En Cuba se tortura

El Comité contra la Tortura de Naciones Unidas expresó a Cuba su preocupación por las denuncias sobre maltratos y agresiones que entrarían en la clasificación del tortura durante las protestas del 11 de julio de 2021. Si bien el Comité tomó nota del rechazo de estas alegaciones por parte de la representación cubana, también externó su alerta por “las denuncias de juicios sumarios sin garantías al debido proceso, las restricciones a la movilidad, las limitaciones en el acceso a internet y los actos de repudio”.

Cuba no tiene ningún reparo en prohibir la tortura en su texto constitucional. El artículo 51 plantea que “Las personas no pueden ser sometidas a desaparición forzada, torturas ni tratos o penas crueles, inhumanas o degradantes”.

Esta intención plasmada de manera determinada y clara en el máximo estatuto de la República de Cuba pierde fuerza conforme organizaciones y colectivos como el Centro para los Derechos Civiles y Políticos, Cubalex, Instituto Internacional sobre Raza Igualdad y Derechos Humanos, Movimiento San Isidro, la Red de Defensores de Derechos Humanos en Cuba, El Grupo de Trabajo sobre Detenciones por Motivos Políticos Justicia 11J, la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana, Civil Rights Defenders, Free Society Project/Archivo Cuba, el Centro de Estudio Liderazgo y Desarrollo (CELIDE), Plataforma Femenina, Prisoners Defenders y ARTICLE 19 para México y Centroamérica evidencian la falta de interés del gobierno cubano por evitar este fenómeno en documentos como Tortura en Cuba: Informe de Organizaciones de la Sociedad Civil al Comité contra la Tortura, el cual es un abordaje de las omisiones y fallos del Estado de Cuba para evitar esta práctica.

En dicho informe se describen las técnicas de tortura utilizadas por servidores públicos, las cuales han sido variadas y sobre todo utilizadas en el contexto de las protestas multitudinarias del 11 de julio de 2021.

Desde la violencia física durante las detenciones arbitrarias con golpes en abdomen y rostro, el uso de las rodillas para presionar el cuello de las víctimas y asfixiarlas mientras estas se encuentran sometidas e inmovilizadas, la privación de sueño, de atención médica, de medicinas, agua y alimentos, de salidas de la celda en centros de reclusión, amenazas de carácter sexual y registros corporales injustificados y fuera de todo protocolo hacia mujeres, uso de gas pimienta, hasta la exposición prolongada a altas temperaturas en vehículos policiales con ventanas y puertas cerradas.

Esta información recopilada por las organizaciones participantes en el informe fue enviada al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, que entre el 21 y el 29 de abril de 2022 examinó la situación de Cuba en relación a las medidas adoptadas para prevenir, investigar y sancionar los actos de tortura y reparar integralmente a víctimas de este tipo de agresión. A partir de esta examinación el Committee Against Torture (CAT por sus siglas en inglés) emitió un informe de Observaciones finales sobre el tercer informe periódico de Cuba en el que urge al Estado, entre otros temas, a:

• Tipificar el delito de tortura
• Sancionar la tortura con penas adecuadas a su gravedad y velar porque este no sea objeto de prescripción y amnistía
• Establecer una institución nacional de derechos humanos independiente que promueva y proteja dichos derechos
• Retirar a tribunales militares la competencia de juzgar a civiles y garantizar que los tribunales ordinarios sean los únicos competentes para conocer de violaciones graves de los derechos humanos incluida la tortura.
• Garantizar que todas las personas detenidas cuenten, en la ley y en la práctica, con todas las salvaguardias fundamentales contra la tortura desde el momento mismo de su privación de libertad.
• La mejora de las condiciones de detención, en particular aplicando medidas no privativas de libertad
• Procurar que se abra una investigación siempre que haya motivos para creer que se ha cometido un acto de tortura o se han infligido malos tratos a una persona mientras se encuentra recluída.
• Establecer vías para las quejas de manera específica e independiente que permita recibir denuncias de tortura y malos tratos.
• Procurar que en los presuntos casos de tortura y malos tratos, los sospechosos sean suspendidos de sus funciones de forma inmediata y durante toda la investigación
• Adoptar medidas inmediatas para poner término a las prácticas coercitivas en los interrogatorios
• Garantizar que cuando se denuncie que una declaración se obtuvo mediante tortura se investigue de inmediato y la carga de la prueba no recaiga en la víctima, sino en el Estado
• Establecer protocolos que regulen la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas sociales conforme a las normas internacionales de protección de derechos humanos.

Asimismo, el Comité contra la Tortura se pronunció por investigar de manera pronta, independiente y exhaustiva además de juzgar y en su caso, sancionar a los responsables del uso excesivo de la fuerza y malos tratos ocurridos durante las protestas sociales ya mencionadas.

Por lo pronto, la respuesta del Estado no se ha hecho esperar, no necesariamente por las vías formales sino de manera indirecta en espacios de medios digitales oficialistas como “Hacemos Cuba”, que en su emisión del 21 de mayo de 2022 en el canal de Youtube de Canal Caribe invitó al primer coronel Osman Leyva Ávila, segundo jefe de la dirección de establecimientos penitenciarios del Ministerio del Interior y al coronel Víctor Álvarez White, segundo jefe del órgano especializado de la Dirección General de Investigación Criminal. En esa ocasión los invitados señalaron que “la tortura no es una práctica en ninguna de las entidades del Ministerio del Interior” y que “existe el manejo mediático manipulado de denuncias” para “crear una matriz de descrédito” hacia el mencionado ministerio. Al ser la tortura una práctica que se ha presentado y señalado por las y los ocupantes de los centros de reclusión, se incluye en la emisión a modo de respuesta una visita a diversos establecimientos penitenciarios donde se muestran una serie de testimonios que tienen como fin de contrapuntear las preocupaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

Aunque el gobierno de Cuba pretenda subestimar y desahogar los cuestionamientos a través de espacios ad hoc y respuestas insuficientes, el Comité Contra la Tortura solicitó al gobierno de Cuba que proporcione, a más tardar el 13 de mayo de 2023, información sobre el seguimiento dado a las recomendaciones del Comité concernientes a la inspección independiente de los lugares de detención; los defensores de derechos humanos, periodistas y artistas y los sucesos del 11 de julio de 2021.  Además, se pide al Estado que informe al CAT sobre sus planes para aplicar las recomendaciones formuladas.

* Julio César Colín Paredes es coordinador del Programa de Centroamérica y el Caribe en ARTICLE 19 México y Centroamérica.