Elección judicial, a ciegas. Una denuncia ciudadana

La elección judicial, sus reformas e implementación ha estado plagada de irregularidades. Lamentablemente, en esta ocasión debemos denunciar la falta de trasparencia de las autoridades para difundir la trayectoria de los candidatos. La transparencia respecto a la trayectoria de los futuros jueces, magistrados o ministros es primordial. No podemos tener una elección si no tenemos certeza sobre la experiencia profesional de quienes tendrán en sus manos la justicia de los ciudadanos.

El 18 de febrero de 2025, desde Di-Sentir A. C. solicitamos los curriculum vitae de las y los candidatos insaculados por los Comités de los poderes Ejecutivo, Legistativo y Judicial. No obstante, las respuestas de estas autoridades han sido preocupantes. Máxime si consideramos que faltan pocos meses para la elección.

Ejemplo de esta opacidad son las respuestas obtenidas de solicitudes de información dirigidas a la Presidencia, 1 Senado, 2 Suprema Corte de Justicia de la Nación 3 y el Instituto Nacional Electoral 4 en las cuales se intentó obtener datos concretos sobre los perfiles, criterios de evaluación y documentos presentados por los candidatos. Sin embargo, las respuestas recibidas evidencian un patrón de impedimentos ambiguos que impiden a la ciudadanía obtener información que por mandato constitucional debería ser pública.

En concreto, estas solicitudes buscaban obtener:

1. Copia íntegra de los curriculum vitae de los aspirantes seleccionados en el proceso de elección llevado a cabo para la elección del Poder Judicial de la Federación.
2. Cualquier documento anexo a los CV que haya sido considerado como parte del proceso de evaluación de los aspirantes.

Si bien la información solicitada trata sobre elementos fundamentales para que la ciudadanía pueda conocer la trayectoria y formación de quienes aspiran a ocupar cargos clave en el sistema judicial, las respuestas recibidas evidencian un patrón de reservas infundadas y justificaciones ambiguas que impiden el acceso a información que, por mandato constitucional, debería ser pública.

En el caso de la Presidencia de la República, ante la solicitud de la información de los aspirantes seleccionados en el proceso de elección, en lugar de proporcionar los curriculum vitae y documentos anexos utilizados en su evaluación, respondió que el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo tiene plena autonomía y no forma parte del Padrón de Sujetos Obligados del Ámbito Federal, por lo que, según su interpretación, no está obligada a proporcionar la información. Es decir, el Comité no está obligado a transparentar su trabajo.

Así, la Oficina de la Presidencia se deslindó por completo de su propio Comité de Evaluación, como si se tratara de un ente ajeno al Poder Ejecutivo y no de una instancia creada dentro de su propia estructura. Con su respuesta, pretendió hacer creer que el proceso de selección de aspirantes ocurre en una especie de vacío institucional, sin ninguna responsabilidad de informar sobre sus resultados. Esta respuesta resulta absurda, pues el Comité de Evaluación fue creado por el propio Ejecutivo y su labor tiene un impacto directo en la integración del Poder Judicial. Decir que no forma parte del Padrón de Sujetos Obligados no es más que un tecnicismo diseñado para esquivar sus obligaciones en materia de transparencia.

Por su parte, si bien el Senado de la República pone a disposición la información solicitada sobre los aspirantes seleccionados por medio de copias simples de los documentos, esto se traduce en un costo de $16,310.50 pesos mexicanos.

Lo más preocupante es que no se ofrece la alternativa de acceso digital, bajo el argumento de que “los documentos deben imprimirse para testar información confidencial”, lo que ignora por completo que en la actualidad existen herramientas que permiten realizar este proceso de manera electrónica, sin necesidad de costos excesivos. En otras palabras, tener información sobre los candidatos del Senado cuesta 16 mil pesos, sin opción a un acceso más ágil y accesible.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respondió a la solicitud de información con una negativa basada en la reserva temporal de los expedientes de los aspirantes, argumentando que el proceso de selección sigue en trámite y que la divulgación de los documentos podría afectar su desarrollo. A diferencia de los otros Comités, la respuesta de la SCJN es más compleja, pues es cierto que el proceso enfrenta obstáculos como una suspensión judicial pendiente de revisión 5 y la renuncia de su propio Comité de Evaluación, 6 lo que ha generado incertidumbre sobre el procedimiento.

En adición a lo anterior, la SCJN también respondió con una reserva de la información de los expedientes de los aspirantes, bajo la consideración que el proceso de selección sigue en trámite y que la divulgación de los documentos podría afectar su desarrollo. Lo cual deja abierta la pregunta si el proceso está detenido y la información sigue reservada, entonces ¿cuándo y cómo se podrá acceder a ella? En consecuencia, la Corte nos deja varados en el mismo punto, sin un mecanismo claro para garantizar la transparencia sobre los candidatos de este proceso electoral.

Finalmente, el Instituto Nacional Electoral respondió a la solicitud de información declarando la inexistencia de los curriculum vitae y documentos de evaluación de las y los aspirantes al Poder Judicial de la Federación. Según el INE, nunca requirió esta información ni siquiera de quienes resultaron seleccionados y fueron integrados en los listados oficiales del proceso.

Esta respuesta deja una gran interrogante: ¿cómo es posible que la autoridad encargada de organizar las elecciones y garantizar su legalidad no tenga información sobre los candidatos? Si el INE es el órgano que supervisa y regula el proceso electoral, es probable que sea la única autoridad con acceso directo a los listados y al desarrollo del proceso. Sin embargo, al deslindarse por completo, abre un vacío en la transparencia, dejando a la ciudadanía sin certeza sobre los perfiles de quienes podrían ocupar un puesto en el Poder Judicial. Si el organismo responsable de la legalidad del proceso no tiene información, entonces, ¿quién la tiene?

Si bien las respuestas que denunciamos en este texto fueron impugnadas ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), con la esperanza de que el órgano garante corrigiera las decisiones de opacidad de la Presidencia, el Senado y la Suprema Corte. Lo cierto es que a esto se suma un nuevo problema aún más grave: el INAI ha desaparecido y la transparencia queda en manos de quienes negaron la información.

Resulta preocupante que NINGUNA DE LAS AUTORIDADES que participan en este proceso difundan información tan relevante para la ciudadanía. Por lo que surge la interrogante: ¿por qué esconden quienes son los futuros impartidores de justicia?

* Julio Salazar Ramírez (@JULIO_DISIDENTE) y Eduardo Cadena (@ekadenam) son abogados en Di-Sentir (@Di_sentir).

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1 Solicitud de información con No. De folio 331000125000170.

2 Solicitud de información con No. De folio 330030325000161.

3 Solicitud de información con No. De folio 330030525000266.

4 Solicitud de información con No. De folio 330031425000478.

5 Disponible aquí.

6 Disponible aquí.