Futuro sin empleo es presente sin justicia

En México, adolescentes y jóvenes que se encuentran en la etapa de transición hacia la vida adulta enfrentan múltiples desafíos estructurales que dificultan su acceso a diversos derechos, entre ellos el de un empleo digno, sostenible y acorde con sus aspiraciones y potencial. Estos desafíos se vuelven aún más críticos cuando consideramos a las y los adolescentes en edad legal para trabajar —a partir de los 15 años según la legislación mexicana— quienes se ubican en una franja de alto riesgo del espectro laboral, ya que no son completamente escolarizados ni plenamente integrados al mercado formal de trabajo.

Uno de los principales retos que enfrenta la empleabilidad juvenil es la desconexión entre la formación que reciben en los sistemas educativos y las competencias que demanda el sector productivo. La currícula escolar, muchas veces estandarizada y descontextualizada, en pocas ocasiones responde de manera adecuada a las realidades económicas, sociales y productivas de cada región del país. En zonas rurales, por ejemplo, el potencial del sector agropecuario no se ve reflejado en programas de formación técnica pertinente; en contextos urbanos, las economías locales basadas en el comercio, los servicios o la industria tecnológica carecen de una retroalimentación constante con las escuelas de nivel medio superior y superior para actualizar planes de estudios de forma periódica. Esto genera un círculo vicioso: jóvenes con niveles educativos concluidos, pero con escasas oportunidades reales de acceder a un empleo digno y sostenible.

Además, existe una débil articulación entre instituciones educativas, gobiernos locales y actores del sector privado, lo que impide el desarrollo de rutas claras de inserción laboral para adolescentes y jóvenes. Las escuelas técnicas, por ejemplo, a menudo carecen de vínculos sólidos con las industrias locales o de mecanismos formales de prácticas profesionales que permitan a las y los estudiantes experimentar el entorno de trabajo antes de egresar de sus centros educativos. Esto abre una brecha entre la formación recibida y las competencias que las empresas requieren, lo que a su vez contribuye a la exclusión laboral o a la inserción en empleos informales, mal remunerados o sin prestaciones de Ley.

Este fenómeno afecta de forma diferenciada a cada región del país. En estados con una base económica rural o agrícola predominante, las oportunidades de formación técnica especializada son limitadas o inexistentes, lo que margina a las juventudes rurales de los procesos de desarrollo económico local. Por otro lado, en regiones con vocación industrial, las y los jóvenes enfrentan dificultades para acceder a programas que respondan ágilmente a los requerimientos de industrias en expansión, como la automotriz o la aeroespacial. 

Al mismo tiempo, el sector privado enfrenta sus propios desafíos. La identificación clara de los perfiles de recursos humanos que requiere es, con frecuencia, difusa e improvisada. Muchas empresas carecen de mecanismos internos para traducir sus necesidades en términos de habilidades, conocimientos y actitudes específicas requeridas para cada posición. Esta falta de articulación estratégica repercute en los procesos de reclutamiento y capacitación, y también en la retención de talento joven. En un país donde la informalidad es la norma para millones de personas jóvenes, esta desconexión profundiza la exclusión laboral y precariza el acceso a derechos como la seguridad social, el desarrollo profesional y un ingreso digno.

El desfase entre lo que se enseña y lo que se necesita no es solo una falla de diseño educativo, sino el reflejo de una ausencia de visión estratégica compartida entre los sectores público, privado y educativo. La construcción de un ecosistema favorable para la empleabilidad juvenil requiere de un diálogo constante, mecanismos de planificación conjunta y estrategias que fomenten la corresponsabilidad intersectorial. No se trata únicamente de formar para el empleo, sino de garantizar trayectorias laborales dignas, seguras y compatibles con los derechos de adolescentes y jóvenes en desarrollo.

Ante este panorama, Save the Children México ha hecho esfuerzos por construir puentes entre las juventudes y el mundo laboral. Impulsamos programas de orientación vocacional con perspectiva de derechos, formación en habilidades socioemocionales y laborales, fortalecimiento de capacidades emprendedoras, y mecanismos de vinculación con actores del sector privado comprometidos con la inclusión y la responsabilidad social. Estos modelos han demostrado ser efectivos para incrementar la empleabilidad de adolescentes en edad permitida para trabajar y jóvenes, así como su capacidad de permanecer en empleos dignos y sostenibles, disminuyendo los riesgos derivados de la precarización o el trabajo.

No obstante, la sociedad civil no puede suplir la responsabilidad del Estado ni sustituir la acción coordinada de los distintos sectores. Se requiere voluntad política y un marco institucional robusto que garantice la sostenibilidad de estas iniciativas y su integración en políticas públicas de alcance nacional.

En este sentido, la coyuntura que se avecina con la celebración del Mundial de Fútbol en 2026 representa una oportunidad histórica para redirigir esfuerzos y catalizar cambios estructurales en materia de empleabilidad juvenil. El evento, que implicará una movilización masiva de recursos humanos en sectores como el turismo, la hospitalidad, la logística, la seguridad y el comercio, puede convertirse en un punto de entrada para que miles de adolescentes y jóvenes accedan a empleos formales, bien remunerados y con posibilidades de desarrollo profesional. Se trata de cubrir necesidades temporales derivadas del evento y de aprovechar la inversión para consolidar un ecosistema laboral juvenil más inclusivo, resiliente y con proyección de largo plazo.

El sector turístico, en particular, ofrece un terreno fértil para este propósito. México cuenta con una diversidad cultural, geográfica y gastronómica que lo posiciona como uno de los destinos más atractivos a nivel global. Sin embargo, la profesionalización del sector y la generación de empleos de calidad siguen siendo asignaturas pendientes. Capacitar a las juventudes en áreas como servicio al cliente, idiomas, tecnologías turísticas, producción audiovisual, marketing digital y gestión sostenible del patrimonio, puede no solo mejorar sus condiciones de vida, sino también detonar el atractivo turístico de regiones tradicionalmente excluidas del circuito económico nacional.

Para ello, será indispensable que los tres niveles de gobierno (federal, estatal y municipal) diseñen estrategias específicas de inclusión laboral juvenil con enfoque sectorial, territorial y de género. Estas estrategias deben incluir incentivos fiscales y normativos para que las empresas contraten jóvenes en condiciones dignas. Asimismo, se deben fortalecer los mecanismos de inspección y supervisión para garantizar que las condiciones en las que laboren adolescentes y jóvenes cumplan con lo establecido por la Ley Federal del Trabajo.

En conclusión, el tránsito hacia una empleabilidad juvenil digna y sostenible implica una transformación profunda de las estructuras que hoy limitan el desarrollo de millones de adolescentes y jóvenes en México. Esta transformación no puede aplazarse. La ventana de oportunidad que representa el Mundial de 2026 debe aprovecharse para consolidar alianzas público-privadas-sociales que apuesten por una inclusión laboral con derechos, por una educación pertinente y de calidad, y por un sector productivo que reconozca el valor de las juventudes como agentes de cambio y desarrollo.

 

*Miguel Ramírez Sandi es coordinador de Incidencia Política en Protección de la Niñez de Save the Children México (@SaveChildrenMx), organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

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