicial impune presta sus servicios en Hidalgo.

Cuando le conté a Toño Zúñiga que el policía nos había demandado por daño moral, su reacción fue “¿Pero cómo daño moral, si no tiene moral?”. Según supe en una audiencia de conciliación, José Manuel Ortega Saavedra ha pedido $60,000,000 de pesos por cada codemandado. Sesenta millones de pesos. ¿Y en qué consiste su reclamo? “Quiero que se haga constar que nos están filmando sin ninguna autorización personal”, acusó el policía mientras 5 cámaras lo filmaban. Y así se hizo constar en el documental, porque desde mi punto de vista eso es una queja absurda. Porque para que la labor de investigar delitos no se transforme en la labor de cometerlos, debe existir la amenaza y la realidad de la rendición de cuentas de forma pública. Porque el poder que entregamos a nuestros policías y a nuestros fiscales se pudre si no se escruta de forma pública. Imagine usted si, so pena de estar expuesto a demandas civiles millonarias, uno tuviera que pedirle permiso a los funcionarios públicos y a los poderosos para hacer periodismo sobre ellos ¿cuándo nos lo darían?

Cuando llego al juzgado, recorro con la mirada la fila de abogados que representan a las empresas que demandó el policía. Hay más de diez ahí representadas. Me acerco a los abogados, me presento, y mientras los saludo a uno por uno les pido perdón por el lío. Algunos ríen. Al fondo se escucha el sonido seco e interminable de funcionarios golpeando el papel con sellos, taladrando expedientes, cosiendo expedientes, imprimiendo expedientes, como un tren sonámbulo que calienta motores para aplastarnos. Necio, sigo buscando al juzgado y a su sala de audiencias en medio de esa selva de papel, pero acabo por entender que no hay propiamente una sala de audiencias.  No hay butacas para el público, ni público; ni siquiera hay suficientes asientos para los que estamos ahí presentes. No hay un escritorio para el juez ni un martillito de madera ni nada que dignifique el espacio en el que se habrá de juzgar a Presunto Culpable y nuestra labor. El lugar parece una oficina cualquiera. Para el público no hay espacio. Para usted no hay espacio. Y no hay una cámara mía, ni una cámara de algún medio de comunicación filmando.

Al final de la fila de abogados, de pronto mi mano se encuentra frente al ex-comandante de la Policía Judicial. Lo saludo igual. Se le ve más delgado que en el año 2008, cuando se filmó Presunto Culpable. “Comandante, buenos días”. Ante eso, el ex-policía exclama su nombre. “¡Me llamo José Manuel Ortega Saavedra!” y emprende una suerte de explicación que no atino a entender.

Uno de los abogados me jala para otro lado y me empieza a explicar que este tribunal antes era más pequeñito. Mucho más pequeñito. De la mitad del área que hoy ocupa. Pero ahora el juzgado octavo ocupa la mitad de un piso en el edificio sur de la vieja Ciudad Judicial. Se me dice que se ha gastado dinero en remodelaciones. Y que las instalaciones eran mucho peor antes. Parte de esa historia la sé: conozco al funcionario del Banco Mundial que gestionó esos préstamos millonarios con los que se pagó la remodelación. Sin embargo, los cosméticos no cambiaron el verdadero rostro del tribunal. No cambiaron sus absurdos métodos de trabajo. Los expedientes amurallan todo el espacio. Gracias a esos papeles, los juicios en México no son un escenario para escucharse o para debatir.

Pasan horas y la “audiencia” no comienza. No se si me cuesta trabajo respirar por la gripa o porque empieza a subir la temperatura en el ambiente. Tanta tensión para llegar a tiempo y venir aquí a perder el tiempo.

De pronto, alguien toca mi hombro. Me dicen que soy el primer declarante. Me conducen frente a una silla negra y me ponen de espaldas a los abogados. Una funcionaria vestida con un saco de algún color oscuro y un vestido rojo pide a varias personas que abandonen la sala para que no me oigan declarar. Eso genera algunas protestas. “¡La audiencia es pública!” –le dicen. Mientras me acomodo en la silla, miro a la funcionaria. Le pregunto su nombre y si ella es la juez. No me contesta, pero me aclara que yo estoy aquí para contestar preguntas, no para hacerlas. Otro funcionario me toma la protesta como testigo. Mientras sostiene un sobrecito con las preguntas que formuló el demandante, me advierte que debo contestar “con un sí o un no”. También me dice que si declaro con falsedad me pueden meter a la cárcel por dos años.

“Protesto conducirme con verdad”.

Lo primero que me preguntan es cuántos años tengo. Me quedo estupefacto. No lo sé; casi nunca celebro los cumpleaños y nunca me ha importado. ¿Treinta y siete, treinta y ocho? Y no puedo contestar ni sí ni no. ¿Me meterán a la cárcel? Les digo la fecha en que nací y le pido al funcionario que él haga la cuenta por favor. Comienzan a interrogarme. “No recuerdo, no recuerdo, no recuerdo” solía ser la respuesta modal del policía en el documental, a cada pregunta que le hacía el defensor de Toño Zúñiga. Pero aquí se me dice que no se permite contestar “no recuerdo.” Según yo trato de ser breve, pero a ritmo del dictado, para cuando termino ha pasado una hora y media. Hora y media de “espérese, más despacito”, de “ya no suelte tanto rollo”. Hora y media en que, en lugar de escucharme, los funcionarios se empeñan en corregir las palabras que van apareciendo en la pantalla de una computadora.

Durante ese tiempo le he tratado de decir al tribunal que Presunto Culpable es un trabajo de investigación periodística. Que pusimos a examen el desempeño de varios funcionarios públicos. Que al ex-comandante se le filmó exclusivamente dentro del contexto de una audiencia pública de un juicio penal. Que un juicio es un ejercicio de rendición de cuentas y que como tal el consentimiento de los participantes en él es irrelevante, mucho más irrelevante aún por tratarse de un servidor público. Le digo al tribunal que un declarante en un juicio penal no tiene ninguna expectativa razonable de privacía. La secretaría tropieza con esta frase extraña. Ex-pec-ta-tiva. Ra-zona-ble. Pri-va-cía. Deletreo y continúo explicando: mire, no se le filmó en su casa, o mientras estaba en el baño, se le filmó en un juicio penal. “¡Espérese, más despacio!” Le digo al tribunal que actuamos al amparo de nuestro derecho a la libertad de expresión, y al derecho a la información. Y que había, además, un interés periodístico claro en el caso de Toño Zúñiga, en tanto que Zúñiga afirma que el ex-comandante lo arrestó sin orden de aprehensión, sin evidencias previas que describieran a Zúñiga de ninguna forma, en total violación de sus derechos; y que mientras lo interrogaba el judicial lo golpeaba en el pecho, lo amenazaba y lo insultaba… “¡Va usted muy rápido, déle tiempo a la secretaria!”

Intuyo que es hora de callar. Esto no da para más. No se puede ni hablar. Me piden que me retire a la sala de espera de testigos. La cabeza me zumba, los ojos me duelen. No entiendo para qué demonios transcriben las declaraciones en lugar de audiograbar a los declarantes. Son las 11:30 am. Necesito meterme a una cama. Pero el juzgado es una máquina perfectamente diseñada para hacernos perder el tiempo a todos, incluyendo a la juez y a sus colaboradores que, mientras todo esto sucede, siguen taladrando, cosiendo, sellando y archivando expedientes.

¿Y todo para comprarnos certeza de qué? De nada. Certeza de nada. Porque esta justicia de papel es susceptible de ser vendida y comprada. Todos los días. Con una llamada telefónica puede cambiarse el sentido de una sentencia. Con una llamada telefónica puede pararse un asunto. Con una llamada telefónica puede comprarse una conciencia.

Caen las cuatro de la tarde y me llaman para enmendar los errores ortográficos del texto que dicté. Aparecen veintenas en cada página. Paso quince minutos colocando acentos y enmendando dedazos. Se hartan. Me piden que sólo corrija lo indispensable. Están cansados. Por alguna razón en una frase aparece un “cerdito”. Le digo a un funcionario que nunca usé esa palabra en mi declaración. Corrigen, imprimen todo de nuevo. Mientras leo las hojas, un funcionario del juzgado me pregunta: “¿Cuándo hacen el Presunto Culpable de los procesos civiles? Aquí también pasan cosas terribles.” Sonrío: “Cuando ustedes digan venimos a filmar aquí”. La respuesta incita una risotada: “No, gracias.”

A punto de retirarme, veo a Layda Negrete platicando con un grupo de empleadas del juzgado. Se la han llevado a un rincón y han pasado un rato narrándole historias de abusos. Cosas que han visto, cosas que les han pasado. Querían conocernos, hablar con nosotros. Me acerco, y alcanzo a escuchar que le dicen: “Hay algunos jueces que son unos patanes; nos maltratan, nos obligan a trabajar horas extras sin pago; nos acechan sexualmente. En la casa de la justicia no hay justicia”.

Mientras escucho esa frase que resume todo lo que siento, a lo lejos veo cómo el policía y sus acompañantes se retiran. Me pregunto cuándo podremos interrogar al Policía. Pero imagino que no será así. A él tal vez nadie ha podido preguntarle nada; nunca nadie lo hizo rendir cuentas de nada. Nadie nunca le puso límites a su poder: ningún legislador, ningún juez, ningún superior lo llamó a rendir cuentas públicamente por lo que hizo en el caso de Toño Zúñiga, ni en ningún otro caso. Lo sé, porque si eso fuera distinto, el bebé puro y lleno de posibilidades que un día fue nunca se habría transformado en la figura amenazante que es hoy.

El juicio ha comenzado. No sé si la batalla será corta o larga, pero no la daremos en silencio.

 

* Roberto Hernández es director y productor de El Túnel y Presunto Culpable. Estudió Derecho en México y Canadá. Actualmente cursa un doctorado en Políticas Públicas en la Universidad de Berkeley.