Dignificar el empleo juvenil en el medio rural

Por Nora Galván Hernández, directora de SOMOS AUGE

En México, 14 millones de personas jóvenes viven en zonas rurales; 4 de cada 10 habitan en localidades con menos de 2,500 habitantes, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020. ¿Nos hemos preguntado cómo es su vida cotidiana?, ¿cuáles son sus sueños y aspiraciones?

Las juventudes rurales han sido históricamente invisibilizadas en la agenda pública, lo que se traduce en ausencia de condiciones favorables para su participación en la toma de decisiones que les afectan, así como en la falta de reconocimiento de sus necesidades en los planes de desarrollo.

También han sido, sistemáticamente, blanco de exclusión y discriminación. La mayoría ha acumulado desventajas desde su nacimiento: carencias que afectan su alimentación y acceso a la salud; trayectorias educativas marcadas por la baja calidad y, en muchos casos, el abandono durante el bachillerato para incorporarse a empleos precarios ante la necesidad de contribuir al sustento familiar.

Requieren, de manera urgente, oportunidades laborales en sus propios territorios, así como el desarrollo de habilidades para la vida y competencias técnicas que les permitan migrar por elección y no por necesidad, e integrarse dignamente a la fuerza laboral.

En los contextos rurales, el empleo juvenil es particularmente desalentador. Con frecuencia, carecen de oportunidades en condiciones dignas, situación que se agrava por la limitada capacitación para el trabajo y la baja calidad educativa. Como resultado, enfrentan dificultades para insertarse en empleos que cumplan con expectativas básicas de salario, seguridad, estabilidad o crecimiento.

A ello se suma el abandono progresivo del sector productivo. Muchas personas jóvenes rurales no ven alternativas ni futuro en el campo. Por ejemplo, durante la temporada de corte de café 2025-2026, el kilogramo se pagó entre 6 y 7 pesos a las personas cortadoras; mientras que en el periodo de zafra, quienes cortan caña recibieron menos de 100 pesos por tonelada, trabajos que suelen realizarse en condiciones de calor extremo, que requieren gran esfuerzo físico y carecen de medidas adecuadas de seguridad e higiene.

Ante el desempleo y la precarización del campo, aumenta el número de personas jóvenes que, sin concluir la educación media superior —o incluso antes—, migran a otras partes del país o al extranjero (principalmente a Estados Unidos o Canadá), para insertarse en trabajos no regulados, con altos riesgos de accidentes y diversas formas de explotación. En general, los hombres se emplean en la construcción y las mujeres en el trabajo doméstico o en la maquila. En la mayoría de los casos, son empleos informales que no garantizan condiciones mínimas ni el respeto a sus derechos laborales.

La migración económica es una salida de emergencia en la búsqueda de mejores condiciones de vida.

Además, si bien cada vez hay más mujeres jóvenes en el trabajo remunerado, persisten desigualdades en la distribución de roles de género. Ellas continúan asumiendo la responsabilidad de las labores de cuidado, lo que implica dobles o incluso triples jornadas de trabajo, con cargas desproporcionadas en comparación con los hombres.

Frente a estas realidades, en seis municipios de Veracruz, SOMOS AUGE (integrado por Desarrollo Autogestionario A.C. y DAUGE A.C.) promueve procesos organizativos, educativos y de desarrollo local orientados a ampliar las oportunidades de desarrollo humano y mejorar las condiciones de vida de mujeres y jóvenes rurales, así como de sus familias, fortaleciendo la cohesión social, con enfoque de género y mediante el desarrollo de capacidades para el ejercicio de sus derechos.

Desde 2005 hemos atestiguado las barreras estructurales y las violencias que enfrentan, así como la falta de reconocimiento de su capacidad para contribuir a la construcción de una sociedad más justa e incluyente.

Por ello, ser parte de la Alianza Jóvenes con Trabajo Digno representa una oportunidad estratégica para llevar estas voces, experiencias y aprendizajes territoriales a una agenda de incidencia pública nacional.

Creemos que la inclusión económica de las personas jóvenes rurales requiere articular esfuerzos entre sociedad civil, sector público, sector privado y comunidades, para construir rutas reales de acceso a oportunidades, autonomía y trabajo digno.

A ellas y ellos se les debe reconocer como sujetos de derecho, fortalecer su capacidad de agencia y abrir caminos para que puedan romper los ciclos de desigualdad que les han afectado profundamente.