Elecciones multicolor y enclaves de gobernanza criminal

Desde principios de la década de los noventa escucho testimonios de manera regular que confirman la disputa por territorios y mercados ilegales entre grupos de la delincuencia organizada en México. En la gran mayoría de esos relatos son señaladas redes de complicidad con representantes de los tres ámbitos de gobierno.

Pero también he confirmado que en este tema las autoridades de diferentes gobiernos y muchas veces las dependencias de un mismo gobierno no colaboran para investigar y perseguir a los grupos criminales. Cuando sí se da la colaboración, suele depender mucho más de vínculos personales, efímeros como tales y mucho menos institucionales. Toda persona que conoce a fondo este tema sabe de los conflictos frecuentes entre las secretarías de seguridad pública estatales y las fiscalías -antes procuradurías-.

De hecho, un exfuncionario policial federal del más alto nivel me confirmó en entrevista que esta desconfianza es un obstáculo mucho más importante de lo que suele reconocerse. Además, en un proyecto de investigación en el que visité ocho entidades entre el 2018 y el 2019 confirmé lo mismo, habiendo encontrado unidades especiales de investigación en el ámbito estatal que jamás intercambiaban información con la entonces Procuraduría General de la República.

Hay teoría política y evidencia empírica sistematizada, de reciente publicación, que contrasta casos donde la violencia se ha contenido y un mismo partido está a cargo de los tres órdenes de gobierno (integración partidista vertical) y otros donde se exacerba y son diferentes los partidos gobernantes (fragmentación partidista vertical). Esta investigación confirma que el debilitamiento de la cooperación por intereses partidistas, fortalece a la delincuencia organizada en el ámbito local.

La evidencia permite mirar las intervenciones federales de Calderón como ejemplos elocuentes del contraste entre la cooperación y contención de la violencia homicida a manos de los grupos criminales (Baja California, Jalisco), y la confrontación y agudización (Guerrero, Michoacán, Zacatecas).

Luego de 2006 creció de manera desbordada la violencia de la delincuencia organizada y del total de ataques contra autoridades, candidatas y candidatos, el ochenta por ciento se concentró en el orden municipal (2007-2012). Se trata de una historia documentada donde los ataques encuentran mayores oportunidades de influencia, precisamente en los procesos electorales, de manera que la violencia ya desde entonces parecía mostrarse como una estrategia de ocupación y captura de las administraciones locales.

Es aquí donde los autores de esta investigación, Guillermo Trejo y Sandra Ley, colocan el concepto de “regímenes de gobernanza criminal”, es decir, “Controles de facto del crimen organizado sobre distintas dimensiones de la organización local, incluyendo la vida política, económica y social de las comunidades y distritos en áreas urbanas”. Esta evidencia enseña que la delincuencia organizada “cambia el sentido de la democracia”, en palabras de la investigadora.

Buena parte del andamiaje de esta captura se recarga en lo que llaman los “especialistas de la violencia”, que son los operadores del aparato de seguridad que históricamente el propio Estado ha puesto al servicio de la protección de las redes criminales, y que persiste al día de hoy dada la tenaz renuncia multipartidista a una verdadera reforma democrática de dicho aparato.

Ahora en el 2021, a la luz de la violencia visible en contra de autoridades, candidatos y candidatas en el ámbito municipal, cuántos procesos electorales quedaron y cuántos equipos y plataformas de gobierno quedarán vulnerables ante la delincuencia organizada, en este escenario de colaboración rota o manipulada por intereses partidistas. Me temo que muchos y por todos lados.

Vaya paradoja la que parece confirmarse: el mismo multipartidismo que tanto se celebra desde la democracia electoral, es el que incentiva más y más la siembra de enclaves de gobernanza criminal.

@ErnestoLPV