blogeditor · 4 de junio de 2021
El pasado 17 de mayo se llevó a cabo la jornada electoral para personas en prisión preventiva. Derivado de una sentencia de 2018 donde la sala Superior del Tribunal Electoral encontró responsable al Estado mexicano de no contar con los mecanismos necesarios para que las personas privadas de libertad en prisión preventiva tuvieran derecho a sufragio; dicha jornada electoral se llevó a cabo a forma de prueba piloto en solo 5 de los más de 280 centros penitenciarios que hay en el país mediante una modalidad de voto anticipado.
En enero de 2021 el Instituto Nacional Electoral emitió el Modelo de Operación de la Prueba Piloto del Voto de Personas en Prisión Preventiva. Dentro de este, se había estimado que 2 mil 699 de las más de 90 mil personas que se encuentran en prisión preventiva serían seleccionadas para participar en esta jornada electoral. No obstante, en la implementación del modelo solo se consideraron 949 personas, 148 mujeres y 801 hombres, pertenecientes a centros penitenciarios federales de Sonora, Guanajuato, Chiapas, Morelos y Michoacán.
Un punto rescatable del modelo implementado es que existieron distintos protocolos de operación que mantienen la seguridad del voto a través de sobres con sellos de protección. Sin embargo, del otro lado encontramos que solo el 1% de la población en prisión preventiva podía emitir su voto. Esto como consecuencia de las limitantes que —por naturaleza—, caracterizan a esta población en situación de vulnerabilidad, como lo son las dificultades para la integración de la lista nominal y la logística para llevar a cabo la jornada electoral.
A pesar de los obstáculos en la implementación y de la disminución de votantes elegibles, la realización del derecho al voto para las personas en prisión preventiva es un momento histórico en el avance del reconocimiento de los derechos humanos de las personas privadas de libertad. Este parteaguas promueve la reinserción social de la población, especialmente con respecto a la visibilización y el posible desarrollo de políticas públicas para su beneficio.
Por otro lado, es necesario subrayar un aspecto especialmente opaco de esta prueba piloto en cuanto a la participación de los partidos políticos y la información proporcionada a las personas antes de la votación: el reporte del INE no brinda información adecuada ni desagregada sobre la participación de las y los candidatos y partidos políticos en la campaña dentro de centros penitenciarios. Es visible a través de este que existe una grave falta de información sobre la difusión de las plataformas políticas, lo cual es una parte clave para asegurar de antemano la emisión de un voto informado.
Teniendo en mente la futura participación promedio de las más de 90 mil personas en prisión preventiva, es sumamente importante cuantificar, analizar e informar los resultados de la prueba piloto para mejorar el sistema, expandir acceso a información y crear nuevos indicadores para comprender con mayor precisión la ejecución e impacto del voto de las que podrán ejercerlo desde prisión. Con la esperanza de entablar dialogo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y su eventual participación en la implementación de las futuras jornadas electorales, ASILEGAL insiste en analizar con una vista integral y crítica el contexto de privación de libertad y su rol en los resultados en esta prueba histórica. Es por ello que consideramos ponderante el desarrollo de indicadores que deriven en cambios tangibles, positivos y progresivos en favor de los derechos humanos fundamentales de cada persona y que garanticen el respeto a la dignidad de quienes se encuentran en conflicto con la ley penal.
Entendemos en amplitud el reto que implica replicar el protocolo en los cerca de 288 centros penitenciarios en el territorio nacional (sin mencionar centros locales). Es por ello que ASILEGAL monitoreará de forma cercana los resultados de la implementación de la prueba piloto, invitando a los órganos electorales y de protección a los derechos humanos a trabajar de forma colaborativa para que las futuras jornadas se garantice la transparencia y el acceso equitativo a la información.
* José Luis Gutiérrez es Director de @AsilegalMx.