Ante los embates de EU al orden mundial, no tiene cabida el silencio ni la inacción

El uso ilegal de la fuerza cometido por Estados Unidos contra Venezuela el 3 de enero de 2026 es un acto de agresión que condenamos desde Amnistía Internacional porque viola principios establecidos en la Carta de las Naciones Unidas, y vulnera el sistema de justicia internacional. Estamos ante un hecho de suma gravedad que asesta un duro golpe a esas dos estructuras fundacionales, basadas en principios universales, que fueron adoptadas por consenso por todos los países del mundo y han regido las relaciones entre éstos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, hace 81 años.

En estricto apego a la justicia internacional, el gobierno de Trump debe rendir cuentas por ese ataque ilegal y asumir la reparación del daño causado. De igual manera condenamos los crímenes de lesa humanidad que cometió Nicolas Maduro y que persisten en el gobierno de Delcy Rodríguez.

Si bien Estados Unidos pretende enjuiciar a Maduro por terrorismo y narcotráfico, ello no debe ser obstáculo para que la Corte Penal Internacional (CPI) continúe sus investigaciones y emita las órdenes de detención contra el exmandatario venezolano cuando cuente con los elementos probatorios necesarios.

Maduro debe rendir cuentas ante el organismo internacional por los crímenes cometidos en su mandato, entre ellos, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales y tortura contra personas defensoras de derechos humanos, personas opositoras políticas, personas manifestantes, periodistas y personas que cuestionan las acciones del gobierno.

La acción militar en Venezuela es la última acción estadounidense de ese calibre en la historia reciente de las Américas. Está precedida de la invasión a Granada, 1983; Panamá, 1989-1990 y a Haití, 1994-1995. El ataque es un resabio de la Doctrina Monroe –proclamada en 1823 por el presidente James Monroe–, por la cual en poco más de dos siglos de política expansionista, Estados Unidos realizó invasiones y un sinfín de intervenciones en los asuntos de los países de las Américas, bajo el lema “América para los americanos”. Entre estas últimas está el golpe de Estado en Guatemala (1954); y las efectuadas en República Dominicana (1965) y en el golpe de Estado en Chile (1973), por referir algunas.

El lema citado fue resucitado en una amenaza publicada en X por el Departamento de Estado estadounidense, el 5 de enero, dos días después de la intervención en Venezuela: “este es NUESTRO hemisferio, y el presidente Trump no permitirá que se vea amenazada nuestra seguridad”. De ahí que la intervención en el país sudamericano ha sido considerada como una reedición de la doctrina Monroe y ahora se le denomine “doctrina Don-roe”.

Ese mensaje cargado de prepotencia es motivo de alerta porque aún resuena el eco de las amenazas proferidas por la administración Trump, para usar la fuerza militar en Colombia, Cuba y México, así como en Groenlandia e Irán.

La administración Trump se ha dado a la tarea de romper el orden multilateral, basado en principios universales, a los que pretende sustituir por intereses empresariales. Los marines estadounidenses extrajeron a Maduro no porque a Trump le interesara la vigencia de los derechos humanos. Él mismo lo dejó en claro cuando señaló que esa intervención militar tuvo como finalidad “dirigir” Venezuela y atender los intereses de las empresas petroleras estadounidenses.

En su menosprecio por los organismos multilaterales y contraviniendo los compromisos globales adquiridos por su país, Trump ordenó –el 7 de enero de 2026–, que Estados Unidos se retirara de 66 organizaciones, convenciones y tratados por considerarlos “contrarios a los intereses” estadounidenses. Esto, pese a que gobiernos que lo precedieron –paradójicamente– ayudaron a crear muchas de esas instituciones luego de la Segunda Guerra Mundial.

Algunas de las entidades afectadas por el retiro estadounidense tienen que ver con asuntos como el cambio climático, violencia contra las infancias, violencia de género, la promoción de los derechos de la comunidad de la diversidad sexual, el derecho al aborto, la protección y ayuda humanitaria a personas migrantes, así como la opresión y discriminación sistémicas que se ejerce contra las mujeres en diversos países como Afganistán e Irán. La decisión trajo gravísimas consecuencias para el trabajo de esos organismos por el retiro de los apoyos económicos que recibían para su funcionamiento y las labores de ayuda humanitaria intrínsecas que llevaban a cabo.

Nuestra Secretaria General, Agnès Callamard, advirtió que la estrategia de la administración Trump pretende normalizar el enfoque “la fuerza hace el derecho” en las relaciones exteriores y dejar de lado la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios de Ginebra, los tratados de derechos humanos y otros pilares del orden internacional”, como la Declaración Universal de Derechos Humanos o la Convención sobre el Genocidio, entre otros. En su conjunto toda esta estructura construida en principios universales es la base de la protección de los derechos humanos que impulsamos desde nuestro movimiento.

Agnès Callamard fue contundente también al advertir “que nadie se llame a engaño: la única consecuencia segura de vandalizar el derecho internacional y las instituciones multilaterales será el sufrimiento y la destrucción en gran escala en todo el mundo”.

Poder unipersonal vs principios universales

Y sí, ese riesgo es muy alto. El 8 de enero de 2026 periodistas de The New York Times entrevistaron a Trump en la Casa Blanca. Le preguntaron “si había algún límite a sus poderes globales”, Trump respondió: “Sí hay una cosa. Mi propia moralidad. Mi propia mente. Es lo único que puede detenerme”. Y agregó: “no necesito el derecho internacional, no busco hacer daño a la gente”.

Pero el daño a la gente ya está hecho. Su menosprecio por el derecho internacional y el privilegio que da a los intereses empresariales y geoestratégicos ha conducido al genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, e incluso a que en medio del río revuelto no haya seguimiento a otros conflictos, como las amenazas de China a Taiwan y sus vecinos; o la agresión Rusa contra Ucrania y que persistan otros conflictos como el de Myanmar o Sudán.

Por el genocidio en Gaza murieron más de 72 mil personas desde octubre de 2023 y hasta antes del cese del fuego establecido en octubre de 2025, el cual no ha sido respetado en su totalidad, por lo que después de éste han muerto unas 590 personas más, incluidas niñas y niños. En cuatro años de guerra entre Rusia y Ucrania el número personas civiles ucranianas muertas asciende a 14 mil 999 y el de heridas es de 40 mil 601. Y como esos conflictos persisten afectan en estos momentos los derechos humanos de millones de mujeres; de infancias; de personas adultas mayores; de personas defensoras y periodistas.

En sus embates para quebrar a la ONU, Trump presentó el 22 de enero, en la Cumbre de Davos, los estatutos de lo que denominó como Junta de Paz. Un organismo con el que pretende atender el genocidio israelí en Gaza. Es descabellado pensar que esa Junta, dirigida por Trump –quien tiene autoimpuestos como límites a sus poderes globales su propia “moralidad” y su “mente”–, sea capaz de sustituir a un organismo como la ONU, conformado en 1945 con el consenso de 50 países y que a la fecha aglutina 193 naciones, y cuyas decisiones se basan en principios universales.

Qué hacer

Como humanidad, estamos ante una crisis que amerita recuperar los errores en nuestra historia y buscar la unidad para mantener los valores universales y las relaciones basadas en reglas y consensos.

Desde Amnistía Internacional hemos sugerido una serie de caminos a seguir que pueden contribuir a abordar las amenazas al orden multilateral y los múltiples conflictos que nos aquejan como humanidad: guerras, desigualdad extrema, migración, crisis medio ambiental, el uso de nuevas tecnologías, entre muchas otras.

En el marco del 79 periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas –efectuado del 10 de septiembre al diciembre de 2024– se efectuó la Cumbre del Futuro en la que nuestra Secretaria General, Agnès Callamard, estableció la Comisión 2048, que tiene como objetivo ayudar a integrar un sistema de gobernanza global de los derechos humanos para el Siglo XXI.

La agenda es amplia y de mucha complejidad. El trabajo de la Comisión abarca siete grupos de trabajo que incluyen temas torales como Reformas a la ONU, incluida la composición del Consejo de Seguridad y el derecho de veto de quienes lo integran, porque la aplicación de éste, ha llevado a paralizar las acciones del propio Consejo. La participación de la sociedad civil en los procedimientos de la ONU es otro aspecto fundamental para ampliar las voces al interior del organismo, lo que podría aportar propuestas novedosas a la toma de decisiones.

Otros temas de los grupos de trabajo tienen que ver con repensar el derecho internacional y la rendición de cuentas; la incorporación de actores no estatales al plano internacional de derechos humanos; avanzar en el derecho a un entorno limpio, saludable y sostenible abordando los derechos de las futuras generaciones; mejorar la aplicación de los derechos humanos en el contexto de la innovación tecnológica; replantear paradigmas e indicadores del progreso humano, más allá del PIB y fortalecer la rendición de cuentas internacional. Los detalles de cada grupo de trabajo pueden ser consultados aquí.

Pero algo básico que se requiere para llevar a cabo este proceso tan ambicioso y delicado es el diálogo. Las amenazas militares y económicas proferidas por la administración Trump han dado al traste con éste. En la cumbre de Davós fue muy clara la división entre Estados Unidos y la Unión Europea. A la que se debe agregar el distanciamiento generado por Trump con países de las Américas, Asia y Medio Oriente.

En una declaración previa al inicio de la Cumbre de Davos, Agnès Callamard declaró que ante los Estados que buscan demoler el orden basado en reglas “la humanidad necesita que los líderes y lideresas mundiales, el personal ejecutivo de las empresas y la sociedad civil opongan resistencia colectivamente o incluso frustren estas tendencias destructivas. Para ello –dijo– hay que denunciar la intimidación y los ataques y dar respuestas jurídicas, económicas y diplomáticas firmes. Lo que no debe tener cabida es el silencio, la complicidad y la inacción. También es preciso emprender una búsqueda transformadora de soluciones comunes a los muchos problemas compartidos y existenciales a los que nos enfrentamos”.

No podemos perder la esperanza ante el tamaño del reto. Es momento de demostrar una vez más con nuestro activismo y sumándonos al trabajo de conjunto que efectúan las Organizaciones de la Sociedad Civil de todo el mundo, que podemos resistir los embates a los principios universales que son nuestra única posibilidad de mantener nuestra humanidad.

* Edith Olivares Ferreto (@EdithFerreto) es directora ejecutiva de Amnistía Internacional México (@amnistiamexico).