En defensa de la transparencia
Redacción Animal Político · 8 de junio de 2023
La transparencia y el derecho de acceso a la información son pilares democráticos que han sido fruto de las conquistas ciudadanas en materia de derechos humanos. Así lo reconocen los artículos primero, sexto y octavo constitucionales, además de diversos ordenamientos internacionales en la materia 1 y criterios que han emanado de nuestro Poder Judicial y del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En nuestro sistema jurídico y político, estos derechos los protege y garantiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que funge como árbitro en las controversias suscitadas entre los particulares que realizamos solicitudes de información, y los sujetos obligados que detentan la información pública y por alguna razón, niegan nuestro derecho a saber. El INAI, contrario a la desinformación generada por sus detractores, no sirve de fiscalía ni de auditoría. No persigue delitos ni su función es denunciarlos, para ello están las autoridades competentes, que en la interpretación errónea de quienes le atacan, dan razón de la impunidad, falta de legalidad y debida diligencia a la hora de llevar a cabo las investigaciones por las autoridades que SÍ son competentes (por ejemplo, las fiscalías).
Ya sea con dolo o por ignorancia, la desinformación emanada desde el presidente hacia abajo ha tenido consecuencias serias que no afectan únicamente al INAI. Un claro ejemplo donde la escalada ha ido en aumento, es lo sucedido con el Poder Judicial. La desinformación sobre el actuar de jueces y juezas ha llevado a ataques y amenazas abiertas y a una clara campaña de desinformación y descrédito rodeada de discursos estigmatizantes que rayan en discursos de odio, principalmente hacia la ministra presidenta. Lo anterior, también acompañado de propuestas de reformas al poder judicial que obedecen más a la intención de someter este poder, mermando su autonomía e independencia.
La más clara evidencia de la molestia causada al presidente son las resoluciones que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto sobre los “decretazos” que el titular del ejecutivo ha realizado, principalmente los relativos a la Guardia Nacional, 2 y a los de proyectos prioritarios clasificados como seguridad nacional, 3 declarando en ambos casos la inconstitucionalidad de estos. El último, gracias a una impugnación que interpuso el INAI.
Acciones como estas, generadas por los contrapesos democráticos como el INAI, resultan incómodas para el gobierno en turno, razón por la cual los ataques hacia ellos han sido una constante a lo largo del sexenio. Ataques que se lanzan desde la “mañanera”, mediante decretos o, con el Congreso de aliado, por omisiones legislativas.
Así, como parte de los impactos que ha sufrido el derecho a la información, es que desde el 1 de abril del presente año el pleno del INAI está paralizado en sus funciones ante la falta de quórum legal 4 para sesionar, debido a que el senado de la república no ha llevado a cabo las respectivas designaciones. 5 Lo anterior, con una clara intención de no permitir a la ciudadanía ejercer nuestro derecho de acceso a la información. Por una parte, el ejecutivo federal a través de una narrativa de descrédito, estigmatización y diversos ataques al organismo garante, y por otra, de diversos voceros del oficialismo que se han encargado de resonar y replicar los discursos estigmatizantes y de ataques que ha recibido el INAI. Lo anterior cobra relevancia cuando vemos que varios de estos voceros forman parte del senado de la república y del partido de la mayoría, MORENA, con lo que han mostrado abierta y descaradamente que no pretenden llevar a cabo dicho proceso. Ante ello, nos encontramos por vez primera con un organismo paralizado en sus funciones garantistas.
Más allá de velar por el funcionamiento institucional, representado por el INAI y su composición plenaria de 7 comisionados y comisionadas, debe preocuparnos el reconocimiento y garantía de nuestros derechos constitucionalmente reconocidos. La irónica situación donde la ciudadanía, en un estado que presume ser democrático y respetuoso de derechos, está en un estado de indefensión y vulnerabilidad ante el ejercicio del derecho a la información. Ante ello, es el Estado el que ha decidido mantener el estado actual de las cosas, no por negligencia, no por error, sino con y por una clara intención de velar por la opacidad y la nula transparencia en su quehacer, sin rendición de cuentas.
La transparencia es un principio sobre el cual este gobierno no se rige. Salir todas las mañanas en Palacio Nacional para determinar la agenda pública no es un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, ni mucho menos un ejercicio de acceso a la información. Los canales y vías democráticas para ello existen, y se destinan recursos humanos y económicos. Actualmente, estos organismos que sirven como contrapesos al poder y por ello los quieren debilitar, son las mismas vías de las cuales el actual presidente se sirvió para denunciar la corrupción y llegar al poder. Ahora, aunque utilizadas por los particulares, periodistas y las organizaciones de la sociedad civil para los mismos fines, son disfuncionales y desacreditados por el presidente, simplemente no le sirven.
Si bien el INAI es un organismo perfectible, la solución no es su parálisis, ni mucho menos su desaparición o mutación en un organismo con estructura y funcionamiento limitado. Las diversas propuestas e iniciativas que se han presentado por parte de integrantes de MORENA, buscan desestabilizar aún más el sistema de transparencia que tenemos y ponerlo bajo un régimen que no garantiza su autonomía ni sus funciones actuales, lo cual, es un peligro para el sistema de transparencia que se ha venido construyendo a lo largo de más de 20 años. En pocas palabras, sería un grave retroceso.
El Poder Judicial tiene ahora la encomienda de resolver los medios de defensa que se han promovido ante la parálisis del INAI. Controversias constitucionales y amparos son las armas que están ahora activadas para revertir el daño ocasionado. Ante más de dos meses sin un pleno en funcionamiento, con más de 5 mil recursos de revisión pendientes, con un incremento en las negativas al acceso a la información por parte de los sujetos obligados, ante un gobierno opaco, ante decretos que buscan clasificar información de carácter público, ante una crisis de desinformación, ante un desconocimiento sobre casos relacionados a graves violaciones a derechos humanos, hoy más que nunca, necesitamos defender la transparencia.
* Ricardo Reyes Márquez (@Vegetable0000), Coordinador de investigación en @ElementaDDHH México.
1 Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 13 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, artículo 13 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
4 El artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia señala que “Las sesiones del Pleno serán válidas con la asistencia de cuando menos cinco Comisionados, incluyendo al Comisionado Presidente.” Actualmente la composición del pleno es de 4 comisionadxs.
5 Artículo sexto constitucional, inciso “A”, fracción VIII párrafo octavo; “Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso establecido en la ley”