El racismo en la política de vivienda
blogeditor · 26 de octubre de 2020
La semana pasada se hicieron virales unas fotografías compartidas por el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, en las cuales se entregaba una de las denominadas “acciones de vivienda” en la comisaría de Xalaú. La cuestionable apariencia de la construcción causó indignación en las redes sociales: un cubo blanco, con una sola ventana y sin acabados interiores. Pero de este botón de muestra de la política de vivienda del Estado mexicano preocupan también los detalles que no pueden ser captados por las cámaras.
Inicio con una necesaria aclaración preliminar: lo que vemos en la publicación de Vila Dosal no es realmente una casa como tal, ni pretende serlo. A diferencia de las viviendas occidentales no-indígenas, compuestas por una construcción única que integra los espacios, la vivienda maya se integra a través de un terreno que alberga distintos módulos separados –como pretende serlo el cubo de las controversiales fotos-. Cada choza ovalada tiene una función particular como, por ejemplo, resguardar el fogón para los alimentos. Otras son usadas para recibir visitas durante el día y a la hora de dormir son acomodadas para el vuelo de las hamacas. Si bien su diseño no ha sido estático –tal y como señalan autores como Dámaso Rivas Gutiérrez (2012)-, la vivienda maya es un presente prehispánico que ha sobrevivido el paso de siglos, huracanes, la colonización, guerras sociales en Yucatán, la revolución industrial y las migraciones a la ciudad.
La choza maya, al igual que otras formas de vivienda vernácula en México, se enfrentan a una afianzada narrativa que confunde sus elementos identitarios con síntomas de la pobreza. Si para dejar de ser pobre hay que “dejar de ser indígena”, como sostiene el imaginario del desarrollo, para poder habitar en una vivienda adecuada habría que “dejar de vivir como mayas, huicholes, nahuas y tutunakus”.
A pesar de que la Ley de Vivienda, el Programa Nacional de Vivienda 2019-2024 y las Reglas de Operación del Programa de Vivienda Social 2020 reconocen que el derecho a la vivienda implica que ésta debe ser culturalmente adecuada, se continúan implementando “acciones de vivienda” con modelos y materiales prestablecidos, sin incluir a las personas beneficiarias en las decisiones. Así ocurrió durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, cuando uno de los requisitos para acceder a programas como los subsidios para la autoconstrucción era no utilizar materiales listados como “no dignos”, entre los cuales se incluían muchos de los necesarios para la construcción de viviendas indígenas. El racismo es escurridizo en las acciones aparentemente neutrales. Incluso en las bien intencionadas.
Sí, las imágenes compartidas eran un módulo, no una casa. Pero tampoco era una vivienda adecuada, de conformidad con el artículo 4 constitucional. No solo persisten las dudas en cuanto a sus dimensiones y falta de ventilación, sino que reproduce un proceso que silenciosamente pone a la población indígena en una disyuntiva asimilacionista: o renuncian a sus viviendas tradicionales para acceder a los programas de vivienda con tal de atender sus condiciones de rezago, o conservan su identidad habitacional pero sin capacidad de atender su situación de precariedad. Las autoridades no suelen advertir este conflicto por el velo que genera la creencia de que la vivienda pobre y la vivienda indígena son una misma entidad. Sufrimos de una incapacidad para pensar nuevos futuros en los cuales la identidad y el combate a la pobreza vayan de la mano.
