Presupuesto público para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil

“Este taller en el que trabajamos es pequeño y a veces nos da mucho calor. Tenemos que llegar desde las 9 de la mañana y hasta que acabamos con las cantidades que nos piden nos podemos ir. El jefe si nos paga, pero menos que a los más grandes”. 1 

 

En México el trabajo infantil es una realidad para más de 3.3 millones de niñas, niños y adolescentes, 2 quienes injustamente se ven obligados a dejar su niñez de lado para tomar un papel de persona adulta.

Para que ellas y ellos tengan el presente que merecen, así como un mejor futuro, el Estado mexicano debe llevar a cabo un plan y acciones concretas para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil que cuenten con recursos públicos suficientes y permitan atender sus causas estructurales.

En el marco de las discusiones que se están dando en la Cámara de Diputados para aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, es importante reflexionar sobre cómo el presupuesto público puede ser una herramienta para prevenir, atender y erradicar el trabajo infantil.

Por un lado, su relevancia radica en que es el combustible para echar a andar la maquinaria gubernamental (políticas públicas, programas y acciones) y atender todos los casos de trabajo infantil que se detectan, pero principalmente para combatir las causas estructurales que lo generan (pobreza, falta de empleos dignos, falta de acceso y continuidad de los servicios educativos, ausencia de servicios de cuidado, entre otras), a fin de evitar que las niñas, niños y adolescentes se desenvuelvan en contextos que los obliguen a incorporarse a una actividad productiva de forma prematura, con los riesgos que esto conlleva para su sano desarrollo.

Los recursos permiten, entre otras cosas, contratar a un mayor número de personas inspectoras laborales y contar con los insumos indispensables para que realicen sus funciones. El papel de las y los inspectores laborales en materia de trabajo infantil es clave, ya que son quienes se encargan de vigilar el cumplimiento de la normatividad laboral dentro de los centros de trabajo, es decir, que no haya personas menores de 15 años trabajando, y que las y los adolescentes de 15 a 17 años que ya laboran, lo hagan en las actividades y condiciones permitidas por la ley.

Actualmente, la Secretaría de Trabajo y Previsión Social debe supervisar a más de 4 millones de empresas 3; sin embargo, el número de personas inspectoras laborales ha disminuido constantemente a lo largo de los años, pasando de 805 en 2015 a 468 en 2020, es decir, la dependencia cuenta con menos de 500 personas inspectoras laborales 4 para cubrir todo el territorio nacional. En este sentido, el presupuesto 2022 representa una oportunidad de incrementar los recursos destinados a la inspección para aumentar el número de personas inspectoras laborales.

Asimismo, un presupuesto público más grueso también facilitaría que la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida (CITI) cuente con más personal, elemento necesario para operar, construir e implementar una Política Nacional contra el Trabajo Infantil, en el entendido de que esta es la encargada de generar las políticas públicas que  prevengan y erradiquen el trabajo infantil. Desafortunadamente, la actual política de austeridad ha limitado su capacidad operativa al reducir considerablemente su estructura y personal.

Cabe señalar que el presupuesto público permite al gobierno crear y operar programas sociales que realicen transferencias de recursos a las niñas, niños y sus familias, con el propósito de que cuenten con ingresos suficientes para continuar con sus estudios y eviten que se vean en la necesidad de incorporarse a un trabajo para apoyar con los gastos familiares.

Además, posibilita que niñas, niños y adolescentes se beneficien de la protección social -por ejemplo, servicios de salud y medicamentos-, evitando que los gastos derivados de una enfermedad o algún suceso que afecte su salud o la de sus familiares los lleve a realizar trabajo infantil. También, les permite contar con un ingreso (pensiones) en caso de que la persona que funja como sostén económico del hogar se vea imposibilitada para aportarlo.

Asimismo, facilita la construcción, operación y mantenimiento de las instancias encargadas de brindar servicios de cuidado para niñas y niños mientras sus padres o madres trabajan y en las cuales se fomenta su aprendizaje a través del juego y se ofrecen servicios de alimentos; estos servicios de cuidado son muy valiosos porque disminuyen de forma importante la posibilidad de que las niñas y niños acompañen a sus madres o padres a sus centros de trabajo, reduciendo significativamente su riesgo de integrarse a una actividad productiva como forma de ocupar su tiempo libre o por considerarla algo común para alguien de su edad.

Por último, es fundamental resaltar que el presupuesto público permite que el Estado cumpla con su papel de garante del derecho a la educación de niñas, niños y adolescentes  a través de crear y mantener, en condiciones óptimas, la infraestructura educativa; contratar personal docente y capacitarlo permanentemente; lograr que los planteles cuenten con servicios de alimentación y/o jornada completa; y otorgar apoyos o estímulos económicos para que las niñas, niños y adolescentes continúen y concluyan sus ciclos educativos.

Existe una gran oportunidad para que en el Presupuesto de Egresos 2022 los recursos públicos se destinen a acciones que ayuden a combatir las causas estructurales del trabajo infantil y, con ello, la de muchas otras formas de violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. Aquí yace la importancia de generar políticas públicas integrales que vean el problema como una parte más del rompecabezas, a fin de contar con una visión integral que permita mejorar su calidad de vida en todos los ámbitos y, por consiguiente, la de sus familias y comunidades.

Las niñas, niños y adolescentes víctimas de trabajo infantil están ahí, a la espera de que las autoridades tomen cartas en el asunto y hagan aquello que la ley le mandata.

Las y los diputados de la LXV Legislatura tienen el poder de destinar a estas acciones los recursos necesarios para que las instituciones operen al 100% e incluso que amplíen el número de beneficiados. Para lograrlo, será importante conocer y entender los contextos que aquí se comparten, porque muestran las realidades y necesidades que únicamente requieren de la voluntad política para canalizar los recursos necesarios que permitan salvaguardar la vida e integridad de más niñas, niños y adolescentes a fin de brindarles un mejor presente y futuro.

Hoy, el futuro de miles de niñas y niños se encuentra en manos de los diputados.

* Save the Children (@SaveChildrenMx) es la organización independiente líder en la promoción y defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Trabaja en más de 120 países atendiendo situaciones de emergencia y programas de desarrollo. Ayuda a los niños y niñas a lograr una infancia saludable y segura. En México, trabaja desde 1973 con programas de salud y nutrición, educación, protección infantil y defensa de los derechos de la niñez y adolescencia, en el marco de la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas. Visita nuestra página y nuestras redes sociales: Facebook: @SavetheChildrenMexico Twitter: @SaveChildrenMx Instagram: @savethechildren_mx.

 

 

 

1 Save the Children, Exposición Niñez Libre de Trabajo.

2 Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), Encuesta Nacional sobre Trabajo Infantil (ENTI), Principales resultados 2019, p. 6.

3 Gobierno de México, INEGI presenta resultados de la Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las MIPYMES (ENAPROCE) 2018.

4 Oficio número 510/DPSRLDH/1016/2020, firmado por Ulises Hernández Colín, director de Prestaciones Sociales, Relaciones Laborales y Desarrollo Humano de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.