El SAT frente a la corrupción

¿Las autoridades fiscales están obligadas a combatir la corrupción en el gobierno? La respuesta es que no, pues en principio esa tarea está encomendada a la Auditoría Superior de la Federación y a la Secretaría de la Función Pública.

Sin embargo, lo cierto es que el SAT también debe actuar en esta materia, dado que los funcionarios involucrados en actos de corrupción cometen, al menos, dos delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación, cuya denuncia compete a dicha dependencia. Esos delitos son la defraudación fiscal y el lavado de dinero. Las autoridades lo saben, por lo que su pasividad implica un grado de coparticipación culposa en la desquiciante corrupción que azota al país. Veamos por qué.

En días pasados, Animal Político reveló el complot entre funcionarios del estado de Veracruz y particulares aliados a ellos, para apropiarse en forma indebida de 645 millones de pesos de la Hacienda local. Las maquinaciones fueron elementales, aunque de alta rentabilidad: utilizando prestanombres -personas de bajo perfil socioeconómico- constituyeron 21 empresas fantasma a través de las cuales celebraron contratos manipulados con varias dependencias públicas.

Precisamente por ser fantasma, las empresas no prestaron los servicios ni entregaron los bienes a los que se comprometieron. A lo sumo, se abrieron expedientes en los que se archivaron tres o cuatros papeles que en nada cumplieron con los requisitos legales en materia de contratación pública. El paso siguiente fue natural: las empresas emitieron facturas ‘falsas’, las que se ampararon operaciones inexistentes y que fueron pagadas por las dependencias. Cabe indicar que la expedición y uso de este tipo de facturas es un delito que nada tiene que ver con la defraudación fiscal, pero cuya denuncia corresponde también formularla al SAT.

Lo paradójico es que algunas de las 21 empresas fantasma están identificadas en las listas negras del SAT como emisoras de facturas ‘falsas’. Lo absurdo es que ninguna noticia existe de que las autoridades fiscales hayan actuado en su contra -nada nuevo: es una constante cuando las involucradas son dependencias de gobierno-, lo cual contrasta con la dureza con que se persigue a los contribuyentes que utilizan las mismas facturas. No actuar con idéntico rigor implica privilegiar justificada e ilegalmente a los funcionarios corruptos.

En el mismo caso de Veracruz, la apropiación indebida de 645 millones de pesos se materializó, en una primera etapa, cuando el dinero quedó depositado en las cuentas bancarias de las empresas fantasma, y en un segundo momento, cuando el mismo se repartió entre los involucrados en la alianza delictiva. Es ilusorio pensar que quienes roban de manera descarada e impune a la Hacienda pública paguen impuestos sobre el dinero obtenido. Al no hacerlo, actualizan en su contra el delito de defraudación fiscal, el cual compete denunciarlo al SAT.

Por otra parte, las maquinaciones instrumentadas a través de las 21 empresas fantasma exigió el contubernio no sólo de funcionarios y particulares asociados a ellos, sino también de ejecutivos bancarios y notarios. La tarea común fue el ocultamiento del dinero y su incorporación a la economía formal, en un esquema propio del delito de lavado de dinero -y por derivación de delincuencia organizada-, fiscalizable por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.

Las maniobras fraudulentas utilizadas en Veracruz se replican en otros estados del país, incluso en dependencias federales. El SAT está obligada a actuar en contra de la corrupción pública. Lo que procede, como quedó explicado, es que las autoridades procedan de acuerdo con sus facultades en el ámbito fiscal y de lavado de dinero. Escudarse en que no le incumbe es una excusa precaria. El caso de Veracruz es un buen momento para comenzar.

@LuisPerezdeAcha