En derechos humanos, el Estado no debe precipitar a México al abismo

Desde su creación en 1961, Amnistía Internacional presenta cada año un informe en el que advierte sobre las acciones de los gobiernos que representan riesgos o que de plano violan los derechos humanos de las personas alrededor del mundo. Este 28 de marzo de 2023 nuestro movimiento presentó el Informe 2022/23 Amnistía Internacional La situación de los derechos humanos en el mundo.

El acto fue encabezado por nuestra secretaria general, Agnès Callamard, en una conferencia de medios realizada en el Palacio de Chaillot, en París, justo donde hace 75 años fue proclamada la Declaración Universal de Derechos Humanos. De esta forma Amnistía Internacional conmemoró la creación de dicho documento fundacional que es la guía de acción para nuestro trabajo por la libertad y la igualdad de todas las personas en todos los lugares del mundo.

Nuestro informe es una amplia y documentada investigación en la que intervinieron las diversas secciones de nuestro movimiento ubicadas en 156 países. Desde este espacio invito a las personas lectoras a que conozcan el documento, donde podrán constatar cómo, en el año 2022, estallaron nuevos conflictos en el mundo, otros seguían prolongándose y algunos más que estaban latentes se reanudaron.

Las violaciones del derecho internacional humanitario provocaron terribles tragedias humanas, mientras que la respuesta de la comunidad internacional fue débil, con gravísimas consecuencias para las personas que huían de combates o patrones de violaciones atroces a sus derechos, algunos de los cuales constituyen crímenes de lesa humanidad.

Entre estas violaciones destacó la represión a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica –incluidas las protestas–, cuya peor parte soportan con frecuencia quienes defienden los derechos humanos. La violencia de género contra las mujeres, las niñas y las personas LGBTI sigue siendo un problema global de derechos humanos, aun cuando se tomaron algunas medidas legislativas para mejorar su protección.

Las crisis económicas asociadas a la pandemia por COVID, así como una deuda insostenible, los conflictos y el cambio climático, provocaron un aumento vertiginoso del costo de la vida y de la inseguridad alimentaria. Las dificultades afectaron desproporcionadamente a los grupos de población más marginados, y provocaron un aumento de la desigualdad en todo el mundo.

La represión de la disidencia abonó el terreno para el conflicto. Las confrontaciones bélicas y los golpes de Estado se desencadenaron y detonaron en la imposición de restricciones a la sociedad civil. La violencia sexual contra las mujeres y las niñas estuvo brutalmente presente en los conflictos armados. Éstos, las crisis políticas, el aumento del costo de la vida, las restricciones al derecho al aborto, la violencia contra las mujeres y la discriminación fueron importantes catalizadores de las protestas.

En determinados patrones de violaciones de derechos humanos, la investigación de Amnistía Internacional sacó a la luz pruebas de los daños cada vez más graves que provoca el modelo de negocio de las grandes empresas tecnológicas, subrayando la necesidad acuciante de tomar medidas más audaces para abordar la crisis climática y la degradación ambiental.

¿En qué punto nos encontramos en México?

En el capítulo sobre México de nuestro informe global –que se puede ver en nuestro canal de youtube–, hacemos un balance de una amplia gama de derechos humanos que incluye la libertad de expresión y de reunión; la violencia contra las mujeres y las niñas; el uso excesivo de la fuerza; las desapariciones forzadas; la detención y reclusión arbitraria de personas; la tortura y otros malos tratos; la situación de las personas defensoras de derechos humanos; los derechos de las personas de la comunidad LGBTI; los derechos sexuales y reproductivos; la actuación deficiente contra la crisis climática y la degradación ambiental; los derechos de las personas refugiadas y migrantes, y los derechos de los pueblos originarios.

Todos estos temas corren al parejo de la vida cotidiana del país aunque el Estado mexicano se niegue a reconocerlos. De manera breve refiero aquí algunos de ellos. En materia de libertad de expresión, el año 2022 fue el más letal para las personas periodistas: 17 de ellas fueron asesinadas y en 12 casos se confirmó que los homicidios estuvieron relacionados con su trabajo. El gobierno mexicano, lejos de procurar la protección, seguridad e integridad de las personas periodistas, emitió comentarios que les descalifican y acusan de “conservadores” y “oponentes”.

El gobierno mexicano continuó estigmatizando a las feministas, y en algunos estados las fuerzas de seguridad reprimieron con violencia a mujeres que protestaban contra la inacción del Estado en materia de violencia de género. Pero la violencia también provino desde el Ejecutivo cuando éste afirmó, el 7 de marzo de 2022, que las movilizaciones feministas no tenían por objeto la defensa de las mujeres, sino ir en contra de la política de su gobierno.

Las protestas feministas, como lo he dicho reiteradamente en este espacio, tienen una causa legítima: durante el año 2022, fueron asesinadas en el país 3,170 mujeres, 968 de los casos se investigaron como feminicidios, lo que equivale a un promedio de 2.65 por día. Los estados con más feminicidios fueron el Estado de México (140), Nuevo León (102) y Ciudad de México (74).

Con frecuencia las fuerzas militares mexicanas no protegen el derecho a la vida y la seguridad de las personas. Durante los 16 años que los militares han participado en las operaciones de seguridad pública se han incrementado significativamente los homicidios, feminicidios y desapariciones de personas.

La Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) figuraron entre las 10 instituciones federales con más denuncias por violaciones a derechos humanos. En el año 2022, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) recibió 476 quejas contra la GN y 404 contra la Sedena en relación con múltiples crímenes de derecho internacional y violaciones a derechos humanos que incluyen tortura, homicidios, desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias.

Los ejemplos son dolorosos y por supuesto que no pueden ni deben ser olvidados. La GN ha sido responsable de la muerte de estudiantes, niñas y mujeres en Guanajuato y Tamaulipas. A su vez, el ejército ha participado en actividades ilícitas, como el espionaje de periodistas y personas activistas defensoras de derechos humanos, como sucedió a Raymundo Ramos presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Además, en la revisión final del presente texto conocimos que integrantes del Centro Prodh, organización defensora de derechos humanos, fueron espiados con el malware Pegasus en 2017 y en 2022.

Con este terrible telón de fondo, en septiembre del año pasado el Congreso de la Unión aprobó la incorporación de la GN a la Sedena –aunque una jueza federal suspendió esa decisión en octubre– y también aprobó la extensión de la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028. Estas decisiones fueron promovidas por el gobierno y aprobadas a golpe de tambor por el Congreso de la Unión sin la participación ni consulta de organizaciones de la sociedad civil, la academia, ni de las víctimas de las violaciones a derechos humanos que han cometido las Fuerzas Armadas.

Hoy, al momento de cerrar el presente texto, vemos con optimismo la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que declara inconstitucional que la Sedena tome el control de la militarizada GN.

La decisión es trascendente puesto que las fuerzas militares no deben participar en tareas de seguridad pública, como lo establece el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, que incluye las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH), en específico la del caso Alvarado Espinoza y otros Vs. México, de 2018.

La crisis estructural de derechos humanos no tiene fin. Las desapariciones forzadas continúan imparables en nuestro país. En 2022, se registraron 10,262 personas desaparecidas, de tal forma que en México hay 111,932 personas desaparecidas en el periodo de 1964 a 2022. A esto se suman los ataques, amenazas y asesinatos de madres buscadoras como ocurrió con Rosario Lilián Rodríguez Barraza, Blanca Esmeralda Gallardo y María del Carmen Vázquez, en los estados de Sinaloa, Puebla y Guanajuato, respectivamente.

En materia de migración, nuestro informe destaca que el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) forman parte de las 10 autoridades con mayor número de quejas interpuestas por violaciones a los derechos humanos. Y como si no bastaran esas denuncias justamente dos días antes de presentar el capítulo México de nuestro informe, la noche del lunes 27 de marzo, conocimos la aterradora y dolorosa noticia del incendio en instalaciones del INM en Ciudad Juárez, Chihuahua, en el que murieron 39 personas migrantes de diferentes nacionalidades.

Lo hemos dicho hasta la saciedad, México no es un país seguro para quienes vivimos aquí y mucho menos para las personas migrantes. El Estado mexicano debe asumir su responsabilidad por los hechos ocurridos en dichas instalaciones, pero además contar con políticas públicas adecuadas para atender a las casi 300 mil personas migrantes que cada año transitan por el país. Pero la indolencia de las autoridades ha sido más fuerte que el deber ético de realizar un trabajo serio y responsable en la materia.

Lo que viene

Iniciamos 2023 con fuertes retos en materia de derechos humanos: miles de personas en este país continúan siendo víctimas de la violencia del Estado y grupos criminales; en cientos de comunidades las personas siguen defendiendo sus territorios y el medio ambiente; la violencia de género y los feminicidios no cesan y las mujeres protestamos en las calles frente a la indolencia del Estado, en tanto, éste sigue dando más y más poder a las Fuerzas Armadas.

Este año vamos a celebrar el 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, un documento que surgió de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial. Este debe ser un año decisivo para la defensa de los derechos humanos en todo el mundo y en México, en particular, puede ser un año para empezar a construir una verdadera transformación que se oriente a que todas las personas podamos ejercer todos nuestros derechos todos los días.

Parafraseando a nuestra secretaria general: “cualquier ambición menor por parte de nuestras autoridades, sería una traición capaz de precipitar a México al abismo”.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).