Democracia ampliada: nuevas formas y tiempos para elegir a personas juzgadoras

La organización de los procesos electorales es un pilar de las democracias modernas, ya que estos procesos no solo permiten la elección de representantes, sino que reflejan el estado y la calidad de la vida democrática en un país. En el contexto actual, la reciente reforma judicial en México ha introducido cambios profundos en las etapas del proceso electoral, especialmente en lo que respecta a la elección de personas juzgadoras. Estos cambios incluyen la adición de dos etapas clave: la expedición de la convocatoria y postulación de candidaturas y la asignación de cargos. Estos pasos no solo buscan adaptar el proceso a las especificidades de la elección de personas juzgadoras, sino que también incluye opciones para favorecer modalidades electrónicas de votación, avanzando hacia la digitalización y accesibilidad electoral.

Dado este panorama, resulta urgente cuestionar y romper paradigmas tradicionales en la organización electoral para enfrentar los desafíos contemporáneos y promover una participación más inclusiva y equitativa. El replanteamiento de los tiempos y modalidades de votación permitiría construir un proceso que priorice la pluralidad y la reflexión, elementos esenciales en un ejercicio democrático justo y eficaz pero al mismo tiempo con muchos desafíos.

Uno de los paradigmas más arraigados en el sistema electoral mexicano es la duración de la jornada de votación, limitada tradicionalmente a un solo día. Esta práctica histórica, que surge de la necesidad de optimizar tiempos y recursos, puede resultar hoy un obstáculo para la plena participación ciudadana y la adecuada reflexión sobre el voto. La elección de personas juzgadoras, que exige una profunda meditación debido a la trascendencia de estas figuras en el sistema de justicia, merece un espacio de tiempo más amplio, que permita a la ciudadanía ejercer su voto de manera informada y consciente.

Extender la jornada electoral no es una idea nueva ni inexplorada. En México, modalidades como la consulta infantil y juvenil, que actualmente permite un periodo de votación de hasta 30 días, o el voto anticipado, el voto en prisión preventiva y el voto desde el extranjero, ya operan bajo esquemas de tiempo ampliado. Esto demuestra que, con los recursos adecuados, es posible habilitar un sistema de votación prolongado que facilite la participación y mejore la logística del proceso. La introducción de tecnologías como el voto electrónico, la urna electrónica e incluso el voto postal fortalecería esta ampliación temporal, permitiendo que el proceso se adapte a los cambios sociales y tecnológicos de nuestra época.

Adoptar un periodo de votación extendido para la elección de personas juzgadoras generaría una serie de beneficios tangibles y transformadores. En primer lugar, un plazo más largo ofrece a la ciudadanía el tiempo necesario para reflexionar sobre sus opciones, lo cual es especialmente valioso cuando se enfrenta a boletas extensas con múltiples candidatas y candidatos. La oportunidad de reflexionar y tomar una decisión informada es un derecho democrático esencial y, en el contexto de elecciones judiciales, donde el rol de la justicia y la imparcialidad son determinantes, la reflexión cuidadosa cobra aún mayor importancia.

Además, extender el periodo de votación reduce la presión sobre las mesas directivas de casilla, permitiendo que el flujo de votantes sea más continuo y menos congestionado. En lugar de obligar a la ciudadanía a congregarse en un solo día, podrían habilitarse centros de votación que operen en un periodo determinado, donde el personal capacitado pueda ofrecer asesoría sobre el proceso y las opciones en la boleta. De este modo, el proceso electoral no solo sería más accesible y ordenado, sino también más amigable para quienes participan en su organización.

Un beneficio adicional de extender la jornada electoral y diversificar las modalidades de voto es el fortalecimiento del principio de secrecía y libertad en el proceso. Al aumentar el tiempo disponible para votar y permitir que el voto se emita de manera electrónica o postal, se reducen las oportunidades de coacción y compra de votos, prácticas que son más comunes en entornos de votación limitados en tiempo y recursos. La implementación de modalidades electrónicas de votación con medidas de seguridad y anonimato no solo hace más difícil la manipulación del voto, sino que también empodera a la ciudadanía a ejercer su derecho de manera libre y sin presiones externas. Este cambio podría sentar las bases para una cultura de participación más consciente y ética, donde el voto es una expresión genuina de la voluntad de la persona votante, particularmente entre las poblaciones más jóvenes (entre los 19 y 34 años) quienes son las personas que menos votan.

En el marco de la reforma judicial, una jornada electoral extendida y la adopción de modalidades de voto electrónico se convierten en herramientas cruciales para construir una democracia inclusiva y transparente. La digitalización del voto facilita que personas en situaciones de movilidad reducida, que viven en comunidades remotas o que se encuentran en el extranjero, puedan participar activamente en el proceso electoral, eliminando barreras que en el pasado limitaban su derecho a elegir. Esta inclusión no solo refuerza el carácter democrático del sistema electoral, sino que responde a las necesidades de una sociedad diversa, que exige flexibilidad y adaptabilidad en sus instituciones.

La ampliación de la jornada de votación y la incorporación de modalidades de voto electrónico son elementos que abogan por una democracia más madura, donde el proceso electoral no solo se centra en la eficiencia, sino en la igualdad y el respeto a la pluralidad. Este enfoque promueve la autonomía de cada persona votante, favorece un ejercicio consciente y fomenta una participación libre de influencias indebidas, valores fundamentales para un sistema democrático verdaderamente representativo.

Romper paradigmas en la organización de procesos electorales, particularmente en la elección de personas juzgadoras, no es solo una cuestión de viabilidad técnica, sino un compromiso ético y democrático. La extensión del periodo de votación y la implementación de modalidades de voto diversificadas no solo ofrecen ventajas en términos de reflexión y accesibilidad, sino que también fortalecen los principios de máxima transparencia e igualdad. Estos cambios permiten una participación más libre y meditada, protegiendo a la ciudadanía de prácticas de manipulación y coacción, y promoviendo una democracia en la que todas las voces puedan ser escuchadas con menores obstáculos de por medio.

Por otra parte, extender el periodo de votación bajo el contexto de la reforma judicial, que establece que la etapa de cómputos y sumatoria inicia con la remisión de la documentación y los expedientes electorales a los Consejos Distritales, traería beneficios importantes en términos de logística y transparencia. Con un periodo de votación ampliado, los consejos distritales podrían anticiparse a diferentes escenarios de recuentos parciales o totales de votos, previstos en la normatividad actual. Al recibir la documentación y los expedientes electorales de manera progresiva, en lugar de concentrarse todo en un solo día, los consejos tendrían más tiempo para organizar y gestionar de manera eficiente los recuentos necesarios. Esto facilitaría la preparación para el acto de cómputo, que aún debe realizarse conforme a la ley, pero con una anticipación que podría reducir las incidencias y optimizar el manejo de los resultados electorales. Esta previsión y organización adicional contribuirían a fortalecer la credibilidad y precisión del proceso electoral, al minimizar errores y permitir una atención más detallada a las impugnaciones o ajustes que se presenten en cada distrito.

La reforma judicial y la apertura a nuevas formas de organización electoral representan pasos necesarios hacia un sistema democrático más robusto, incluyente y acorde con los principios de justicia y participación informada. En última instancia, la evolución de nuestros procesos electorales hacia una estructura más inclusiva y flexible es un reflejo de nuestro compromiso colectivo de construir una sociedad en la que todas las personas, independientemente de su contexto, puedan ejercer sus derechos y contribuir al fortalecimiento de la justicia en México.

* Luisa Rebeca Garza López (@Rivka_Azatl) es mujer trans, especialista en temas electorales y estudios trans.