blogeditor · 19 de abril de 2021
Es imposible transitar Mérida sin ver el bosque de espectaculares ofreciendo terrenos de inversión y desarrollos residenciales. Incluso en otros estados del país se promocionan las ventajas de invertir en un pedazo de la península: precios bajos, alta plusvalía y demanda creciente. Pero lejos del escenario idílico de la publicidad, el “sueño yucateco” esconde tres grandes riesgos: i) los conflictos territoriales en comunidades indígenas, ii) el calentamiento urbano y iii) la posibilidad de que estemos atestiguando una burbuja inmobiliaria a punto de estallar.
La normalización del despojo a territorios mayas se ve reflejada en el discurso de los “influercers inmobiliarios” que proliferan en la Península. A través de YouTube, TikTok e Instagram explican con soltura los procedimientos para acceder a terrenos ejidales “haciéndose ejidatario” para después vender. Pero lo que legalmente se presenta como compraventa voluntaria suele servirse de la situación de exclusión estructural de campesinos e indígenas: desde quienes tienen que vender por necesidad económica, hasta quienes son víctimas de fraude o de asambleas ejidales apócrifas.
La locura por el “oro de asfalto” ha llevado a depredar terrenos en la periferia de Mérida, generando importantes impactos ambientales como lo es el calentamiento urbano. No sólo se deforestan hectáreas sin temor a intervención de las autoridades municipales y estatales, sino que los desarrollos inmobiliarios se construyen bajo un espíritu fordiano: pocas áreas verdes o ninguna, casas compactas para aumentar su número en el menor terreno posible, sin planificación urbana, sin considerar aspectos de movilidad y descuidando garantías del acceso a servicios, entre muchos otros efectos del gobierno municipal de facto de las inmobiliarias.
Por si fuera poco, los habitantes de la retahíla de nuevos fraccionamientos son, en su mayoría, entes hipotéticos. En muchas zonas se compra para especular y no para habitar. En un estudio del 2011, Landy Sánchez y Clara Salazar señalaron que en Yucatán había 66.919 viviendas deshabitadas en 2005, número que se elevó a 78.097 en 2010. Según la Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda, para el 2013 el número de viviendas deshabitadas en Yucatán era tal que cubriría la demanda de vivienda nueva para los cinco años siguientes. Actualmente, según datos del INEGI, en Mérida al menos el 14% de las casas familiares están desocupadas. A pesar de este escenario, construir más y más casas, así sean para nadie, continúa siendo prioridad.
Si bien no hay posibilidad de saber con certeza si nos encontramos ya en una burbuja inmobiliaria, sí se presentan ciertos síntomas señalados por diversos autores como señales de alarma. Por ejemplo, el aumento desesperado de los precios de la vivienda incluso cuando no responden al precio real. Antes de la crisis más reciente en España, los precios de la vivienda crecían un 8% anualmente. En Yucatán actualmente crecen 9.1%.
Poner sobre la mesa estos tres riesgos es sumamente incómodo por la cantidad de gente participando en la industria inmobiliaria yucateca (el negocio de “hacer ciudad” representa al menos el 8% del PIB local y el 40% del PIB secundario). Pero lo incómodo no quita lo urgente. Lo que para un individuo pudiera parecer una “inversión barata” resulta muy caro en términos socio-ambientales. El llamado “sueño yucateco” genera altos costos sociales y ambientales, amenazando la calidad de vida que tanto promocionan los espectaculares de Mérida.