Derecho a elecciones libres y pacificas: el caso de Pantelhó

La violencia electoral es un fenómeno que se ha presentado con fuerza en las elecciones de nuestro país, especialmente en los comicios de la última década. Todos los partidos políticos la sufren. Algunos denuncian y otros prefieren hacer como si nada pasara, las autoridades electorales intentan abordar el tema con mucha cautela y restricciones, mientras las víctimas se siguen acumulando proceso electoral tras proceso electoral.

Desde luego, la violencia en las elecciones no es generalizada y, por ahora, se focaliza en algunas zonas del país en las que la situación es más grave. El caso de Pantelhó es de destacar, pues se trata de un municipio de Chiapas ubicado en Los Altos y que tiene poco más de 25 mil habitantes. En este lugar la violencia ha predominado y desde 2020 no se habían podido organizar elecciones de ningún tipo.

La violencia electoral sumada a la ausencia de procesos electorales genera un escenario de ingobernabilidad complejo y peligroso. En este municipio en 2024, en la víspera de las elecciones presidenciales, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas definió que no sería posible instalar las casillas en Pantelhó debido a las condiciones de inseguridad, y que no era posible llevar a cabo las elecciones.

A pesar de que se determinó llevar a cabo una elección extraordinaria unos meses después, esta tampoco se pudo realizar. En consecuencia, el Congreso local designó un Concejo para el gobierno del municipio para los siguientes tres años. La medida fue impugnada ante las instancias electorales, pues es evidente que renunciar a llevar a cabo elecciones implica violaciones graves para las personas que viven en dicho municipio, y que puede ser calificado como el camino fácil.

Al final, la Sala Superior del Tribunal Electoral intervino y determinó que la decisión del Congreso local fue inconstitucional y desproporcionada, pues una autoridad temporal debe tener el carácter de excepción y un plazo limitado al retorno de la normalidad democrática, sin sustituir a las autoridades electas de manera indefinida (SUP-REC-3/2025).

Derivado de la sentencia del Tribunal Electoral, el Concejo Municipal nombrado por el Congreso se debía mantener hasta que se llevaran a cabo elecciones extraordinarias, lo que ocurrió el pasado 31 de agosto, cuando por primera vez desde 2020 se lograron instalar 28 casillas. Para garantizar que las elecciones se llevaran a cabo de manera pacífica se ordenó la realización de un operativo con alrededor de 1,300 efectivos, entre miembros de la Guardia Nacional, policía local e, incluso, del Ejército, contándose, entre otros recursos, con un helicóptero táctico y un avión no tripulado.

Para el Laboratorio Electoral, que llevamos años estudiando y analizando la violencia electoral, esta sentencia del Tribunal Electoral, junto con la decidida organización de las elecciones extraordinarias, representa un gran avance, no solamente por su alcance de revocar una decisión legislativa, sino porque aborda las causas de la crisis e impide que la violencia se anteponga a la democracia.

El caso de Pantelhó es un precedente significativo que reconoce que la violencia y las condiciones socioeconómicas adyacentes no son simplemente problemas de seguridad que hemos normalizado, sino impedimentos fundamentales para el ejercicio de los derechos político-electorales, tanto para votantes como para candidaturas, y amplía su autoridad jurisdiccional y es responsabilidad del Estado mexicano en su conjunto generar las condiciones necesarias para que la población pueda ejercer su derecho al voto en condiciones de paz, elevando el concepto de “seguridad humana” a un requisito indispensable para el funcionamiento de la democracia.

De esta forma, se abre el debate a la implementación de estrategias que aborden de lleno la violencia electoral y sea a través de la cooperación institucional en todos los niveles que el Estado garantice que se lleven a cabo elecciones libres y pacíficas.