El uso faccioso de la CNDH
blogeditor · 2 de septiembre de 2022
El 19 de noviembre de 2019, Miguel Alfonso Meza escribió en Nexos: “con la captura de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), el gobierno de López Obrador podría haber eliminado a uno de los mayores contrapesos de su gobierno”. Las expectativas sobre una CNDH fuerte como contrapeso, como medio de control constitucional y como una institución efectiva en la defensa y protección de los derechos humanos eran bajas después del proceso desaseado e impugnado de nombramiento de su titular, Rosario Piedra Ibarra.
En junio de 2020 la expectativa se corroboró. La CNDH emitió un comunicado en el que argumentó estar imposibilitada legalmente para interponer una acción de inconstitucionalidad en contra del Acuerdo por el que se dispone de la Fuerza Armada permanente, para llevar a cabo tareas de seguridad pública de manera extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria. Eso a pesar de que el ombudsman inmediato anterior había impugnado la Ley de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Uso de la Fuerza Pública, la Ley Nacional de Registro de Detenciones y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre otras.
La captura de la CNDH y la alineación política con la administración actual se han probado caso a caso conforme avanza la gestión. Esto no sólo limita profundamente la capacidad de defensa y protección de los derechos humanos en México, sino que su titular ha llegado al extremo de utilizar a la CNDH como brazo faccioso y político para la defensa de intereses político partidistas, en casos en los que ni siquiera tiene competencia. Mido mis palabras y uso los adjetivos con el cuidado que ameritan.
El pronunciamiento DGDDH/061/2022 publicado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos el pasado 29 de agosto, con respecto al llamado a las personas titulares del Instituto Nacional Electoral (INE) para “garantizar y respetar el derecho humano a la libertad de expresión” sobre las multas impuestas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a “influencers” del Partido Verde durante las campañas electorales de 2021 es el último de los graves desatinos en los que ha incurrido la CNDH en los últimos años. Muestra la grave crisis en el organismo que confunde autoridades administrativas con judiciales y que se involucra en temas electorales, a pesar de tenerlo prohibido por el artículo 7º de su propia ley.
La CNDH, por mandato, debe investigar presuntas violaciones de derechos humanos cometidas por autoridades, emitir recomendaciones, proponer cambios legislativos y reglamentarios, así como mejores prácticas administrativas para una mejor protección de los derechos humanos, entre otras atribuciones (Artículo 6º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos). En lugar de revisar, por ejemplo, la actuación del personal de la Guardia Nacional, del Instituto Nacional de Migración (INM) o de todas Fiscalías del país, se involucra en un tema político para defender a personas que cometieron un delito electoral y que sancionó el máximo tribunal constitucional en la materia, quien sí tiene facultades constitucionales para ello.
El pronunciamiento de la CNDH es preocupante por involucrarse en temas político electorales y porque concentra recursos materiales, económicos y humanos a ello y no a la atención de periodistas, activistas y defensores de derechos humanos, que se han quejado hasta la náusea del mal funcionamiento del mecanismo de protección de la Secretaría de Gobernación. Han asesinado a 15 periodistas en lo que va del año y la CNDH no aparece ni se pronuncia. Ayer asesinaron a Rosario Rodríguez Barraza, una madre que buscaba a su hijo desaparecido desde 2019 y la CNDH envía comunicados a autoridades electorales que confunde.
Activistas ambientales, organizaciones de derechos humanos, colectivas feministas y LGBT+, entre otros sectores de la población han levantado la voz en diversas ocasiones para reprochar el mal seguimiento de la CNDH a casos particulares sobre violaciones graves a derechos humanos que incluyen el asesinato de activistas y defensores de derechos humanos en diversas partes del país. Ésta debería ser una prioridad para revisar y ajustar los procesos internos de la CNDH.
El Informe del Comité Contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas más reciente expone que la Secretaría de la Defensa (SEDENA) y la Guardia Nacional están entre las diez autoridades con el mayor número de expedientes abiertos por presunta violación a los derechos humanos. El Informe Mundial 2021 de Human Rights Watch reporta que entre 2013 y 2020, la CNDH recibió 3799 denuncias relacionadas a abusos de la Fuerzas Armadas y que el uso de sus efectivos para controlar la delincuencia organizada aumentó la violación generalizada de los derechos humanos. Así, a pesar de que la CNDH ha emitido más de 162 recomendaciones por violaciones graves a los derechos humanos, no hay (ni habrá) posicionamiento sobre el nuevo decreto -ahora iniciativa preferente- que entregaría de forma permanente el mando operativo y administrativo de la Guardia Nacional a la SEDENA. La CNDH prioriza la lealtad política sobre su mandato constitucional.
Escribo estas líneas con enojo. La garantía y protección de nuestros derechos humanos debería ser la prioridad para la ombudsperson y para esta administración. Si se empatan políticamente debería ser para resolver problemas comunes, no para utilizar a la CNDH como un instrumento faccioso más del Poder Ejecutivo. Es peligroso el errático camino que ha tomado la CNDH al defender aliados políticos y al obviar violaciones a derechos humanos bajo una óptica electoral o partidista. Con ello deja en la indefensión total a millones de personas que no cuentan con una autoridad confiable para defender nuestros derechos fundamentales.
El llamado no es a dejar de lado sus filias políticas, sino a honrar los mandatos constitucionales y asumir que su rol como contrapeso de los poderes públicos es más útil para la ciudadanía que la zalamería institucionalizada.