blogeditor · 17 de mayo de 2021
Cuando un megaproyecto es cuestionado por generar riesgos para el medio ambiente y para los territorios indígenas, sus promotores suelen defenderlo bajo el argumento de que generará empleos. El caso del Tren Maya no es la excepción. El Gobierno Federal ha tratado de justificar su indudable protagonismo presupuestal en la necesidad reactivar la economía en el marco de la pandemia -la Secretaría de Hacienda y Crédito Público planteó aumentar sus recursos en un 35% para 2022-. Según el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), la obra generará 400 mil empleos este sexenio, cifra nada desdeñable. Pero a pesar del entusiasmo con el que se anuncia la multiplicación de fuentes de ingresos, las denuncias de trabajadores en distintos puntos del cruce ferroviario plantean serias dudas sobre esta promesa.
Para plantear este escenario haré un recuento de algunos de los incidentes que han sido reportados por medios locales de los estados del Tren Maya. La mayoría han sido ampliamente difundidos por el periódico PorEsto! y el Diario de Yucatán, los más añejos y de mayor tiraje en la región.
En agosto de 2020, miembros de Ferrocarrileros del Istmo de Tehuantepec (FIT) y de la Sección 32 del Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana (STFRM) denunciaron que la empresa Escalante y Gordillo pretendía reducirles 30% sus sueldos de mano de obra en la construcción del Tren Maya. La empresa es subcontratada por Grupo Carso para la construcción del Tramo II, el cual corresponde al trazo que va de Escárcega a Calkiní en el estado de Campeche.
En septiembre de 2020, Filiberto Ku Chán de la Comisión de Ejidos Autónomos aseguró que Grupo Carso pretendía pagar “salarios de hambre” por las obras del Tramo II del Tren Maya.
En diciembre de 2020, 80 integrantes de la Alianza de Volqueteros del Oriente detuvieron las labores del Tramo III del Tren Maya en la zona de Valladolid, Yucatán, denunciando que la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (Catem) les debía pagos equivalentes a un monto superior a $4 millones.
En abril de 2021, se reportó que trabajadores del Tren Maya en el tramo de Poc-boc en Campeche hicieron una de suspensión de labores a manera de protesta por no recibir sus sueldos completos.
También en abril de 2021, trabajadores en el poblado de Pomuch en Campeche paralizaron las labores de levantamiento de durmientes para el Tren Maya por falta de pago.
La frecuencia de estas noticias en la zona alerta de un posible patrón. De confirmarse, los conflictos laborales se sumarían a los otros problemas que enfrenta actualmente el Tren Maya, como lo son los juicios de amparo en curso (dieciséis a la fecha), las tormentas tropicales, la falta de acuerdos con ejidos y los retrasos propios de la pandemia. Las historias de deuda a trabajadores exige al menos una aclaración por parte de las autoridades encargadas del proyecto, sobre todo atendiendo al alto costo que nos está generando en medio de la crisis sanitaria.
Por si fuera poco, el pasado 21 de abril el presidente Andrés Manuel López Obrador indicó que se planea incorporar a migrantes como trabajadores del Tren Maya. Es inevitable cuestionar esta propuesta frente al inventario de incumplimientos de pagos reportado desde agosto de 2020. ¿Cómo garantizarán que no se explotará las necesidades económicas de migrantes que, por su especial situación de vulnerabilidad al estar en un país ajeno, tendrán menos posibilidad de denunciar y exigir sus derechos laborales?