Claudia Ramos · 27 de febrero de 2026
La región del Sahel se ha convertido en uno de los territorios más afectados por la interacción entre cambio climático, degradación ambiental, crisis económica y violencia armada en África. En este territorio que funciona como frontera entre el desierto del Sahara y las regiones más húmedas del África subsahariana se desarrollan muchos de los conflictos contemporáneos del continente, sobre todo en países como Níger, Burkina Faso, el norte de Nigeria, Chad o la República Centroafricana, los cuales no pueden entenderse plenamente sin incorporar la dimensión climática como parte del análisis. La desertificación, la escasez de agua y la degradación acelerada de ecosistemas como el Lago Chad no son fenómenos meramente ecológicos, están profundamente entrelazados con dinámicas de inseguridad humana, colapso de economías locales y la expansión de actores armados no estatales, por lo que estos fenómenos aumentan considerablemente el riesgo de brotes de violencia colectiva en lo que se podría considerar como guerras o conflictos climáticos.
Los conflictos climáticos se refieren a aquellos conflictos armados cuyas dinámicas se ven agravadas por los efectos del cambio climático. Pensar en la dimensión climática no implican que el clima sea la causa única de la violencia, sino que fenómenos como sequías prolongadas, desertificación, escasez de agua y comida o eventos climáticos extremos actúan como factores de riesgo en contextos de fragilidad estatal, desigualdad y tensiones previas, exacerbando disputas por recursos y fragmentando el tejido social.
El impacto ambiental de la crisis climática no es un fenómeno abstracto. En la región del Sahel la economía depende en gran medida de la agricultura de subsistencia y la ganadería extensiva, actividades altamente sensibles a la disponibilidad de agua y a la calidad del suelo. Históricamente, pastores trashumantes y agricultores sedentarios desarrollaron mecanismos de coexistencia y acuerdos informales para compartir tierras, agua y rutas de pastoreo. Sin embargo, el incremento sostenido de las temperaturas y la disminución o imprevisibilidad de las precipitaciones han reducido las temporadas de cultivo y degradado millones de hectáreas de tierra fértil. De acuerdo con Naciones Unidas, se estima que un 80 % de las tierras agrícolas de la región presenta algún grado de degradación, lo que limita la producción de alimentos, reduce los ingresos rurales y compromete la seguridad alimentaria, generando condiciones de escasez que actúan como un factor catalizador de los conflictos.
No se trata de atribuir de manera simplista toda la violencia al cambio climático. Los conflictos en el Sahel tienen raíces políticas, históricas y socioeconómicas profundas, incluyendo marginalización estatal, corrupción, desigualdad y fracturas étnicas producto del colonialismo, entre otras. Sin embargo, la desertificación y las sequías recurrentes actúan como multiplicadores de tensiones preexistentes, intensificando la competencia por recursos cada vez más escasos y profundizando la precariedad de una población ya tensionada. En contextos donde el Estado ya es débil o está ausente, estas presiones ambientales erosionan aún más la cohesión social.
La desertificación es el proceso mediante el cual tierras fértiles se transforman en suelos áridos por efecto de sequías, sobreexplotación, deforestación y variabilidad climática, reduce drásticamente la disponibilidad de agua y pastizales. Cuando los campos dejan de producir lo suficiente y el ganado pierde acceso a zonas de pastoreo, las comunidades deben desplazarse o buscar nuevas tierras. Este movimiento, que históricamente era parte de una dinámica tradicional de trashumancia, se vuelve más conflictivo cuando los espacios disponibles son cada vez menores, por lo que cada vez es más común que estas comunidades entren en conflicto.
En este contexto, los acuerdos tradicionales entre agricultores y pastores comienzan a fracturarse. La reducción de tierras cultivables y de rutas seguras de pastoreo genera fricciones constantes que en ocasiones ya han escalado en enfrentamientos armados locales. Las disputas se convierten en manifestaciones de violencia intercomunitaria persistente, especialmente en zonas donde la autoridad estatal no logra arbitrar las tensiones locales ni garantizar derechos de acceso equitativo a los recursos, o que inclusive busca favorecer abiertamente a las comunidades agricultoras y marginar a las comunidades pastoras.
Uno de los ejemplos más emblemáticos de esta interacción entre crisis climática y desestabilización es la cuenca del Lago Chad. Este lago sostuvo constantemente durante décadas más de 50 millones de personas dedicadas a la pesca, la agricultura y el comercio regional. Desde la década de 1960 ha experimentado una reducción dramática de su superficie, perdiendo más del noventa por ciento de su extensión en ciertos periodos como resultado de sequías prolongadas, aumento de temperaturas y uso intensivo del agua para irrigación.
La contracción del lago transformó profundamente la economía local. Comunidades que antes dependían de la pesca vieron desaparecer su fuente de ingreso; agricultores perdieron acceso a tierras fértiles estacionales; comerciantes quedaron sin rutas fluviales que conectaran mercados. Este colapso económico no solo incrementó la pobreza, sino que debilitó las redes sociales y comerciales que articulaban la vida en la región. Además, la variabilidad climática extrema ha introducido un elemento adicional de incertidumbre. Alternancias entre sequías severas e inundaciones repentinas que alteran los ciclos agrícolas y ganaderos. Las comunidades ya no pueden prever con certeza cuándo sembrar, cuándo cosechar o hacia dónde mover el ganado, lo que aumenta la vulnerabilidad económica de estas comunidades. La fragilidad económica resultante crea un terreno fértil para la expansión de grupos armados en la región. Organizaciones insurgentes, grupos yihadistas y milicias locales aprovechan la frustración y el abandono percibido para presentarse como alternativas de protección, empleo o acceso a recursos. En algunos casos ofrecen pagos, redistribuyen bienes saqueados o controlan zonas de cultivo y pesca, estableciendo sistemas paralelos de gobernanza.
Así, la crisis climática no opera como una causa única de la violencia, sino como un factor estructural que profundiza vulnerabilidades existentes. Al erosionar los medios de subsistencia, debilitar los mecanismos tradicionales de resolución de conflictos y amplificar la competencia por recursos, contribuye a un entorno donde la violencia se vuelve más probable y más persistente. El resultado es un círculo vicioso en el que degradación ambiental, fragilidad estatal y expansión armada se refuerzan mutuamente.
En este sentido, el vínculo entre degradación ambiental y violencia adquiere una dimensión más clara cuando se observa cómo las presiones climáticas interactúan con contextos nacionales específicos. La desertificación y la contracción del Lago Chad no solo generan escasez material, sino que reconfiguran equilibrios locales de poder, alteran dinámicas comunitarias y profundizan la fragilidad institucional. Es precisamente en esa intersección entre crisis ecológica, debilidad estatal y competencia por recursos donde se insertan y expanden las insurgencias que hoy definen el panorama de seguridad en países como Níger, Burkina Faso, Malí, Nigeria, Chad o la República Centroafricana.
Los casos de Níger, Burkina Faso y Malí evidencian que el deterioro de la seguridad en el Sahel responde a la convergencia entre insurgencias yihadistas, fragilidad institucional y presiones climáticas persistentes. Desde mediados de la década de 2010, grupos jiyadistas como Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin (JNIM) y el Estado Islámico en el Sahel (IS-Sahel) han expandido su presencia en zonas rurales donde la capacidad estatal es limitada. Aunque la desertificación y las disputas por tierras no explican por sí solas esta expansión, sí han debilitado estructuras comunitarias y erosionado la legitimidad estatal, facilitando la penetración insurgente.
En Níger lo podemos ver especialmente en la región de Tillabéri y en la cuenca del Lago Chad. El aumento de ataques coincide con el desplazamiento de comunidades afectadas por la degradación ambiental y la pérdida de medios de subsistencia. En estos contextos, actores armados han consolidado sistemas paralelos de gobernanza, disputando la autoridad estatal y depredando a las poblaciones locales, como ocurre con facciones vinculadas a Boko Haram y al Estado Islámico en África Occidental.
En Burkina Faso, la caída de la productividad agrícola y el agravamiento de la pobreza rural han intensificado la competencia por tierras y pastizales, reactivando tensiones intercomunitarias que los grupos extremistas explotan al presentarse como protectores o árbitros armados. Esto ha fracturado progresivamente el tejido social y erosionado relaciones étnicas históricas por un ciclo persistente de violencia.
En Malí, particularmente en el centro y norte del país, la degradación ambiental y los conflictos entre comunidades agrícolas y pastoriles han creado vacíos de autoridad donde organizaciones yihadistas no solo combaten, sino que sustituyen funciones estatales, imponen normas y controlan recursos. Esto a la par de que depredan a las comunidades y limitan las fuentes de alimento. Estos grupos consolidan su control territorial manipulando los medios de subsistencia de la población, pues emplean la violencia para impedir que los agricultores siembren o cosechen sus tierras y atacan con regularidad a pescadores en el río Níger para hacer inviable su actividad. De este modo, instrumentalizan el hambre y el desempleo como mecanismos de coerción y reclutamiento, explotando la precariedad económica para ampliar su control sobre la población, hasta el punto de decidir quién tiene acceso a alimentos y medios de subsistencia y quién no.
Nigeria, por su parte, representa uno de los escenarios más complejos de esta interacción entre clima y violencia. En el norte y noreste, Boko Haram y su escisión mantienen una insurgencia prolongada que combina elementos ideológicos con factores socioeconómicos. La desertificación progresiva y la presión sobre tierras cultivables no solo han desplazado a medio millón de personas, también han intensificado los enfrentamientos entre pastores y agricultores en el “Middle Belt”, mientras que el desempleo juvenil y la ausencia estatal en ciertas áreas han facilitado el reclutamiento de civiles por parte de grupos insurgentes.
En Chad, la inestabilidad se entrelaza con la crisis en la cuenca del Lago homónimo, donde la degradación ambiental ha afectado la pesca y la agricultura, reduciendo ingresos y provocando brotes de violencia entre comunidades. La geografía fragmentada del lago ofrece ventajas tácticas a grupos criminales, insurgencias transfronterizas, y particularmende de grupos yihadistas afines a Boko Haram que además establecen mediante el ejercicio de la violencia sistemas de tributación informal y control comercial en zonas periféricas. Por su parte, la República Centroafricana enfrenta un conflicto que, aunque con una trayectoria distinta, comparte la combinación de debilidad institucional y disputas por recursos entre pastores y agricultores, lo que perpetúa ciclos de violencia en un contexto de Estado frágil y de precarización.
En estos casos vemos como la crisis climática en el Sahel y en la cuenca del Lago Chad no es un fenómeno aislado, sino la manifestación de conflictos climáticos en los que converge el cambio climático con altos índices de precariedad, inseguridad alimentaria, debilidades históricas del Estado, desigualdades sociales y conflictos comunitarios. La desertificación, la degradación de suelos y la reducción de fuentes de agua y alimento han erosionado los medios de subsistencia de millones de personas, intensificando la competencia por tierras y pastizales, agravando la inseguridad alimentaria y provocando el desplazamiento de millones de personas. Estas presiones ambientales, en contextos de instituciones frágiles, fracturan el tejido social y abren espacios donde la autoridad estatal pierde legitimidad. En ese vacío, los grupos armados encuentran oportunidades para depredar comunidades y expandirse, presentándose como proveedores de protección, recursos o empleo en comunidades empobrecidas. Así, la violencia en países como Níger, Burkina Faso, Malí, Nigeria, Chad o la República Centroafricana no puede explicarse únicamente por la crisis climatica, pero tampoco puede entenderse sin ella.