En derechos humanos, las palabras no bastan

A un año del inicio de esta nueva administración, la balanza en materia de derechos humanos se inclina más a lo simbólico que a lo concreto. De manera expedita este gobierno reconoció la grave crisis de derechos humanos, lo que no hicieron administraciones anteriores. Se ha reunido con familiares de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, se ha disculpado públicamente por hechos violatorios cometidos años atrás y hay una reiterada narrativa de que en esta gestión no habrá abusos a la población.

El 27 de noviembre, en Amnistía Internacional presentamos el informe México: Cuando las palabras no bastan, situación de los derechos humanos a un año de gobierno, en el que hacemos un balance sobre el tema y advertimos con preocupación que la crisis en esa materia continúa.

El documento analiza con detalle y claridad cuatro grandes rubros: estrategias de seguridad y derechos humanos, espacio para la sociedad civil, violencia basada en el género contra mujeres y niñas y, personas migrantes y solicitantes de asilo. El informe incluye también una serie de recomendaciones sobre estos temas.

Nuestro informe contrastó con el mensaje que el jefe del Ejecutivo presentó en el Zócalo el 1 de diciembre de 2019, con motivo de cumplirse su primer año de gobierno. Identificamos en él referencias que resultan interesantes cuando se analizan a la luz de los derechos humanos. Por ejemplo: el presidente se refirió a la migración, pero sólo a la de personas mexicanas que van hacia Estados Unidos, sin considerar la migración que recibimos del continente, ni la extra continental, con lo cual no se dio la oportunidad de darnos a conocer su política migratoria.

Refirió la guerra contra el narcotráfico y reconoció los abusos ocurridos por las fuerzas del Estado en sexenios anteriores. Sin embargo, no nos explicó cómo -en menos de 1,500 días-, va a sacar a las fuerzas armadas de las calles. Tampoco le escuchamos la estrategia para fortalecer a los cuerpos policiales en los tres ámbitos de gobierno.

Aseguró que los programas sociales serán un elemento fundamental para la disminución de la inseguridad y aunque ello puede atender a las causas estructurales de la desigualdad, pareciera vincular la pobreza con el delito. En cambio, no nos dijo nada sobre cómo se abatirá la impunidad y cómo se fortalecerán los organismos encargados de procurar justicia.

Afirmó que las mujeres somos más honestas que los hombres, pero en cambio obvió mencionar el tema que más nos aqueja: los feminicidios. Nada, ni una sola mención pese a que en este país son asesinadas casi 10 mujeres al día y cuando el propio Presidente, en su conferencia de prensa matutina del 25 de noviembre, abrió el espacio para que se presentaran los avances de las acciones que se realizan para evitar la violencia contra las mujeres.

Tampoco hizo mención a la importancia de la labor de las personas defensoras de derechos humanos, aun cuando en lo que va de su administración al menos 24 personas defensoras han sido asesinadas. No es menor obviarlas cuando ellas sustituyen al Estado ahí donde éste no alcanza a llegar.

Hemos de comprender que cuando hablamos de la nueva administración no sólo se ha de ver al presidente de la República, recordemos que el Congreso de la Unión participa de la toma de decisiones. Por ello, desde Amnistía Internacional, vivimos momentos ambiguos participando en parlamentos abiertos en los que la participación de la sociedad civil ha sido meramente testimonial.

Tal es el caso de las decisiones tomadas sobre la seguridad nacional. La discusión de la reforma constitucional para crear la Guardia Nacional (GN), un cuerpo policial civil que permitiría el regreso de los militares a sus cuarteles, retirándolos de las tareas de seguridad pública, concluyó con la permanencia de éstos en las calles.

La GN es encabezada por un militar en retiro que, para efecto de las normas legales, sigue siendo personal militar. Además, está integrada mayoritariamente por policías militares y navales y en menor medida por policías federales. De esta forma las fuerzas castrenses siguen siendo el soporte de la seguridad pública, como ocurre desde el sexenio del expresidente Felipe Calderón.

Desde Amnistía Internacional hemos insistido en que esta decisión contraviene el derecho internacional de los derechos humanos que establece que el mantenimiento del orden público interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles.

En este mismo sentido, la aprobación de la legislación que regula la GN careció, en el último momento, de transparencia y de discusión. Pocas horas antes de su aprobación solamente los jefes parlamentarios conocían el texto que se aprobaría en el pleno.

En nuestro informe Amnistía Internacional refiere también otros grandes pendientes de la agenda de derechos humanos, como el de la tortura, la desaparición de personas, los arrestos y detenciones arbitrarias, la relación con las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y las leyes que restringen indebidamente el derecho a la libertad de reunión pacífica, los riesgos para las personas periodistas y defensoras de derechos humanos y la población migrante.

Reconocemos acciones positivas como la elaboración, junto con las OSC, del Programa Nacional de Prevención y Sanción de la Tortura, la reinstalación del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas o el anuncio de que México aceptará la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU, y estamos a la espera de que esta última decisión se formalice.

Un año de gobierno es tiempo suficiente para contar con un diagnóstico de la agenda de derechos humanos, por lo que es menester avanzar en el diseño e implementación de las estrategias que conduzcan a progresos.

En México, las mujeres, las familias de personas desaparecidas, las personas defensoras de derechos humanos, las personas migrantes, aspiramos a vivir libres y seguras. En suma, queremos un país donde sean vigentes todos los derechos para todas las personas, todos los días.

El informe de Amnistía Internacional ya está en las manos de las autoridades, seguiremos abiertas al diálogo para la construcción de un mejor país. Cuando le va bien a una administración, nos va bien a todas.

* Tania Reneaum Panszi es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@AIMexico).