Alejandro Martí · 5 de abril de 2011
Con vergüenza fuimos testigos del regaño que le propinó el Comité de los Derechos de los Trabajadores Migrantes de la ONU al Estado mexicano y es que, en este siniestro negocio, los tres órdenes de gobierno y los tres poderes de la Unión han dejado mucho qué desear para frenar la trata de personas y el maltrato a los migrantes.
¿Con qué cara exigimos respeto a nuestros vecinos del norte para nuestros connacionales, cuando somos incapaces de garantizar el respeto de los más elementales derechos a quienes se aventuran a atravesar por nuestro país?
El informe del relator especial encargado de elaborar el dictamen para México es contundente: el país ha sido incapaz de perseguir y procesar a los responsables de la trata de personas y de lidiar efectivamente con el negocio de la inmigración.
Además de alertar sobre el creciente interés de las bandas del crimen organizado en la captación –voluntaria o mediante el uso de la fuerza- de la mano de obra de los migrantes, a quienes reclutan como narcomenudistas o sicarios, el Comité de la ONU lamentó que el gobierno no haya hecho prácticamente nada por detener y procesar a quienes lucran con la trata de personas.
La ONU advierte sobre la imperdonable participación de funcionarios estatales y municipales en este delito. La corrupción a todos los niveles es quizá el cáncer más peligroso que enfrenta el país. Este flagelo “dinamita” los escasos avances que ha logrado el gobierno en este tema.
Los criminales han abusado del desamparo en que quedan quienes han abandonado patria y familia para buscar una vida mejor, y aprovechan la clandestinidad a que los obliga su tránsito para robarlos, secuestrarlos y asesinarlos.
Quizá el episodio más desgarrador que se ha hecho público fue la masacre de más de 70 indocumentados en San Fernando, Tamaulipas, en agosto del año pasado. Un acto de una crueldad inusitada que, sin embargo, ayudó para que la opinión pública pusiera atención a la problemática de los migrantes que se aventuran a cruzar por México.
Y es que la masacre de San Fernando es sólo un botón de muestra de los miles de secuestros, extorsiones y asesinatos de migrantes que se dan todos los días en territorio nacional y que, de acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, podrían superar los 11 mil plagios al año.
Urge una mayor coordinación de las autoridades de todos los niveles para frenar este lucrativo ilícito que muestra la diversificación delincuencial que han alcanzado los cárteles.
Urge una mayor vigilancia de los medios y una mayor participación de la sociedad civil organizada para promover la denuncia ante estos hechos.
Pero, sobre todo, urge fomentar la solidaridad con quienes por circunstancias adversas se ven obligados a migrar a otros países en las condiciones más peligrosas e inhumanas.
México no sólo enfrenta una aguda problemática de seguridad pública, sino sobre todo padece una crisis de valores. Ahí es donde se tiene que dar la mayor batalla.
En la educación y el fomento de los valores humanos como la solidaridad, la fraternidad, la libertad y el respeto está la solución de fondo de la tragedia que hoy nos envuelve.